Contralor advierte riesgos legales por orden presidencial de licitar Canal Uno antes de tiempo

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una advertencia al Gobierno sobre la decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro de interrumpir el contrato vigente del Canal Uno para abrir una nueva licitación. Según el jefe del ente de control fiscal, una terminación unilateral de este tipo podría acarrear demandas millonarias y un posible detrimento patrimonial para el Estado.

“Si se hace de forma unilateral, podría haber demandas y un detrimento para el Estado”, señaló Rodríguez en rueda de prensa este martes, al destacar que más allá de la intención política o administrativa, lo fundamental es garantizar la seguridad jurídica de los contratos públicos.

El contralor insistió en que cualquier iniciativa, por muy loable que parezca, debe ejecutarse con estricto apego a la ley. “El país requiere estabilidad y credibilidad en sus actuaciones. Por eso es necesario que las decisiones respeten los marcos normativos establecidos”, enfatizó.

Las declaraciones de Rodríguez se producen días después de que el presidente Petro anunciara públicamente que el Canal Uno sería sometido a un nuevo proceso licitatorio, decisión que algunos sectores interpretaron como una represalia política, mientras que otros la ven como un movimiento para garantizar que la concesión quede en manos de grupos más cercanos al Gobierno, en un año preelectoral.

El debate se ha instalado en el ámbito jurídico y mediático, ya que el contrato del Canal Uno aún está vigente y su terminación anticipada implicaría no solo litigios legales, sino también una señal negativa para los inversionistas sobre la seguridad contractual en Colombia.

La advertencia del contralor busca llamar la atención sobre la necesidad de preservar la confianza en el Estado como garante de los contratos firmados. De lo contrario, dijo, cualquier decisión apresurada podría tener consecuencias económicas y reputacionales que afectarían al país en su conjunto.

El caso ha reavivado la discusión sobre la relación entre política y medios de comunicación, así como el uso del poder administrativo en medio de un clima electoral marcado por la polarización. Por ahora, el mensaje de la Contraloría es claro: cualquier decisión sobre el Canal Uno debe tomarse dentro de los límites legales para evitar un daño mayor al Estado.