(DENUNCIA) Las FARC quieren imponer su ley en Colombia

Mientras el Gobierno de Gustavo Petro abandona a la Fuerza Pública y le da fuerza a los delincuentes, las FARC quieren imponer su ley en Colombia. Recientemente se conoció un documento de seis páginas en el que el Frente Comandante Darío Gutiérrez, del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, entrega una serie de instrucciones a las Juntas de Acción Comunal de una población del Huila.

Lo sorprendente es que el documento inicia diciendo que las FARC-EP son la «autoridad legítima en el territorio» (¿dónde quedan el Estado y las instituciones militares?).

«Como autoridad legítima en el territorio, avalados por las comunidades y en pro de mejorar las condiciones de vida, de seguridad y convivencia para todos los pobladores de la región, orientamos las siguientes líneas generales de trabajo para el buen vivir», explica el comunicado.

Luego, el grupo narcoterrorista hace una serie de instrucciones sobre los caseríos, los negocios de venta de licor, establecen toques de queda, horas de apertura y de cierre del comercio, talleres de moto, lotes o solares, velocidad a la que deben movilizarse los vehículos dentro de los caseríos (20 km/h), entre otros aspectos.

Como si de verdad fueran la autoridad competente en el Huila, las FARC también entregaron algunas directrices sobre las carreteras, el consumo de sustancias psicoactivas, cómo debe movilizarse el ganado y los vehículos en el territorio, cómo deben proceder los ciudadanos con las huertas casera, entre algunas prohibiciones específicas.

Es decir, ¿para qué gobierno, para qué tránsito, para qué instituciones? Aún más, ¿Dónde está el Estado frente a esta insurrección?

Mediante «carnets comunales» las FARC quieren imponer su ley

En el comunicado llama la atención una serie de instrucciones sobre la «formalización de carnets comunales», para «evitar la entrada de personal desconocido en la región basados en la amenaza naciente de la inclusión en algunos territorios de grupos armados con la doctrina del paramilitarismo como los llamados sinaloas, comandos de frontera, segunda Marquetalia y otros».

Con respecto a esto, las FARC establecen un tiempo máximo de seis meses de vigencia del carnet comunal para evitar que al pasar el tiempo se establezcan personas desconocidas que resulten en una amenaza para sus intereses.

«En el tema concreto del personal que viene de visita donde sus familias, pero que por ser tiempos cortos de permanencia no pueden ser afiliados para su carnet, deberán ser presentados por sus familias ante la junta de acción comunal en el momento de su ingreso a la región y dicha directiva deberá crear un formato de permiso de permanencia temporal por el tiempo que estarán en la región y los motivos de la visita, el cual deberán portar en su tiempo de permanencia en la región», dice el comunicado.

Es decir, los ciudadanos de Colombia, por disposición de las FARC, necesitarán una «Visa» para visitar los territorios de Colombia. Si lo anterior no se cumple, será motivo de sanciones económicas y de trabajo. El «carnet comunal» se le exigirá a todos los habitantes de la región como una especie de documento de identificación.