Daniel Briceño denuncia gasto millonario de la UNP durante el gobierno de Gustavo Petro

El concejal de Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño, lanzó una dura crítica al gobierno de Gustavo Petro, denunciando que en los dos años de su administración, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha gastado 5.3 billones de pesos en la contratación de esquemas de seguridad.

Según Briceño, esta cifra es desproporcionada y representa la mitad de los recursos que el Ejecutivo espera recaudar con la segunda reforma tributaria, que actualmente se tramita en el Congreso.

Briceño calificó como «absurdo» el gasto destinado al alquiler de vehículos blindados y la contratación de escoltas, y cuestionó la necesidad de tantos esquemas de seguridad para los políticos en el país.

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«Ya es hora de que se haga un debate de fondo sobre las necesidades reales de estos esquemas en Colombia», señaló el concejal, destacando que «el país se llenó de camionetas blindadas».

El Concejal también reveló que decidió devolver el esquema de seguridad que le fue asignado, al no considerar que esté bajo ningún riesgo significativo.

Según él, su situación es similar a la de la mayoría de los políticos en Colombia, quienes no requieren de medidas tan extremas. «Por eso he querido dar el ejemplo. La mayoría de la gente no necesita esquema. En el Concejo de Bogotá no necesitan una camioneta y menos en el Congreso», afirmó.

Gasto excesivo de la UNP en contratos

Briceño puso en contexto los millonarios gastos de la UNP, afirmando que los 5.3 billones de pesos invertidos en los últimos dos años equivalen a la mitad de lo que el gobierno Petro busca recaudar en su reforma tributaria.

«Es un gasto realmente fuera de toda lógica presupuestal en Colombia», expresó, aludiendo a la necesidad de una reevaluación de los recursos destinados a la seguridad de los funcionarios públicos.

El corporado detalló que el costo anual del alquiler de camionetas para los congresistas es cercano a los $140 mil millones de pesos, mientras que para los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el gasto es de aproximadamente $73 mil millones.

Estas cifras, en su opinión, son insostenibles en un país donde los recursos podrían utilizarse de manera más eficiente en áreas urgentes, como los programas sociales.

Debate sobre los esquemas de seguridad

La denuncia de Briceño ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar los esquemas de seguridad en el país, en especial aquellos destinados a políticos y funcionarios públicos.

El concejal considera que es el momento de evaluar objetivamente quiénes realmente necesitan protección y quiénes están beneficiándose de estos recursos sin tener un riesgo real.

El elevado costo de mantener vehículos blindados y escoltas para un número considerable de políticos ha generado polémica en un contexto donde el gobierno busca aumentar los ingresos fiscales a través de reformas tributarias que afectan a la ciudadanía.

La cuestión que plantea Briceño es si estos gastos están justificados y si los recursos no deberían redirigirse a sectores con mayor necesidad.

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