Defensoría del Pueblo expresó preocupación por presuntos vínculos entre el EMBF y miembros del Estado

La Defensoría del Pueblo encendió alarmas tras la reciente divulgación de información que señalaría presuntos nexos entre miembros del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) y funcionarios de la Fuerza Pública y del Estado. El organismo pidió al país reflexionar sobre “las bases y finalidad del proceso de paz que se adelanta con este grupo”.

En un extenso pronunciamiento, la entidad recordó que el Presidente de la República tiene la responsabilidad constitucional de “garantizar el orden público en todo el país”, lo que incluye acudir tanto a la acción de la fuerza pública como a mecanismos de negociación. Sin embargo, advirtió que el deber de proteger a la población es irrenunciable.

La Defensoría resaltó que la paz otorga al Presidente amplias facultades, entre ellas la suspensión de órdenes de captura para facilitar el desarrollo de los procesos de diálogo. Pero insistió en que este mecanismo debe ejecutarse bajo estrictos protocolos para evitar usos indebidos.

El organismo recordó el episodio ocurrido en Anorí en julio de 2024, hecho que “generó dudas sobre el uso adecuado de la suspensión de las órdenes de captura”. Esto, luego de verificarse el traslado de integrantes del grupo armado que no contaban con dicho beneficio, así como el movimiento de dinero, armas y un menor de edad.

La Defensoría señaló que existen “dos imágenes contrapuestas del proceso”: la formalidad de lo pactado en la mesa de negociación y la realidad en las regiones afectadas por la presencia del EMBF.

Según el documento, el grupo se había comprometido a suspender el reclutamiento, avanzar en un proceso de ubicación temporal y respetar el calendario electoral. Incluso realizó “gestos como la liberación de personas secuestradas”.

No obstante, en terreno se ha observado lo contrario: aumento de integrantes, dificultades para concentrarlos en zonas acordadas, continuidad del reclutamiento —“e incluso su justificación”— y expansión territorial con creciente control poblacional. Además, declaraciones públicas del propio comandante “ponen en duda su voluntad de transitar hacia la paz”.

Voceros del grupo también han expresado su rechazo a la dejación de armas, mientras reportes de los últimos meses advierten planes que se apartarían del proceso. La entidad señala incrementos de presencia armada en Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo, sin que la zona de ubicación temporal se haya concretado.

La Defensoría afirmó que la implementación efectiva del mecanismo formal de verificación, acordado en el más reciente ciclo de diálogo, será la única vía para confirmar si los compromisos se reflejan en hechos.

Asimismo, reiteró que el Presidente debe evaluar integralmente tanto lo pactado como la información proveniente de múltiples fuentes sobre el comportamiento de los grupos armados. Es “necesario exigir hechos que demuestren una voluntad auténtica de paz”, especialmente en lo referente a una reducción real de afectaciones a la población civil.

Finalmente, el organismo alertó que la situación se agrava por las recientes revelaciones sobre presuntos vínculos entre miembros del EMBF, uniformados en varias zonas del país y “altos funcionarios del Estado en el ejercicio”.

La Defensoría insistió en la necesidad de contar con mecanismos sólidos de monitoreo y verificación para garantizar que los acuerdos humanitarios se cumplan y que la población no quede expuesta a mayores riesgos.