ANDI, Más País y Fundación para el Estado de Derecho pidieron a la OEA pronunciarse sobre intervención política del presidente en campaña electoral

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la discusión sobre las garantías electorales y la neutralidad institucional sumó un nuevo capítulo. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la iniciativa Más País y la Fundación para el Estado de Derecho remitieron una comunicación formal a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que advierten sobre presuntos riesgos para la equidad de la contienda electoral derivados de la actuación del presidente de la República durante el proceso electoral.

El documento, fechado el 3 de junio de 2026 y dirigido al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, plantea una serie de preocupaciones relacionadas con la participación del jefe de Estado en asuntos de carácter electoral y con el uso de canales institucionales para la difusión de mensajes políticos en medio de la campaña presidencial.

Según la comunicación, las organizaciones buscan poner en conocimiento de la misión internacional “un conjunto de hechos recientes que, considerados de manera conjunta, plantean serias preocupaciones respecto de los principios de neutralidad institucional, equidad en la contienda electoral y confianza pública en el proceso electoral presidencial colombiano de 2026”.

Los firmantes sostienen que las actuaciones denunciadas podrían entrar en tensión con las obligaciones de neutralidad política de los servidores públicos contempladas en la Constitución y en la legislación electoral colombiana. En ese sentido, afirman que los hechos observados evidenciarían “una conducta reiterada del presidente de la República consistente en realizar pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial”.

El documento también señala que existe preocupación por la utilización de recursos y canales oficiales del Estado para la difusión de contenidos de carácter político-electoral. Entre los espacios mencionados figuran cuentas institucionales de la Presidencia de la República, ministerios del Gobierno nacional y medios públicos de comunicación.

De acuerdo con los promotores de la comunicación, esta situación podría generar interrogantes sobre las condiciones de igualdad entre los candidatos que participan en la contienda. Asimismo, citan observaciones realizadas por misiones internacionales de observación electoral, incluyendo referencias a la declaración preliminar de la misión de observación de la Unión Europea emitida el pasado 2 de junio.

Como parte de la comunicación, las organizaciones formularon una serie de peticiones concretas a la Misión de Observación Electoral de la OEA. Entre ellas, solicitaron que el organismo internacional eleve su nivel de pronunciamiento frente a los hechos denunciados y que emita una declaración pública antes de la jornada electoral del 21 de junio.

Una de las solicitudes plantea que la misión “emitir un pronunciamiento sobre la conducta del presidente de la República, con carácter público y urgente”, al considerar que las recomendaciones previas formuladas por observadores internacionales no habrían tenido efectos suficientes.

Igualmente, pidieron reforzar la presencia de observadores durante la campaña, la jornada electoral, el escrutinio, las eventuales impugnaciones y la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial.

Otro de los puntos destacados es la solicitud para que la misión se pronuncie expresamente sobre lo que los firmantes califican como desacato a decisiones judiciales relacionadas con propaganda electoral y declaraciones sobre la confiabilidad del sistema electoral.

Además, las organizaciones solicitaron que la OEA documente en su informe final el uso de plataformas institucionales del Estado para la difusión de contenidos electorales y evalúe si estas actuaciones tuvieron algún impacto sobre la igualdad de condiciones entre las campañas.

La comunicación también propone la creación de un canal permanente para la recepción de denuncias relacionadas con participación política de servidores públicos, presiones sobre autoridades electorales o intentos de deslegitimación del proceso electoral durante el periodo previo a la segunda vuelta.