Corte Constitucional exige ley integral para proteger a adultos mayores en Colombia

La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que advirtió que el internamiento en hospitales o centros psiquiátricos no puede ser considerado como la respuesta del Estado frente al abandono de adultos mayores.

El alto tribunal recordó que este tipo de medidas solo pueden aplicarse de manera excepcional, temporal y proporcional. La decisión surgió a partir de la revisión de dos tutelas: una de ellas presentada por un hombre de 86 años con alzhéimer en situación de abandono, y otra relacionada con la permanencia de adultos mayores en hospitales debido a la ausencia de familiares que gestionen su salida.

Un reciente estudio de la Universidad Javeriana reveló que en Colombia alrededor de 400 adultos mayores son abandonados cada año. La investigación también mostró que el 24% de esta población vive en condiciones de pobreza monetaria y que el 45% se percibe como pobre.

Estas cifras reflejan una situación creciente en el país, que en 1985 tenía siete adultos mayores por cada 100 habitantes y que hoy ha duplicado esa proporción. Las proyecciones indican que para 2070 la esperanza de vida superará los 75 años, lo que plantea un desafío mayor en términos de políticas públicas y cuidado social.

La Corte ordenó al Gobierno nacional diseñar planes de apoyo comunitario y programas enfocados en el cuidado de los adultos mayores, con un plazo de dos años para consolidar una ley integral que regule la protección de esta población. En el fallo se recalcó que el cuidado no es únicamente una responsabilidad privada o familiar, sino un derecho social que compromete tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto.

El pronunciamiento también hizo énfasis en la necesidad de construir un enfoque basado en derechos humanos, que permita garantizar que las personas de la tercera edad cuenten con apoyo institucional y comunitario. La sentencia subrayó que la corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad debe ser el principio rector de cualquier política pública en esta materia.

Por su parte, un informe del centro de estudios económicos Anif expuso que los adultos mayores representan más del 27% de la población ocupada en el país. Según el análisis, gran parte de ellos continúa trabajando, en muchos casos de manera informal o en empleos de baja calidad, especialmente cuando no cuentan con una pensión. El documento destacó que el 69% de los adultos mayores que trabajan se consideran “jefes de hogar”, lo que significa que siguen siendo el principal sustento económico de sus familias.

El informe también resaltó que, aunque esta participación laboral puede generar beneficios económicos y emocionales, está marcada por ingresos bajos, jornadas parciales y escasa protección social, lo que limita su capacidad de ahorro y acceso a servicios de seguridad social.

La combinación de factores como el abandono, la precariedad laboral y la falta de un marco legal integral plantea un reto importante para las instituciones del país, que deberán avanzar en políticas que respondan a la creciente realidad del envejecimiento poblacional en Colombia.