Defensoría del Pueblo acompañó misión humanitaria del pueblo arhuaco y pidió cese de combates entre Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra en Aracataca

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que acompañó una misión humanitaria en zona rural de Aracataca, Magdalena, en medio de la confrontación armada que sostienen el Clan del Golfo, autodenominado EGC, y los autodenominados Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

La entidad señaló que la misión fue realizada junto a las autoridades tradicionales del pueblo arhuaco y fue promovida por el Cabildo Gobernador arhuaco, en coordinación con la Gobernación del Magdalena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Las acciones se desarrollaron en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en el área rural de Aracataca, con el propósito de monitorear la situación de derechos humanos de la población afectada por los enfrentamientos.

Según explicó la Defensoría, la confrontación entre los dos grupos armados lleva varios días y ha impactado a las comunidades de la zona. Durante el desarrollo de la misión, la entidad pudo verificar la actuación de la fuerza pública que permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, quienes permanecían confinadas en áreas donde se registraban los combates.

De acuerdo con el reporte oficial, ambos grupos armados atendieron las solicitudes formuladas durante la misión y manifestaron públicamente su compromiso de respetar las acciones de evacuación de heridos y el paso del operativo humanitario.

La entidad también informó que notificó al Ministerio del Interior de Colombia sobre la materialización de los riesgos advertidos en las Alertas Tempranas 020 y 013 de 2025. En ese sentido, solicitó la convocatoria inmediata de una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el fin de coordinar acciones de protección y atención humanitaria para las comunidades del sector Serankua, en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como para habitantes de la vereda Palestina, en Aracataca.

La Defensoría reiteró además el llamado a las autoridades territoriales y a entidades del Gobierno nacional, en particular al Ministerio del Interior y a la Unidad para las Víctimas, para fortalecer la coordinación institucional y atender de manera sostenida a las comunidades confinadas y a las víctimas de la región. Según indicó, la misión humanitaria identificó necesidades urgentes relacionadas con el suministro de atención humanitaria, agua potable, bienes básicos, servicios, insumos médicos y atención en salud.

En su pronunciamiento, el organismo también insistió en el respeto al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados. En ese sentido, señaló que “reafirmamos nuestro enérgico llamado al denominado Clan del Golfo y a los autodenominados Conquistadores de la Sierra Nevada a dar cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario (DIH), en particular a los principios de distinción y precaución, absteniéndose de dirigir ataques contra la población civil, de utilizarla como escudo y de exponerla a los efectos de las confrontaciones”.

La Defensoría también pidió garantizar condiciones que permitan la atención humanitaria en el territorio. En el documento se advierte que “exigimos a ambos grupos armados el respeto irrestricto de las comunidades indígenas del territorio y la garantía de las condiciones necesarias para la habilitación de un corredor humanitario que permita a las organizaciones humanitarias adelantar acciones de asistencia y protección en favor de la población afectada”.

Adicionalmente, el organismo solicitó que en los espacios de conversación sociojurídicos existentes los grupos armados asuman compromisos explícitos frente a las comunidades indígenas. En ese sentido, indicó que deben “no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio”.

La entidad advirtió que este llamado responde a la preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes alertan sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil en la Sierra Nevada de Santa Marta, como desplazamientos forzados masivos y confinamientos.

Finalmente, la Defensoría exhortó a la fuerza pública a continuar adoptando todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y garantizar el respeto de las normas del derecho internacional humanitario durante el desarrollo de sus operaciones. Asimismo, indicó que seguirá utilizando los canales de interlocución humanitaria habilitados en las mesas de diálogo para insistir ante las partes en el respeto de las protecciones y garantías que el derecho internacional humanitario reconoce a la población civil.