El Gobierno anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, según se mencionó, la iniciativa será presentada durante la instalación del nuevo periodo legislativo y será liderada de manera conjunta por los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente.

Según lo informado, la propuesta tendrá como objetivo fortalecer la protección de los recursos hídricos, la vida y los ecosistemas del país, en línea con la política de transición energética impulsada por la administración nacional.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la transición energética debía traducirse en beneficios concretos para las comunidades. El funcionario afirmó que los proyectos desarrollados demostraron que la democratización de la energía llegó a territorios históricamente excluidos, mediante el acceso a fuentes limpias, la reducción de brechas sociales y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la construcción de un sistema energético más sostenible.

Durante el anuncio, el Ministerio de Minas y Energía presentó un balance de la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, considerada una de las principales apuestas del Gobierno para ampliar el acceso a la energía en zonas con mayores dificultades de cobertura.

De acuerdo con la cartera, esta estrategia estuvo dirigida especialmente a las Zonas No Interconectadas, los territorios dispersos y las poblaciones vulnerables, con el propósito de mejorar la calidad, disponibilidad y asequibilidad del servicio de energía.

El Ministerio explicó además que el modelo implementado integró la planeación territorial, la identificación de beneficiarios, los mecanismos de financiación, la ejecución de los proyectos y su sostenibilidad.

Asimismo, señaló que este esquema fortaleció la gobernanza local, promovió la participación de las comunidades en la gestión de la infraestructura energética y permitió ampliar este tipo de soluciones en diferentes regiones del país, En el informe presentado por la entidad se indicó que, a la fecha, se habían implementado 848 comunidades energéticas en Colombia.

Según las cifras oficiales, estas iniciativas beneficiaron a 567.558 personas, atendieron a 42.200 usuarios y alcanzaron una capacidad instalada de 29,68 megavatios pico (MWp). Además, representaron una inversión superior a los 382.913 millones de pesos.

El ministro Palma también informó que la cartera adelantó el proceso de empalme institucional con el fin de poner a disposición de la ciudadanía la información relacionada con los avances, resultados y proyectos estratégicos del sector minero-energético.

El funcionario señaló que, pese a la decisión de la administración entrante de no continuar con los espacios de articulación institucional, el Ministerio mantuvo abiertos los canales de información para garantizar que la ciudadanía conociera el estado de la gestión y los principales retos que deberá afrontar el sector en los próximos años.

Finalmente, el Gobierno sostuvo que la estrategia de Comunidades Energéticas se consolidó como un modelo de transformación territorial basado en la generación de energía mediante fuentes limpias, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.

Se destacaron proyectos desarrollados en municipios como Becerril y Curumaní que hicieron parte de esta política, orientada a fortalecer la seguridad energética nacional y promover un modelo de transición energética con impactos sociales, ambientales y económicos.

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