David Luna interpondrá demanda contra la Ley de Encuestas por considerar que limita el derecho a la información

El precandidato presidencial David Luna anunció que demandará ante la Corte Constitucional el numeral quinto de la Ley 2494 de 2025, que regula la publicación de encuestas políticas y electorales en Colombia. Según afirmó, la norma vulnera el derecho fundamental a la información en los procesos de elección popular.

El numeral cuestionado establece que no podrán difundirse encuestas electorales hasta tres meses después de finalizado el proceso de inscripción de candidaturas. Para Luna, esta disposición impide que la ciudadanía conozca las preferencias programáticas y las tendencias de intención de voto de los aspirantes durante ese periodo.

El precandidato explicó que la exigencia afecta en tres aspectos principales. Primero, señaló que vulnera el derecho a la información al crear barreras técnicas y operativas que restringen la publicación de encuestas y, con ello, el acceso de los ciudadanos a información clave. Segundo, sostuvo que impacta la transparencia electoral, pues lejos de promover la rendición de cuentas, desincentiva la divulgación de resultados confiables. Tercero, advirtió que limita los derechos del electorado al privarlo de herramientas necesarias para formarse una opinión informada.

“Este artículo es desproporcionado. En vez de promover la transparencia, genera un efecto de censura. Por eso pediremos a la Corte Constitucional que lo declare inexequible y defienda los principios de información y participación democrática”, manifestó Luna.

El precandidato insistió en que el acceso a encuestas políticas debe permanecer como un pilar para la confianza y la transparencia en el debate electoral. En sus palabras: “La democracia se defiende con información, no con silencios impuestos” y “Los ciudadanos merecen encuestas libres, sin cortapisas ni censuras disfrazadas de control”.

Luna recordó además que, en su paso por el Senado, votó a favor del proyecto inicial que dio origen a la Ley 2494. Sin embargo, aclaró que el texto aprobado finalmente fue distinto al que apoyó en su momento, pues no incluía las restricciones que ahora cuestiona.

Según indicaron, con la acción judicial, busca que la Corte Constitucional estudie si la norma se ajusta a los principios democráticos y a las garantías constitucionales relacionadas con el derecho a la información y la participación ciudadana.