La Defensoría del Pueblo publicó su informe sobre asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos entre las fechas comprendidas entre el 1° de enero y el 31 de marzo, así como la ocurrencia de masacres en el mismo periodo en el territorio nacional.

En este sentido, de acuerdo a la entidad, se mencionó que en Colombia se registraron 34 casos confirmados de asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, de los cuales 30 fueron hombres y 4 mujeres.

Por mes, los casos se distribuyeron así: 13 en enero, 14 en febrero y 7 en marzo. Además, se informó que entre enero de 2016 y el 31 de marzo del presente año se documentaron un total de 1.699 casos.

La distribución por departamentos de los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos mostró que Antioquia concentró la mayor cantidad de casos con 8, seguido del Cauca y Arauca con 4 casos cada uno, Nariño con 3, y Huila y Putumayo con 2 casos respectivamente.

Los demás departamentos registran un caso cada uno, incluyendo Magdalena, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander y Santander.

Por otra parte, la Defensoría mencionó que hubo 35 masacres desde enero hasta marzo, siendo Antioquia el lugar con más masacres con un conteo de 8, seguido de Atlántico, Cauca, Nariño, y Norte de Santander con 3 todos.

Sobre el tema del asesinato contra líderes, y las masacres vale decir que ha crecido la preocupación de la sociedad civil, ya que refleja el recrudecimiento de las confrontación armada entre los actores, y pone en riesgo a las comunidades, además de vulnerar derechos.

Cabe señalar que el pasado 19 de marzo la Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe que evidenció la grave situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, señalando que el país continúa siendo uno de los más peligrosos para esta labor.

De acuerdo a esta organización, entre 2016 y 2025 se documentaron 972 asesinatos, lo que equivale a casi 100 por año. Aunque el gobierno ha implementado medidas como el reconocimiento del problema, el diálogo con organizaciones sociales y la creación de políticas de protección, el informe concluye que estas acciones no han logrado revertir la violencia ni superar problemas estructurales como la impunidad, la corrupción y la débil presencia estatal en varias regiones.

La violencia, según la ONU, está estrechamente relacionada con economías ilegales como el narcotráfico, la minería y la tala ilegal, y ha aumentado tras el Acuerdo de Paz de 2016 en zonas donde operan grupos armados no estatales. Además, el impacto es desproporcionado en pueblos indígenas y otras comunidades vulnerables, que representan un alto porcentaje de las víctimas.

El informe también registró miles de amenazas y ataques, en su mayoría atribuidos a actores armados ilegales, y advierte que los recortes presupuestarios han reducido la capacidad de la ONU para monitorear y responder a estas situaciones.

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