Finaliza la vacancia judicial: altas cortes retoman procesos clave y algunos dudan de su transparencia
Este 10 de enero de 2023 ha finalizado la vacancia judicial por lo que las altas cortes de Colombia se están reincorporando a la actividad retomando los casos que vienen trabajando desde 2022 y que no finalizaron. A su vez, iniciarán los procesos que siguen en archivo esperando el inicio de su respe
Este 10 de enero de 2023 ha finalizado la vacancia judicial por lo que las altas cortes de Colombia se están reincorporando a la actividad retomando los casos que vienen trabajando desde 2022 y que no finalizaron. A su vez, iniciarán los procesos que siguen en archivo esperando el inicio de su respectivo trámite.
Entre los temas de mayor interés están la demanda a la reforma tributaria y la denominada Ley de Paz, que logró aprobar el Gobierno comunista de Gustavo Petro. Esto hace que algunos juristas como José Abuchaibe se cuestionen sobre la transparencia en el ejercicio de sus funciones que tendrán los jueces durante este 2023 y advierte un riesgo de presunta corrupción al interior de las altas cortes.
«Mañana finaliza la vacancia judicial y con ello las altas cortes se reincorporan a la actividad retomando los casos en que vienen trabajando desde el año anterior. Esperemos pronunciamientos coherentes con nuestra legislación. ¿Habrá corrupción en altas cortes? Muchas dudas», cuestionó Abuchaibe.
Otra de las tareas pendientes en la Corte Constitucional es el fallo sobre la demanda a la Ley 2094 de 2021, normatividad que impulsó la procuradora Margarita Cabello para adecuar las facultades de la entidad a su cargo.
Este caso en particular tiene el término suspendido en la Corte por las demoras que se presentaron debido a que la Procuraduría no ha entregado el concepto que le corresponde en la demanda de inconstitucionalidad, ya que la procuradora Margarita Cabello y el viceprocurador alegaron impedimentos para pronunciarse al respecto.
Otro pendiente en la Corte Constitucional es el fallo de una demanda de interés para los usuarios de internet en el país, ya que ataca la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) que estableció que los prestadores del servicio podrían realizar ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de usuarios según sus perfiles de uso y consumo.
Para los demandantes el aparte del artículo cuestionado vulnera la libertad de expresión, el pluralismo informativo, el derecho a la intimidad y el habeas data de los usuarios de internet. Esto lo tendrá que resolver la Corte durante este 2023.
Pero una de las leyes más demandadas y que tiene a la palestra con los ojos encima de la Corte Constitucional es la 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz y que reformó la Ley 418 o de orden público, con la que el Gobierno Nacional se abrió las puertas para poder dialogar con los grupos armados al margen de la ley, incluyendo los dedicados al narcotráfico.
La demanda buscaría tumbar el artículo que indica que el Gobierno podrá designar jóvenes como voceros de paz para trabajar frente a la conflictividad social en diferentes regiones del país. Para muchos, lo malo de esto es que, en la práctica, Gustavo Petro lo ha aplicado para liberar a los miembros de la Primera Línea que están en la cárcel por diversos delitos cometidos durante el estallido social de 2021.
Ante el Consejo de Estado también se han presentado diferentes demandas contra nombramientos que ha realizado el gobierno comunista de Gustavo Petro. En este caso, algunas han sido admitidas y otras inadmitidas, como la que se radicó contra la designación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Una de las acciones admitidas por el Consejo de Estado es la demanda contra la designación que hizo Gustavo Petro de Danilo Rueda como alto comisionado para la Paz. Pero la alta corte también tiene pendiente el pronunciamiento frente a la demanda que cursa por la elección que hizo el Congreso de Álvaro Hernán Prada como magistrado del Consejo Nacional Electoral.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente la promulgación de un fallo en la investigación que cursa sobre el magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, al decidir mantener la competencia no obstante que éste renunció al anterior Congreso.
En la Corte Suprema también está pendiente una investigación que cursa contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por presuntas irregularidades en un contrato para las obras de pavimentación y mantenimiento de un sector de la Troncal La Paz, entre 2004 y 2007, cuando fue gobernador por primera vez.
Son muchas las tareas pendientes con las que las altas cortes colombianas inician este 2023 y probablemente a estas se les sumarán otras nuevas que irán llegando a medida que avanzan los días de este año con calendario electoral.
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