Director de la DIAN, Carlos Betancourt celebró aprobación en primer debate del Régimen Sancionatorio Aduanero

El Gobierno Nacional avanzó en el trámite legislativo del proyecto de ley que busca establecer un nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero en el país, luego de que las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaran de manera unánime la iniciativa en primer debate.

Tras la votación, Carlos Emilio Betancourt el director encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales conocido en siglas como DIAN celebró el respaldo recibido en el Congreso y destacó que el proyecto fue construido mediante un proceso de concertación con distintos sectores económicos, políticos y académicos del país.

En declaraciones públicas, Betancourt afirmó que la aprobación era satisfactoria porque se estaba cerca de preparar la ponencia para el segundo debate. “el gobierno le ha apostado muchísimo a esto, en un ejercicio de concertación, de encuentro de convergencia con todos los agentes del sector privado con todas las tendencias políticas porque se ha entendido que es un régimen crucial para la autoridad colombiana y para todos los usuarios aduaneros del país”, afirmó Betancourt.

La iniciativa legislativa fue impulsada con el objetivo de modernizar el sistema sancionatorio aduanero, actualizar los procedimientos relacionados con decomisos y fortalecer las herramientas jurídicas para combatir el contrabando y las irregularidades en operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la DIAN y del Congreso, el proyecto también respondió a un mandato de la Corte Constitucional que exigió expedir una regulación mediante ley para definir con claridad las infracciones, sanciones y procedimientos aplicables en materia aduanera.

Las Comisiones Segundas aprobaron el articulado bajo el lema “Más Colombia, menos contrabando”, y ahora el texto deberá continuar su trámite en las plenarias de Senado y Cámara antes del 20 de junio, fecha límite establecida para evitar un vacío jurídico.

Precisamente, este es uno de los puntos que más preocupación generó en el Gobierno debido a los tiempos legislativos, sobre el tema la DIAN advirtió que si el proyecto no alcanzaba la sanción presidencial dentro de los plazos previstos, el país podría enfrentar dificultades para sancionar conductas relacionadas con infracciones aduaneras.

Según explicó la entidad en un comunicado oficial, la Corte Constitucional señaló que si el nuevo régimen no era aprobado y sancionado antes del 20 de junio, Colombia entraría en un escenario de vacío jurídico que podría generar impunidad frente al contrabando y otras irregularidades vinculadas al comercio exterior.

Además, en el sitio web de la DIAN se indicó que el cronograma legislativo se encontraba ajustado y que el proyecto debía avanzar rápidamente en las siguientes etapas para cumplir con los tiempos de revisión jurídica, sanción presidencial y publicación oficial.

El representante a la Cámara Alejandro Toro, coordinador ponente del proyecto, destacó el consenso alcanzado durante el primer debate y aseguró que las discusiones permitieron consolidar un documento fortalecido técnicamente.

Según explicó, en el proceso participaron congresistas, gremios económicos, representantes del sector privado y miembros de la academia, quienes discutieron el contenido de la propuesta en diferentes mesas técnicas realizadas durante los últimos meses. Así mismo, la DIAN señaló que el proyecto fue el resultado de más de 39 mesas de trabajo con actores relacionados con el comercio exterior y la operación aduanera, esto en busca de adaptar la normativa colombiana a estándares internacionales.

Entre los aspectos incluidos en el articulado se encuentran la aplicación del principio de favorabilidad, las multas proporcionales según la gravedad de las infracciones, la reducción de procedimientos y la eliminación de las sanciones repetidas o inaplicadas.

El Gobierno sostuvo que estos cambios permitirían ofrecer mayor seguridad jurídica a los usuarios aduaneros, facilitar operaciones de importación y exportación y fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar prácticas ilegales que afectan la economía nacional.

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