Drones sin seguros ni entregables: Contraloría llamó a responder a exfuncionarios del Dapre y la FAC

La Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal que involucra a una docena de altos funcionarios del actual y anterior Gobierno por posibles irregularidades en un convenio interadministrativo firmado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Fondo Paz y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Durante una auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2024, el ente de control detectó un presunto detrimento patrimonial inicial cercano a los $9.000 millones por la pérdida total de dos drones. Las aeronaves, destinadas a un sistema de control aéreo en zonas priorizadas por su nivel de conflictividad, no contaban con seguros ni fueron reemplazadas tras un accidente. No se activaron garantías contractuales, a pesar de que se trataba de bienes calificados como estratégicos.

El análisis de la Contraloría se centró en el convenio interadministrativo 483 de 2021, suscrito para desarrollar un sistema de vigilancia aérea. En ese marco, se han invertido más de $33.000 millones entre 2021 y 2024. Según el organismo, hasta el cierre de la auditoría no se habían entregado bienes ni existían resultados verificables que justificaran el uso de esos recursos.

El informe identificó debilidades en la estructuración, ejecución y supervisión del proyecto, como prórrogas sin justificación técnica, ausencia de pólizas de seguro, inconsistencias entre informes de supervisión y actas de comités técnicos, y deficiencias en el registro de los estados financieros.

La auditoría señaló que, en la primera fase del convenio, se destinaron aproximadamente $10.000 millones, de los cuales cerca del 90% fueron invertidos en los drones accidentados. No se evidenciaron decisiones orientadas a la protección de esos recursos por parte de la Consejería para la Seguridad Nacional, desde la vigencia 2020 hasta mayo de 2025.

Para la segunda fase, se aprobó una adición presupuestal de más de 28.000 millones de pesos con el objetivo de adquirir nuevos sistemas de vigilancia aérea. Aunque el plan fue avalado por el Consejo Presidencial para la Seguridad Nacional, la Contraloría indicó que no encontró soportes técnicos ni financieros firmados, estudios de viabilidad ni evaluaciones de riesgo por parte de la Oficina del Consejero.

Continúa el proceso

Ante estos hallazgos, el ente de control vinculó al proceso de responsabilidad fiscal a varios funcionarios de alto nivel del Dapre, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Fondo Paz.

Entre los nombres figuran los excomisionados de paz Miguel Ceballos, Juan Camilo Restrepo, Iván Danilo Rueda y el actual comisionado Otty Patiño. También fueron llamados a responder la actual directora del Dapre, Angie Rodríguez, y sus antecesores Jorge Rojas, Laura Sarabia, Mauricio Lizcano, Víctor Muñoz y Diego Molano.

Igualmente, fueron vinculados los directores del Fondo Paz Pablo Francisco Pardo y Juan Carlos Vargas, así como 12 asesores y técnicos de estas entidades. El exconsejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, el presidente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, Andrés Guzmán, y otros directivos también deberán responder en el proceso.

La Contraloría advirtió que el monto del presunto detrimento podría aumentar, dado que las fallas identificadas en el desarrollo del proyecto de drones continúan sin ser corregidas.