Cinco exintegrantes del extinto Bloque Caribe de las Farc-EP comparecieron ante la JEP y aceptaron su responsabilidad en la implementación de la política de secuestros en la región Caribe, que se extendió por territorios como La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar y la ciudad de Barranquilla.

Los comparecientes reconocieron su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.

Además, admitieron responsabilidad por hechos ocurridos durante el cautiverio, como desapariciones forzadas, homicidios, torturas, tratos crueles y degradantes, así como desplazamientos forzados de población civil.

De acuerdo con la investigación de la JEP, estos hechos hicieron parte de una política sistemática del Bloque Caribe de las Farc-EP, que tuvo tres objetivos principales: la financiación de la estructura armada, el control social y territorial en diferentes zonas del Caribe, y la presión al Estado para lograr intercambios de personas secuestradas por guerrilleros presos.

La audiencia se desarrolló en dos jornadas: una en el Museo de Arte y Memoria de Mampuján en María La Baja y otra en la Universidad Nacional, sede La Paz en Cesar. El proceso estuvo presidido por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll y contó con la participación de otras magistraturas de la JEP, además de la intervención de víctimas del conflicto armado.

Durante el espacio judicial, las víctimas cuestionaron a los exmandos por los secuestros y por las graves afectaciones sufridas durante el cautiverio. En sus intervenciones, los comparecientes reconocieron su responsabilidad y admitieron que no ejercieron control suficiente sobre el trato que sus subalternos dieron a las personas secuestradas.

La JEP documentó que el Bloque Caribe ejecutó la política de secuestro de manera organizada, con 463 casos individuales y colectivos identificados, bajo patrones como la financiación del conflicto armado, el control territorial y el uso del secuestro como mecanismo de presión política.

En la audiencia también se escucharon relatos de víctimas que describieron el impacto del secuestro en sus vidas familiares, económicas y emocionales. Algunas personas exigieron verdad sobre el paradero de familiares desaparecidos, mientras otras insistieron en la necesidad de evitar la repetición de estos hechos.

Algunos comparecientes expresaron su compromiso de aportar información para la búsqueda de personas desaparecidas y reconocieron el daño causado, tanto a las víctimas directas como a sus familias, la JEP, por su parte, destacó la importancia de estos espacios como parte del proceso de esclarecimiento de la verdad y de reparación.

Al cierre de la diligencia, se informó que las víctimas tendrán 15 días para presentar observaciones a los reconocimientos hechos por los comparecientes. Posteriormente, estos podrán proponer proyectos de sanciones restaurativas orientados a contribuir a la reparación de las víctimas.

La Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará los aportes realizados por los exmandos del Bloque Caribe, y si cumplen con los requisitos establecidos, el caso será trasladado a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz, que definirá las sanciones dentro del modelo de justicia transicional restaurativa.

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