Fiscalía acusó formalmente a Bonilla y Velasco por presunto direccionamiento de contratos

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de contratos públicos a favor de congresistas.

Según el ente acusador, ambos exfuncionarios habrían cometido los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en un caso relacionado con la asignación de proyectos en el Instituto Nacional de Vías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

La investigación señaló que los exministros habrían convocado reuniones, impartido instrucciones y realizado seguimiento a distintos procesos contractuales con el objetivo de beneficiar a determinados congresistas. A cambio, se buscaba garantizar su respaldo a iniciativas del Gobierno en el Senado y la Cámara de Representantes.

De acuerdo con los elementos recopilados, entre junio y septiembre de 2023 se habría intervenido en 78 contratos, de los cuales 73 eran de Invías y 5 pertenecían a la UNGRD, por un valor total de $612.000 millones de pesos. De ese grupo, siete contratos llegaron a concretarse.

En una segunda fase, entre septiembre y diciembre de 2023, los exfuncionarios habrían intentado incidir en tres procesos contractuales adicionales en la UNGRD relacionados con atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar. Aunque estos contratos no se firmaron, la Fiscalía indicó que congresistas presuntamente beneficiados respaldaron decisiones de endeudamiento del Gobierno.

El ente investigador, les atribuyó además el haber mediado de forma irregular entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 para favorecer la adjudicación de un contrato en Sahagún ubicado en Córdoba, y valorado en $35.000 millones de pesos, a personas cercanas a un congresista. Este proceso tampoco se materializó.

La acusación normal por parte de la Fiscalía, se dio justo depsués de que se suspendiera la audiencia de acusación contra exministros por este caso, ese día, la Fiscalía General de la Nación había iniciado formalmente la acusación contra los exfuncionarios, quienes fueron llamados a juicio por su presunta participación en delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

De acuerdo con la investigación, ambos habrían hecho parte de una estructura destinada a obtener apoyos en el Congreso mediante el ofrecimiento de contratos y pagos ilícitos, con el objetivo de facilitar la aprobación de proyectos clave del Gobierno.

Durante la diligencia, la Sala Especial de Primera Instancia evaluó solicitudes relacionadas con el reconocimiento de víctimas dentro del proceso, finalmente, se aceptó como tales a la UNGRD, el Instituto Nacional de Vías y la Contraloría General de la República, al considerar que estas entidades habrían sido afectadas por el uso indebido de recursos y por su presunta instrumentalización para fines políticos.

Según lo expuesto en la audiencia, los contratos de entidades como Invías habrían sido direccionados sin criterios técnicos, en un esquema que buscaba intercambiar beneficios por apoyo legislativo. Esto, a juicio de la Sala, pudo generar perjuicios tanto económicos como reputacionales para las instituciones involucradas.

Pero, las defensas de Bonilla y Velasco se opusieron a ese reconocimiento, argumentando falta de claridad en los hechos y ausencia de pruebas suficientes para sustentar la condición de víctimas de dichas entidades.

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