Defensoría del Pueblo advirtió riesgos en la transición del Ministerio de Igualdad tras proceso de liquidación

La Defensoría del Pueblo se refirió al proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, el cual se ha adelantado en cumplimiento de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional. En esta sentencia se fijó como plazo el cierre de la legislatura 2025-2026 para subsanar los vacíos que dieron origen a la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023, mediante la cual fue creado, para la cual el Gobierno nacional había expedido el Decreto 626 de 2026, que formalizó la liquidación de la entidad.

Según el pronunciamiento, la transición de las políticas públicas a cargo del Ministerio no se encontraba claramente definida, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad de programas dirigidos a mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, pueblos étnicos, personas con discapacidad, juventudes, personas mayores, población migrante y comunidades campesinas, entre otros grupos sujetos de especial protección constitucional.

El organismo advirtió que el Decreto 626 de 2026 había establecido el traslado de funciones hacia el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social bajo el criterio de “costo cero”, sin que se hubieran garantizado de manera suficiente las capacidades técnicas, la disponibilidad presupuestal ni la coordinación institucional necesaria para asumir dichas responsabilidades. También se señaló que la transición podría generar desarticulación de políticas públicas, interrupción de programas y pérdida de capacidades estatales previamente construidas para atender desigualdades estructurales.

De igual forma, se expresó preocupación por la falta de claridad sobre la entidad responsable de dar continuidad a las funciones del Viceministerio de las Mujeres, especialmente en lo relacionado con la prevención, atención, sanción y reparación de las violencias contra las mujeres.

Otro de los puntos advertidos por la Defensoría se relacionó con el posible impacto sobre fondos y programas estratégicos como el Fondo “No es Hora de Callar”, el Fondo “Todos Somos PAZcífico” y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial; igualmente, se alertó sobre riesgos en la implementación y seguimiento de los CONPES relacionados con equidad de género, políticas de cuidado y garantía de derechos de personas OSIGNH.

El pronunciamiento de la entidad añadió que la transición podría afectar equipos técnicos, programas en ejecución y espacios de interlocución con organizaciones sociales, lo que generaría un posible “limbo institucional” en la gestión de políticas de igualdad. Asimismo, se advirtió sobre una eventual disminución en la capacidad del Estado para garantizar derechos de poblaciones históricamente discriminadas.

La Defensoría recordó además que el Comité de Expertas del MESECVI de la Organización de Estados Americanos había exhortado al Estado colombiano a garantizar la continuidad de la institucionalidad de género, en cumplimiento del principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.

Finalmente, se solicitó al Gobierno adoptar una ruta integral de transición que definiera con claridad el traslado de funciones, el respaldo presupuestal y la garantía de continuidad de programas, y asegurar la preservación de capacidades técnicas y evitar retrocesos en la protección de derechos, así como fortalecer la coordinación entre las entidades responsables del proceso de liquidación y empalme institucional.

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