Críticas al gasto del gobierno Petro en eventos y propaganda por más de $387 mil millones

Una nueva controversia se desató en la esfera política nacional tras la publicación de una denuncia por parte de la senadora María Fernanda Cabal, quien expuso, con documentos oficiales, que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha destinado más de $387 mil millones de pesos a eventos, celebraciones institucionales y actividades de divulgación desde el inicio de su mandato.

Según lo revelado por la congresista, esta suma se habría ejecutado pese a la existencia de decretos firmados por el propio gobierno que buscan limitar el gasto en publicidad y organización de eventos. Se trata, específicamente, de los decretos 444 de 2023 y 199 de 2024, que establecen lineamientos de austeridad en el uso de los recursos públicos.

Cabal indicó que, para 2025, entidades como el Ministerio de Agricultura, la Cancillería, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente ya han firmado contratos por más de $30 mil millones destinados exclusivamente a la logística y desarrollo de eventos institucionales. Para la senadora, estos gastos resultan injustificables en un contexto de necesidades sociales apremiantes en múltiples regiones del país.

Entre 2023 y 2024, el gobierno también destinó más de $162 mil millones a campañas de divulgación institucional, cifras que han sido puestas en tela de juicio por la oposición, al considerar que no se traducen en resultados tangibles para la ciudadanía. “Se habla de austeridad, pero se gasta como si el país no tuviera urgencias reales”, criticó Cabal.

En redes sociales, la senadora utilizó el hashtag #LaFiestaDePetro para difundir su denuncia y cuestionar lo que considera un uso ideológico de los recursos públicos, orientado más a la autopromoción que a la solución de problemas estructurales como el acceso a servicios básicos y la reducción de la pobreza.

Las revelaciones alimentan el debate sobre la gestión presupuestal del gobierno y reavivan las tensiones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso, en un momento en que la ciudadanía exige mayor eficiencia en la inversión pública.