Delegado de la SIC habría sido presionado para favorecer a Alberto Merlano Alcocer
Alexander Sánchez, exdelegado de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), renunció a su cargo tras presuntas presiones para revocar una sanción contra Alberto Merlano Alcocer, tío de la Primera Dama de la República, Verónica Alcocer. Dicha información dada a conocer por un medio nacional,
Alexander Sánchez, exdelegado de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), renunció a su cargo tras presuntas presiones para revocar una sanción contra Alberto Merlano Alcocer, tío de la Primera Dama de la República, Verónica Alcocer.
Dicha información dada a conocer por un medio nacional, fue desmentida por la Superintendencia al negar el presunto hecho de corrupción, pero la denuncia indica que Sánchez tomó la decisión debido a las presiones para favorecer al familiar de la Primera Dama y por no estar de acuerdo con la decisión que se iba a tomar a favor de Merlano Alcocer.
Sánchez habría escrito en su estado de WhatsApp: “Me puede temblar la voz, pero nunca la moral”, una frase de Enrique Low Murtra.
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La posible postulación de Alberto Merlano para ocupar un cargo en el Gobierno quedaría sin efecto debido a las sanciones en su contra. Merlano había trabajado previamente en la petrolera colombiana como director de Recursos Humanos.
La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció mediante un comunicado tras la renuncia irrevocable de los delegados Alexander Sánchez y Grenfieth de Jesús Sierra, ante las supuestas presiones recibidas para favorecer a Alberto Merlano Alcocer.
“Por el contrario, la solicitud de la revocatoria directa tiene un control de legalidad ante el juez de conocimiento en donde se está tramitando la nulidad de la sanción. En ese sentido, la justicia es la encargada de impartir la orden de aprobar o no dicha solicitud, de acuerdo con la justificación de la solicitud”.
Cabe recordar que el otro funcionario que renunció fue Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para protección de datos, esto debido a su disonancia en el proceso del caso de Merlano, pues este, en 2012, recibió una sanción por parte de la SIC.

En ese entonces, el candidato, que funcionaba como presidente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Eaab, recibió una sanción por $249 millones porque se encontró «evidencia que permite concluir que Alberto José Merlano Alcocer, miembro principal de la junta directiva de la Eaab desde el 25 de enero de 2012 hasta el 29 de mayo de 2013, y actual Gerente General del Acueducto, colaboró, facilitó, autorizó y ejecutó la realización de una práctica restrictiva de la competencia que resultó en la violación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959″.
Para poder hacer valer su candidatura a la presidencia de Ecopetrol, hace más de un mes, el 3 de noviembre, el sancionado solicitó a la SIC que la sanción fuera revocada, pues durante la administración de Andrés Barreto en la Superintendencia ya había iniciado un cobro de jurisdicción coactiva. Merlano acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en búsqueda de hacer nula la sanción.
Sin sanción de la SIC, Alberto Merlano Alcocer, tendría un camino más fácil para llegar a la presidencia de la petrolera, en remplazo de Ricardo Roa, quien además está pasando por varias investigaciones judiciales.

Según el reglamento de la SIC, cualquier trámite de revocatoria de sanción debe pasar por el control del comité de conciliación, que integraban Sánchez y Sierra, quienes renunciaron, como también Gabriel Turbay, secretario general; Diego Romero, jefe de la oficina asesora jurídica; y Beatriz Sánchez, delegada de control de reglamentos técnicos.
El 9 de diciembre el comité se reunió y los delegados que renunciaron aseguraron que la petición de Merlano, que invocaba una violación del debido proceso, no tenía ningún mérito, pues era un tema ya cerrado por la SIC.
Posteriormente, el candidato hizo llegar un nuevo comunicado a la Superintendencia en el que ya no invocaba la violación al debido proceso, sino un agravio injustificado. El pasado miércoles 18, Sánchez y Sierra se declararon impedidos por ya haber tomado determinaciones el 9 de diciembre.

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