Defensoría del Pueblo alertó por aumento de agresiones a periodistas y riesgos para la libertad de prensa
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo en el país, señalando los principales riesgos y haciendo un llamado a fortalecer las garantías para este derecho.
En el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Defensoría del Pueblo reiteró la importancia del ejercicio periodístico dentro de una sociedad democrática y advirtió sobre los desafíos que enfrenta actualmente este derecho en el país.
La entidad señaló que las personas dedicadas al periodismo cumplen una función clave al permitir la visibilización de realidades, el control al poder y el acceso de la ciudadanía a información veraz e imparcial. En ese sentido, indicó que la libertad de prensa es un componente esencial para el funcionamiento de la democracia y la participación informada.
“Sin libertad de prensa, no hay democracia sólida ni participación informada”, expresó la Defensoría del Pueblo al referirse a la relevancia de este derecho en el sistema democrático.
De acuerdo con la entidad, el ejercicio del periodismo enfrenta actualmente múltiples riesgos que han evolucionado con el tiempo. A las formas tradicionales de censura se han sumado fenómenos como la estigmatización, la violencia digital, las campañas de desprestigio y la degradación del debate público en entornos digitales. Estas dinámicas, según se indicó, afectan tanto a periodistas como a la sociedad en general.
En relación con el contexto internacional, se mencionó que, según Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el puesto 115 entre 180 países en la clasificación mundial de libertad de prensa. A nivel nacional, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reportó que durante 2025 se registraron 469 agresiones contra periodistas en el territorio.
Estas cifras, de acuerdo con la Defensoría, reflejan un entorno que limita el ejercicio libre del periodismo y tiene implicaciones sobre las garantías democráticas. En ese marco, también se hizo referencia a lo señalado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el informe anual de esta instancia, la violencia contra periodistas no solo tiene como objetivo impedir investigaciones sobre asuntos de interés público, sino que también actúa como un mecanismo de intimidación para silenciar la prensa. La Relatoría ha advertido, además, sobre contextos de estigmatización sostenida y baja tolerancia frente a la crítica, incluso desde altas autoridades, lo que incrementa los riesgos para quienes ejercen esta labor.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo planteó la necesidad de adoptar medidas orientadas a la prevención, protección y sanción de las agresiones contra periodistas. La entidad reiteró que la garantía de la libertad de prensa debe abordarse de manera integral, considerando tanto las amenazas físicas como los riesgos en entornos digitales.
En este sentido, hizo un llamado a los actores involucrados en la gestión de plataformas digitales para que asuman un rol en la construcción de entornos más seguros. Entre los aspectos señalados se encuentran la implementación de políticas transparentes, reglas claras de moderación, procesos de debida diligencia y acciones efectivas frente a la violencia digital y la desinformación.
La Defensoría también enfatizó que las condiciones en las que se desarrolla el debate público tienen un impacto directo en el ejercicio del periodismo y en el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
Finalmente, la entidad reiteró la relación entre la defensa de la libertad de prensa y la protección del sistema democrático. “Defender la libertad de prensa es defender la democracia”, concluyó la Defensoría del Pueblo en su pronunciamiento.
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