CRC planteó medidas contra fraudes por llamadas y mensajes ante aumento de casos en Colombia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) puso sobre la mesa una propuesta regulatoria con la que busca enfrentar el crecimiento sostenido de los fraudes cometidos a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto en Colombia. El planteamiento, actualmente publicado para comentarios, surge en un contexto en el que estas modalidades delictivas no solo aumentan en frecuencia, sino también en impacto económico y en la confianza de los usuarios.

De acuerdo con la entidad, “más de $252 millones al día se reclaman en Colombia por fraudes que llegan a través de llamadas y mensajes de texto”, una cifra que evidencia la magnitud del problema en un entorno digital cada vez más masivo. Solo en un trimestre, según datos expuestos por la CRC, las redes móviles cursaron más de 24 mil millones de minutos de voz y 12,4 mil millones de SMS, lo que amplía las posibilidades de acción para los delincuentes.

En el comunicado, la Comisión advierte sobre la sofisticación de las estrategias utilizadas en estos fraudes. “Una llamada que parece venir de un banco. Un mensaje que aparenta ser de una empresa de mensajería. Una comunicación que simula provenir de una entidad pública, un comercio o una marca reconocida”, describe el documento, al explicar cómo estas prácticas buscan engañar a los ciudadanos para obtener datos personales, claves o recursos económicos.

Frente a este panorama, la CRC propone una intervención integral que combine medidas tecnológicas, regulatorias y pedagógicas. El enfoque está dirigido especialmente a dos modalidades que vienen en expansión: el smishing y el vishing. Sobre estas prácticas, la entidad detalla que el smishing “utiliza mensajes de texto fraudulentos para inducir al usuario al engaño”, mientras que el vishing se ejecuta mediante llamadas en las que los delincuentes suplantan identidades para acceder a información sensible o cometer estafas.

La iniciativa, según la Comisión, es el resultado de un proceso técnico que incluyó análisis del sector, revisión de experiencias internacionales y espacios de participación con operadores, empresas, autoridades y ciudadanos. El objetivo central es cerrar espacios a la suplantación, mejorar la trazabilidad de las comunicaciones y fortalecer la capacidad de detección temprana de comportamientos sospechosos.

Las cifras reflejan la tendencia creciente del problema. La CRC señala que los montos reclamados por estas modalidades pasaron de $30.622 millones a $92.235 millones en apenas dos años, lo que representa un incremento cercano al triple. En 2024, el smishing registró reclamaciones por más de $47.892 millones, mientras que el vishing alcanzó los $44.342 millones.

Más allá del impacto económico, la entidad advierte sobre un efecto estructural: el deterioro de la confianza en el ecosistema digital. “Cuando los usuarios no pueden distinguir si una llamada o un mensaje proviene realmente de una empresa, una entidad pública o un comercio legítimo, se deteriora la seguridad de las comunicaciones y se amplía el espacio para la suplantación”, señala el documento.

En ese sentido, la CRC insiste en la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención, detección y mitigación del fraude, así como en promover una mayor articulación entre los distintos actores del sector. La propuesta contempla medidas orientadas a “fortalecer la identificación de quienes originan llamadas y mensajes, mejorar la trazabilidad de las comunicaciones y facilitar la detección temprana de comportamientos sospechosos”.

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