(DESTACADO) Como dulces en piñata: así será el reparto de perdones durante el gobierno de Petro

Hay que ser claros: si un ciudadano mata a otro, recibirá todo el peso de la ley. En cambio, si en su prontuario tiene 50 o 100 homicidios y ha sido miembro de algún grupo narcoterrorista, no será visto por el nuevo gobierno como un simple criminal y será invitado al banquete de impunidad y perdones que ha promovido el Pacto Histórico de Petro desde los tiempos del Pacto de la Picota.

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Esto no es nuevo. De hecho, uno de los poderes tras bambalinas en el nuevo gobierno, Juan Manuel Santos, hizo lo necesario para que asesinos, terroristas, torturadores, violadores y secuestradores recibieran la impunidad como premio a sus tropelías. Sin embargo, el nuevo gobierno quiere ir más allá y ha comenzado el acostumbrado proceso de manipulación del lenguaje, con el propósito de dar cabida a la mayor cantidad posible de delincuentes de altísima peligrosidad.

En este sentido, el canciller ya empezó a hablar de matices semánticos en los que establece los conceptos de sometimiento Vs. acogimiento, como la ruta para alcanzar lo que denominó «paz total», un oxímoron con el que quiere cautivar a los ciudadanos desinformados, prometiendo algo imposible de cumplir con las condiciones planteadas, pues se sabe que la paz es fruto de la justicia y, por consiguiente, sin justicia nunca habrá paz.

Así las cosas, en lugar de invitar a los criminales a someterse al imperio de la ley, se les ofrecerá la posibilidad de acogerse, en el sentido de permitirles que se reincorporen a la sociedad, a cambio de información que permita desmantelar totalmente sus actividades criminales. Eso implica, aseguró el canciller, beneficios jurídicos que estarán en línea con la noción de paz del nuevo gobierno que se basa, aseguró, en «abrir puertas y no cerrárselas a los miembros de organizaciones al margen de la ley».

A su turno, otros promotores del pacifismo a ultranza (perdón e impunidad por crímenes múltiples) como Iván Cepeda, aseguran que el sometimiento implica una obligación perentoria, mientras que el acogimiento es un proceso de diálogo con un resultado, eso sí, con los beneficios jurídicos que resultarán irresistibles para los bandidos y terroristas.

No obstante, hay algo que llama la atención en las declaraciones de Cepeda: aseguró que no se firmará un acuerdo, sino que se fijarán condiciones, cronogramas y procedimientos para los diálogos. Sin embargo, que no haya un documento de compromiso de ambas partes, genera desde ya suspicacias, pues cada uno podría interpretar los beneficios y las obligaciones, de acuerdo con la coyuntura política y los intereses particulares del momento, lo que llevaría al país a un recrudecimiento del terror, por cuenta de hipotéticos incumplimientos del gobierno frente a los criminales.

Además, dejar la implementación de una política de «acogimiento» al aire, establece desde ya que existe una gran confianza entre las partes, creyendo prácticamente en la palabra empeñada en las cárceles, esa que se juraron durante la campaña presidencial. Así las cosas, el gobierno viene avanzando en cumplirles las promesas a los criminales, mientras ellos siguen asesinando policías, destruyendo lo que encuentran a su paso y traficando droga a discreción, pues al final del ejercicio, gozarán de impunidad, libertad y poder.

De igual forma, el concepto de «paz total» implica la búsqueda de una paz completa y no parcial, como ocurrió con los procesos de paz adelantados en anteriores gobiernos. Sin necesidad de muchas suspicacias, lo que harán Petro y su equipo, es abrir las puertas para que los criminales de toda laya se disfracen con algún tipo de ropaje político y así, de cualquier manera, ingresen a los diálogos que los conducirán a la impunidad. Aunque, eso sí, ya han advertido que los ropajes postizos no serán necesarios porque lo fundamental es que sean criminales, terroristas, asesinos y narcos hechos y derechos.

Según Leyva, si los criminales delatan los procedimientos, los cómplices y las acciones de terror que han realizado en el país, esto contará para que las sanciones estén directamente relacionadas con el aporte a la «paz total», lo que significa que tendrán beneficios jurídicos. Tal y como pasó con las FARC, los supuestos aportes, que el país nunca conocerá porque no existen, les han bastado no solo para salir impunes de sus jornadas de violencia, sino que además les permitieron la llegada al poder legislativo de Colombia, con curules regaladas por sus desconocidos aportes a la paz.

A las sinuosas declaraciones sobre la «paz total» y la política de «acogimiento» del nuevo gobierno, se suma la posición de los más cercanos colaboradores de Petro, quienes han asegurado que no se trata de perdonar los delitos, ni de reconocerlos como actores políticos. Este galimatías, desde la perspectiva jurídica, implica el anuncio soterrado de cambiar la ley para permitirle al gobierno la negociación con criminales y narcotraficantes.

Es que las normas vigentes solo permiten acercamientos con actores políticos, quienes, según la ley, pudieron incurrir en diferentes crímenes con ocasión del «conflicto», arropados siempre por la figura del delito político. Entonces, ¿si no se trata de reconocerlos como actores políticos, los van a tratar como delincuentes comunes? ¿Cómo se negocia, según la ley, con ese tipo de criminales? De hecho, el ejemplo de las FARC y los réditos que obtuvieron en el Acuerdo de La Habana, ilusionan a los demás grupos terroristas que no esperarán un trato diferente, ni menos benevolente, que el que recibieron sus colegas que ahora se denominan Comunes o disidencias.

Por ese camino, el nuevo gobierno quiere hacer un «arroz con mango» para intercambiar verdad, reparación y no repetición; por sanciones restaurativas que no son excluyentes de penas de carácter ordinario: «podría haber mezcla de ambos tipos de sanciones», aseguró Iván Cepeda.  Pero no es tan simple. No se trata de barajar y repartir. Hay unos conceptos constitucionales que tendrán que demoler, léase reformar la Constitución y pasar por encima de la Corte Constitucional, para que el país se coma lo que quieren poner en la mesa.

Mientras el gobierno lanza globos al aire, los delincuentes se afanan en ser tenidos en cuenta para ese Frankenstein jurídico y político que llaman «paz total». De hecho, las disidencias de las FARC manifestaron su disposición a dialogar con el gobierno y lograr un cese al fuego bilateral e invitaron a Petro, a quien calificaron como «genuino representante de las aspiraciones de las clases populares», a establecer un clima propicio para un acuerdo bilaterial. Ese clima, resulta evidente, parte de la relajación de las políticas contra el narcotráfico, de encerrar a las Fuerzas Militares en las bases y batallones y de permitirles que confiesen unas cuantas tropelías a cambio de seguir delinquiendo, esta vez con la complacencia del narcoestado que quieren montar Petro y sus conmilitones.

Es evidente que el nuevo gobierno se empeñará en conseguir el perdón para todos los criminales, incluidos el Clan del Golfo y otras estructuras con las que consideran que se debe negociar –léase perdonar y conceder impunidad– para evitar rebrotes de violencia. ¿Será que Petro anda tan embolatado, y el canciller tan embriagado por los logros de su gente, que no saben que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han asesinado más de 60 policías y militares en todo el país, en aras de ser dignos de sentarse a la mesa del Pacto Histórico? ¿La «paz total» incluirá el «perdón social» para los asesinos de nuestros policías, de la misma forma que ocurrió con las FARC?

“Acogimiento” para criminales, en vez de sometimiento ante la justicia. Esa es la “paz total”, que debería llamarse: impunidad total https://t.co/et6lTNL45g

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal)

Se cierra el círculo: todos los negociadores del Pacto de la Picota estarán en el gobierno o en el Congreso de la República