Corte Constitucional corta abusos de la Superintendencia de Sociedades y limita sus facultades

La Corte Constitucional estableció un nuevo límite a las facultades de la Superintendencia de Sociedades, restringiendo el uso de la figura de “agente interventor” que permitía a esta entidad remover y reemplazar administradores de sociedades comerciales bajo control de forma amplia.

Con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, la Corte analizó la norma que habilitaba a la Superintendencia a ordenar la remoción de administradores, revisores fiscales y empleados en casos de incumplimiento de órdenes legales o estatutarias. Se determinó que la disposición presentaba una contradicción al otorgar simultáneamente la facultad de remoción y de designación de reemplazos directamente, sin un límite claro en su aplicación.

La decisión precisa que la Superintendencia de Sociedades podrá ejercer la facultad de nombrar reemplazos únicamente en casos donde, tras la remoción, la junta o asamblea de socios de la empresa no haya designado un nuevo administrador en un plazo razonable establecido en la providencia respectiva. En otras palabras, la entidad no podrá intervenir de manera automática, sino que se deberá respetar primero el derecho de las sociedades a definir sus administradores.

El abogado Héctor Riveros, quien presentó la acción judicial, resaltó que esta decisión protege la libertad de empresa y la libre competencia, derechos económicos fundamentales. Según Riveros, el fallo contribuye a precisar los límites de las superintendencias, que hasta ahora operaban bajo un esquema amplio, generando riesgos de posibles abusos en los procesos de intervención empresarial.

“Es una decisión que hay que celebrar porque comienza a poner frenos al uso desproporcionado de estas facultades”, señaló Riveros, CEO de Riveros Consulting Group. Además, indicó que el alcance de la sentencia podría motivar a empresas intervenidas por otras superintendencias, como la Supersolidaria o la Supersubsidio, a exigir la protección de sus derechos en casos similares.

Esta decisión representa un ajuste en la relación entre la intervención estatal y la autonomía empresarial, garantizando que las herramientas de control se utilicen de forma proporcional y con respeto al debido proceso en el marco de la libertad de empresa. Con este fallo, la Corte busca evitar posibles excesos en el ejercicio de las funciones de control mientras mantiene los mecanismos necesarios para proteger el orden jurídico en las sociedades comerciales del país.