David Mosquera, exgobernador del Chocó, deberá pagar una indemnización de $17 mil millones de pesos

El exgobernador encargado del Chocó, David Mosquera Valencia, además de cancelar la millonaria indemnización, que equivale a 4.444,88 salarios mínimos legales vigentes, deberá pagar una pena de 92 meses de prisión en centro carcelario, así lo dictaminó el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

El delito por el que fue condenado es, peculado por apropiación a favor de terceros, agravado por la cuantía, además, la Corte declaró una interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo de 92 meses.

El alto tribunal negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la solicitud de prisión domiciliaria y ordenó, una vez adquiera firmeza la sentencia, se expida la orden de captura contra el exfuncionario.

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Los hechos que ejecutó Mosquera cuando estuvo encargado de la Gobernación del Departamento, se refieren a que expidió de manera irregular resoluciones que permitieron que más de 50 personas pudieran cobrar prestaciones sociales, cesantías y sanciones moratorias millonarias, estos ciudadanos eran exfuncionarios del Fondo Educativo Regional del Chocó.

Las investigaciones de la Corte, lograron establecer que los supuestos beneficiarios tenían datos erróneos o aparecían personas que ni siquiera habían tenido vínculo con la entidad territorial que les concedía el beneficio, o se le pagaba a gente que tampoco había reclamado nunca una indemnización o reconocimiento prestacional

En uno de los casos se destaca como una abogada pudo cobrar obligaciones de la entidad pendientes de los años 2008 y 2009 por un valor de más de $2.000 millones de pesos.

«En el proceso quedó probado que, Mosquera Valencia, de forma dolosa, suscribió las resoluciones referidas sin contar con la competencia para ordenar pagos de prestaciones sociales, toda vez que, de acuerdo con el artículo 93 del Decreto 1222 de 1986 este sólo podía actuar ante asuntos urgentes», se lee en el fallo de la Corte.

Mosquera según la investigación no tenía competencia para suscribir dichas resoluciones ni ordenar pagos de prestaciones sociales, adjuntando que al ordenar los pagos, no se cumplían los requisitos de ley como el soporte de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

«Igualmente, tales disposiciones fueron proferidas sin el respaldo del certificado de disponibilidad presupuestal indispensable para generar obligaciones con cargo al tesoro público y también se comprobó que, en casos particulares, se consignó en las resoluciones datos erróneos sobre quienes figuraban como acreedores, incluyendo a una persona que nunca sostuvo relación laboral o contractual con la entidad territorial», expresó el alto tribunal.

Mosquera Valencia se desempeñó hasta hace poco tiempo como rector de la Universidad Tecnológica del Chocó.

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