Defensoría alertó sobre persistentes riesgos para los pueblos étnicos y propuso nuevas medidas de protección

La Defensoría del Pueblo presentó una nueva edición de su Boletín Semestral de Derechos Humanos de los Pueblos Étnicos; allí expuso un panorama preocupante sobre las condiciones que enfrentan estas comunidades en Colombia y planteó una serie de acciones orientadas a fortalecer la garantía efectiva de sus derechos fundamentales y colectivos.

Según el informe, durante el segundo semestre del año pasado, la situación de riesgo para los pueblos étnicos continuó siendo significativa. La entidad señaló que 14 de las 20 Alertas Tempranas emitidas en ese periodo incluyeron advertencias relacionadas con afectaciones a estas comunidades, lo que representó el 70 % del total de las alertas emitidas.

El análisis realizado por la Defensoría evidenció que las amenazas no se limitaron a hechos de violencia asociados al conflicto armado, sino que también identificó problemáticas estructurales que han dificultado históricamente el acceso a derechos esenciales como la salud, la educación, la protección y la participación en la toma de decisiones sobre asuntos que impactan sus territorios.

De acuerdo con la entidad, el seguimiento realizado por las 42 defensorías regionales permitió identificar tres factores recurrentes que continúan vulnerando los derechos de los pueblos étnicos en diferentes zonas del país.

El primero correspondió a la persistente exclusión institucional; sobre el tema, la Defensoría encontró que gran parte de los programas y servicios estatales dirigidos a estas comunidades no responden de manera adecuada a sus particularidades territoriales, culturales y lingüísticas. Esta situación genera obstáculos para acceder a derechos fundamentales y profundiza desigualdades históricas.

Los reportes recopilados mostraron afectaciones especialmente en los sectores de salud y educación en departamentos como Vaupés, Amazonas, La Guajira, Chocó, Guainía, Cauca, Nariño y Putumayo. La entidad destacó, además, que estas dificultades impactan con mayor intensidad a la niñez y a las mujeres pertenecientes a grupos étnicos.

El segundo factor identificado estuvo relacionado con el control territorial ejercido por grupos armados ilegales y estructuras vinculadas a economías ilícitas. De las 42 regionales consultadas, 29 reportaron situaciones relacionadas con confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento de menores de edad, amenazas contra líderes comunitarios y mecanismos de control social sobre los territorios.

La Defensoría indicó que estas dinámicas habían trascendido las confrontaciones armadas tradicionales y, en algunos territorios, habían derivado en formas de gobernanza ilegal que afectan la autonomía, el gobierno propio y las prácticas culturales de las comunidades.

El tercer elemento señalado en el boletín correspondió a las tensiones derivadas de los procesos de consulta previa y de los modelos de desarrollo impulsados en territorios ancestrales, particularmente aquellos relacionados con proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló una propuesta de política pública basada en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural consagrada en la Constitución.

Entre las medidas planteadas se incluyeron la creación de un Banco Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Étnicas, el fortalecimiento de la etnoeducación, ajustes al Programa de Alimentación Escolar con Enfoque Diferencial, acciones de protección para mujeres víctimas de violencia basada en género y una política específica para pueblos indígenas transfronterizos.

Asimismo, la entidad propuso fortalecer los mecanismos de protección colectiva para autoridades y liderazgos étnicos, desarrollar estrategias para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, implementar corredores humanitarios y de soberanía alimentaria, ampliar las capacidades jurisdiccionales de las autoridades étnicas y reforzar la atención en salud en zonas afectadas por confinamientos.

En materia de participación y protección territorial, la Defensoría recomendó establecer protocolos más rigurosos para la consulta previa, fortalecer la supervisión de proyectos relacionados con mercados de carbono y programas REDD+, incorporar salvaguardas culturales y espirituales en obras de infraestructura y avanzar en procesos de delimitación territorial que contribuyan a reducir conflictos e inseguridad jurídica.

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