La organización Amnistía Internacional advirtió que tanto Colombia como Venezuela atraviesan un escenario crítico en materia de derechos humanos, al ubicarlos entre los países más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de estas garantías fundamentales.

Según el informe que la ONG presenta cada año, en el caso colombiano, la situación estaba marcada por una crisis humanitaria persistente asociada al conflicto armado, que seguía impactando de forma directa a la población civil.

Entre los datos más relevantes, se señaló que una de cada cinco personas en el país, es decir, más de nueve millones, ha sido víctima de esta violencia, cifra a la que se sumaron miles de nuevos afectados durante el año anterior (o el año 2023/2024, según corresponda), especialmente en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

“La situación de Colombia es realmente muy preocupante teníamos varios años siguiendo una tendencia de aumento, por supuesto de la violencia, y de las infracciones del derecho internacional humanitario, que tiene como fin último proteger a la población civil”, explicó Valentina Ballesta, subdirectora de la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional en declaraciones a medios

La organización también alertó sobre el incremento de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en este sentido, de acuerdo con datos citados en el informe, ese año se registró el mayor nivel de violencia letal contra este grupo durante el actual gobierno, con 165 asesinatos documentados.

Este panorama se sumó a los desplazamientos forzados y confinamientos, que reflejan, según la ONG, una crisis que limita el acceso a derechos básicos como la salud y la educación.

De forma puntual, Amnistía Internacional declaró preocupaciones con relación a la política de “Paz Total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, exponiendo que aunque esta estrategia buscaba negociar con distintos grupos armados, aún no existían garantías claras de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, lo que generaba dudas sobre su efectividad.

Respecto a Venezuela, el informe describió un contexto dominado por un patrón sostenido de represión estatal. La ONG denunció que las instituciones de seguridad, el sistema judicial y un conjunto de leyes restrictivas están siendo utilizados para limitar el espacio cívico, silenciar la disidencia y perseguir a opositores.

Entre los principales hallazgos, se destacó que las detenciones arbitrarias continuaban vigentes y que, durante 2025, se documentaron más de 800 casos de personas privadas de la libertad de forma irregular, de las cuales más de 400 seguían detenidas. Además, la organización reportó decenas de desapariciones forzadas y señaló el uso del sistema judicial como un mecanismo para vulnerar derechos.

El informe también dio cuenta de ataques a periodistas, detenciones de manifestantes y agresiones contra defensores de derechos humanos, lo que configuraba, según la ONG, una cadena de afectaciones que impacta a toda la sociedad. Dentro de este apartado se mencionó, como ejemplo, el caso de un activista venezolano que, tras huir a Colombia, fue víctima de un atentado armado.

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