Crecen los procesos de insolvencia en Colombia: el reto está en cobrar a tiempo

En Colombia, las empresas no quiebran por vender poco, sino por no cobrar a tiempo. Así lo advierte el informe “Insolvencia Empresarial en Colombia” elaborado por Solunion Colombia, compañía experta en seguros de crédito y gestión del riesgo comercial, que revela los factores detrás del incremento en los procesos de reorganización y liquidación judicial en el país.

En lo corrido de 2024 y hasta el 16 de mayo de este año, se presentaron 2.530 solicitudes de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades: 1.632 (64,5 %) para reorganización y 898 (35,5 %) para liquidación judicial. Los sectores más golpeados son servicios (24,5 %), comercio (20,4 %) y manufactura (13,9 %). A mayo de 2025, hay 4.166 procesos activos, de los cuales más de 1.298 han pasado a liquidación.

El estudio señala que el principal riesgo empresarial está en el ciclo de recuperación de cartera. “La verdadera causa de la insolvencia en Colombia no está en vender poco, sino en la dificultad de transformar esas ventas en liquidez real. Hoy, las empresas operan en un panorama donde los cambios externos —financieros, logísticos o regulatorios— se transmiten con gran rapidez, dejando a muchas con márgenes de maniobra muy estrechos. Esa vulnerabilidad hace que un recaudo tardío pueda convertirse en el detonante de una crisis”, explicó Marco Restrepo, analista de información de Solunion Colombia.

De acuerdo con el informe, las dinámicas de una economía hiperconectada han expuesto a las empresas a choques sistémicos de gran alcance. Una crisis logística en Asia o una subida de tasas de interés en Estados Unidos tiene efectos casi inmediatos sobre el capital de trabajo en Colombia. A nivel interno, el encarecimiento del crédito, las reformas estructurales y el aumento de los costos operativos agravan la situación.

El documento advierte además sobre el efecto dominó que puede generar la insolvencia de una compañía en un ecosistema productivo compuesto mayoritariamente por pymes. “La insolvencia está concebida para dar oxígeno a las empresas viables y proteger el empleo, pero en la práctica también puede convertirse en un problema para quienes son sus acreedores. Por eso es vital que las compañías no esperen a llegar a ese punto y fortalezcan desde antes la protección de sus cuentas por cobrar”, sostuvo Daniela Echeverri, analista jurídica de recobros y siniestros de Solunion Colombia.

Solunion advierte que no todas las empresas que recurren al régimen de insolvencia logran reorganizarse. La etapa de calificación de créditos, que puede durar entre seis meses y un año, suele convertirse en un cuello de botella que incrementa la incertidumbre financiera y retrasa las decisiones estratégicas, afectando la viabilidad de la operación.

Los sectores más afectados —servicios, comercio y manufactura— son aquellos que dependen del consumo directo, de la rotación permanente de inventarios y de estructuras financieras flexibles. Su exposición a la volatilidad de la demanda y a las condiciones de financiación los convierte en puntos sensibles del tejido empresarial.

Desde la perspectiva de Solunion, proteger la cartera por cobrar es una decisión estratégica y casi obligatoria. El estudio recomienda herramientas como el seguimiento de scoring financiero, la implementación de alertas tempranas y el uso de seguros de crédito, que no solo cubren el impago, sino que permiten acceder a evaluaciones de riesgo, vigilancia permanente y servicios de recuperación. Esta combinación facilita vender con mayor seguridad, ampliar mercados y blindar la liquidez frente a escenarios imprevistos.