La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo por el asesinato del periodista Cristian Herrera y manifestó su solidaridad con la familia del comunicador, sus seres queridos, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización de la cual hacía parte como corresponsal en Norte de Santander e integrante de su Junta Directiva.

A través de un comunicado, la entidad calificó el hecho como un golpe contra el periodismo colombiano y destacó la trayectoria profesional de Herrera, quien durante años desarrolló investigaciones relacionadas con impunidad, corrupción, crimen organizado y la situación de orden público en la región del Catatumbo.

Según la Defensoría, el trabajo periodístico realizado por Herrera contribuyó a visibilizar problemáticas que afectan a las comunidades, denunciar estructuras vinculadas a hechos de violencia y corrupción, así como garantizar el acceso de la ciudadanía a información de interés público.

La entidad recordó que el comunicador enfrentó amenazas debido al ejercicio de su profesión y señaló que, pese a contar con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), estas no lograron evitar el ataque que acabó con su vida.

En su pronunciamiento, la Defensoría sostuvo que el homicidio evidenció los riesgos que continúan enfrentando periodistas en diferentes regiones del país, especialmente aquellos que cubren temas relacionados con conflicto armado, economías ilícitas y crimen organizado.

Asimismo, señaló que la labor de informar sobre estas realidades cumple una función esencial para la democracia y para las comunidades que dependen del trabajo periodístico para conocer lo que ocurre en sus territorios.

Por esto, frente a lo ocurrido, la Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer el crimen, identificar y judicializar a los responsables y establecer los móviles que rodearon el asesinato.

La entidad insistió en que las pesquisas debían tener en cuenta los temas que cubría el periodista, los riesgos que había enfrentado y el contexto de violencia que persiste en Norte de Santander y en la región del Catatumbo.

Además, anunció que mantendría seguimiento permanente a las actuaciones adelantadas por las autoridades competentes para garantizar que el caso avance y se adopten las medidas necesarias para alcanzar resultados judiciales.

La Defensoría advirtió que el asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura, debido al impacto que genera sobre la libertad de expresión y el derecho de las comunidades a recibir información.

En ese sentido, señaló que estos hechos generan temor entre quienes ejercen la profesión y favorecen fenómenos de autocensura, particularmente en zonas donde persisten dinámicas de violencia y presencia de grupos armados ilegales.

“No vamos a permitir que este hecho quede en la impunidad. Su asesinato se suma al del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el mes pasado en Briceño, Antioquia. En menos de un mes, el país ha perdido dos voces del periodismo regional en contextos marcados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales”, se lee en la misiva.

Finalmente, la Defensoría reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna persona sea amenazada, agredida o asesinada por desarrollar labores informativas y periodísticas.

“Los extraños”: mujeres privadas de la libertad en El Pedregal convierten sus recuerdos y ausencias en un libro colectivo