Defensoría del Pueblo alerta sobre riesgos para tres municipios del Valle del Cauca

La Defensoría del Pueblo realizó una alerta temprana por los graves riesgos de violaciones de derechos humanos para los municipios de Riofrío, Bolívar y Trujillo en el departamento del Valle del Cauca. 

En la Alerta Temprana de Inminencia 001 de 2025 la entidad advirtió que en estos tres municipios se vive un riesgo “crítico” a causa de la posible confrontación entre cuatro grupos armados: el Ejército Gaitanista de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Estado Mayor Central, Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado los Rastrojos Nueva Generación.

La alerta se da en medio de una escalada de hechos violentos que se vivieron en el país en la última semana, donde se incluye un atentado terrorista con cilindros bombas el pasado jueves en Cali, que hasta el momento deja un saldo de seis muertos y más de cincuenta heridos, atribuido a las disidencias de las FARC

El ataque con explosivos bajo tierra presentado en Amalfi, Antioquia, que causó la muerte de trece uniformados, de presunta autoría también de las disidencias, y por último el ataque en Florencia, presentado el 22 de agosto en intermediaciones a la alcaldía, también con artefactos explosivos. 

En el comunicado donde se expone el riesgo inminente se expresa que el escenario actual combina “la disputa territorial, el control de rentas ilícitas y la presión armada, sobre liderazgos comunitarios”, razón por las cual las comunidades enfrentan un “riesgo inminente de homicidios múltiples y selectivos” sumado a la exposición a explosivos usados en zonas urbanas por los armados. 

De igual manera, la entidad expresa que la presencia de estos grupos armados aumenta de forma considerable el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos, y afectaciones a las comunidades indígenas, urbanas y campesinas. 

Además, se hizo hincapié en el impacto que puede tener la presencia de armados en la dinámica escolar al forzar el cierre de los centros educativos, el peligro de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, y las amenazas en contra de las mujeres campesinas y lideresas sociales. 

Por todo lo anterior, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a que se dé una respuesta efectiva, oportuna y coordinada para defender a las comunidades de Riofrío, Trujillo y Bolívar, donde prevalezca el respeto por los derechos fundamentales de la comunidad civil. 

Así mismo, la entidad formuló un conjunto de recomendaciones al Estado colombiano, donde se incluyen varios puntos: en primer lugar se solicita una coordinación y planeación interinstitucional inmediata, liderada por el Ministerio del Interior a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). 

En segundo lugar, se hizo un llamado para que el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, refuerce la presencia y control territorial, “asegurando patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y en las cabeceras urbanas donde se han presentado los hechos más graves”. 

De manera paralela, afirma la Defensoría, es indispensable fortalecer las medidas de prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los niños, niñas y adolescentes, así como para mujeres rurales y líderes sociales. 

Y, finalmente, en cuanto a la justicia, la entidad asegura que la Fiscalía General de la Nación debe priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, usando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género.