Alerta en el sector energético del país por anuncio de Petro
Hay alerta en el sector energético del país luego de que el presidente comunista de Colombia, Gustavo Petro, anunciara esta semana que decidió asumir las facultades de administración y control de los servicios públicos domiciliarios, como la energía, citando el artículo 370 de la Constitución para a

Hay alerta en el sector energético del país luego de que el presidente comunista de Colombia, Gustavo Petro, anunciara esta semana que decidió asumir las facultades de administración y control de los servicios públicos domiciliarios, como la energía, citando el artículo 370 de la Constitución para asegurar que la medida hace parte de sus funciones y pese a que dichas facultades están delegadas en comisiones independientes desde 1994.
«Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos, por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control, las políticas generales de administración de Colombia, directa y personalmente, en función de lo que la misma Ley dice: primero, el interés general y el del usuario», afirmó Gustavo Petro.
La decisión fue tomada por diferentes gremios del sector y por líderes políticos de la oposición como el inicio de la dictadura en el país.

¿Qué ha pasado con las tarifas de energía?
Anuncio de Petro: qué dice Andesco
Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, reaccionaron a través de un comunicado de prensa a la decisión informada por Petro, pidiendo que se cumpla la Ley 142 y 143 de Servicios Públicos y se respete la seguridad jurídica e institucional.
«Tomar decisiones políticas y no técnicas es muy peligroso para el país y puede terminar afectando a quienes se pretende beneficias: las personas de escasos recursos. Esto acabaría un proceso que ha venido funcionando, lo que se evidencia en el aumento que hemos tenido en la cobertura, calidad y continuidad de los servicios. Sabemos que nos falta por mejorar, pero hemos avanzado mucho más que el resto de Latinoamérica», informó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
De igual manera, el funcionario aseguró que en Colombia hay una gran cantidad de empresas de Servicios Públicos que son públicas, adicionales a las mixtas y privadas, lo que es contrario a lo que se especula: «esta competencia es lo que ha permitido mejorar el servicio desde 1994 a la fecha».
«Sabemos que hay personas que no pueden pagar, para esto los subsidios que otorga el Gobierno se deben focalizar de mejor manera y destinar parte de los recursos que se han recogido con la reforma tributaria para ayudar a estas familias. Recordando además que en nuestro país también tenemos subsidios cruzados a través de los cuales los estratos 5 y 6, industriales y comerciales, ayudan a financiar los estratos 1, 2 y 3», aclaró Sánchez.
Asimismo, el presidente de Andesco concluyó que la medida asumida por Gustavo Petro pone en riesgo la prestación del servicio, toda vez que las decisiones que adopte, si bien en un principio puede beneficiar a los usuarios con la reducción de las tarifas, a la postre terminará perjudicando la generación, distribución y prestación de los servicios porque terminaría afectando decisiones técnicas que deben tenerse en cuenta.
«El Estado debe garantizar la seguridad jurídica y asimismo seguir un modelo que mantenga la suficiencia financiera de las empresas para no poner en riesgo la prestación del servicio, lo que perjudicaría no solo a las personas de escasos recursos sino a la gran mayoría de los colombianos. Seguimos abiertos al diálogo y a la innovación, pero sin poner en peligro lo que con tanto esfuerzo y, a través de la técnica, se ha alcanzado», concluyó Camilo Sánchez.

¿Qué dice la CREG?
Por su parte, el Comité de Expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas reaccionó afirmando que es respetuoso de la Constitución, las leyes y la institucionalidad del país. Sin embargo, recordaron que el Gobierno Nacional participan en dicha comisión a través de sus representantes como el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, así como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
«El Comité resalta que las leyes 142 y 143 de 1994 son complementarias, y la Ley 143 asignó directamente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la función de regular el servicio de electricidad. En consecuencia, la CREG, en relación con este servicio, debe cumplir las funciones que le asigna la Ley 143 de 1994, en su artículo 23. Estas funciones incluyen, además de definir la metodología para el cálculo de las tarifas de energía y su aprobación, la de crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia; igualmente, establecer el reglamento de operación para realizar la planeación y coordinación de la operación del sistema interconectado nacional, entre otros», explicaron desde la entidad.
Basados en lo anterior, afirmaron que los organismos reguladores deben conservar su naturaleza independiente para asegurar que sus decisiones «sean objetivas, imparciales, consistentes y técnicas», permitiendo que los agentes regulados, así como el público en general, perciban objetividad, neutralidad y transparencia por parte del Estado.
«Los principios constitucionales y las funciones legales relacionadas con la regulación de los servicios públicos se ejercen a través de la articulación e independencia institucional entre rectores de la política pública, reguladores y entes de vigilancia y control que coexisten en la rama ejecutiva», concluyó el Comité de Expertos de la CREG.

Petro se apodera de las funciones de la CREG
Alerta en el sector energético: líneas rojas
En conversación con IFMNOTICIAS.COM, expertos en la materia pertenecientes al sector y que solicitaron no revelar sus nombres, explicaron que la decisión de Gustavo Petro es contraproducente y negativa, toda vez que puede terminar generando, incluso, un racionamiento de los servicios de energía debido a que las decisiones que se tomen serán políticas, basadas en la favorabilidad que se quiere ganar por parte del pueblo, y no técnicas, como conviene que sea.
Los expertos recordaron la crisis de racionamiento que tuvo el sector hace 30 años, cuando «el modelo lo manejaba el Estado basado en un fundamento político y no técnico, conduciendo al país, finalmente, a un apagón».
Con dicha experiencia negativa para Colombia, se tomó la decisión de cambiar el modelo para que las decisiones que se tomaran en la materia tuvieran criterios técnicos y no políticos. Por esta razón, además de los miembros del Gobierno mencionados más arriba, en el Comité de Expertos de la CREG también participan ingenieros que toman decisiones «eficientes, confiables, permitiendo que el servicio se preste siempre logrando evitar racionamientos desde dicha época».
«Todo el equilibrio en la regulación de los servicios lo ha permitido es la CREG, y es lo que de alguna manera está poniéndose en riesgo con las medidas que anunció Gustavo Petro por las decisiones que se tomarán desde la presidencia con un componente altamente político», advirtieron los expertos.
Desde este punto de vista, enviaron al país un mensaje de alerta sobre lo que denominaron «tres líneas rojas», que están relacionadas con la pérdida de confianza inversionista en el sector, el deterioro del funcionamiento en la cadena de generación y suministro y los altos costos de insumos del sector por factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania.
«La decisión de Gustavo Petro generaría la pérdida de confianza de los inversionistas del sector. Hoy todavía se requieren inversiones y continuar manteniendo la confiabilidad. Puede decaer la calidad del servicio ya que los anuncios de Petro pueden llevar a que se retiren los inversionistas llevando a un nuevo racionamiento de energía porque podría no haber cómo hacer mantenimiento y extensión de las redes», afirmaron los expertos consultados por IFMNOTICIAS.COM.
En palabras de ellos, así resumieron las tres «líneas rojas»:
- «Pérdida de confianza de los inversionistas del sector porque la CREG, que es el corazón, quedaría por fuera. Esto llevaría a que los inversionistas actuales dejen de invertir haciendo que se frenen importantes proyectos, o que lleguen nuevos inversionistas (que estamos necesitando), producto de la incertidumbre sobre las decisiones políticas que vaya a tomar Gustavo Petro.
- »Es importante recordar que la metodología de funcionamiento es altamente técnica. Se debe definir técnicamente (no políticamente) de dónde se generará la energía, cómo la distribuirán, cómo mantendrán el servicio a mediano y largo plazo, qué hacer cuando los embalses estén en su cuota mínima, todo eso se evalúa. Es cierto, políticamente puede generar una visión positiva porque la tarifa del servicio se reduce, pero técnicamente puede generar reacciones negativas a las entidades del sector por lo anteriormente explicado. Todo esto puede llevar a un mal funcionamiento del sistema que comprende desde la hidroeléctrica hasta la casa del usuario que recibe el servicio y no por falta de inversión, sino por señales que se envían desde la política.
- »La gente dice que «la tarifa de energía es alta». Pero debe tenerse en cuenta que la fijación de ese precio está recogiendo la inflación que está impactando al país: los insumos, el cable, los postes, los transformadores… todos los elementos que se utilizan para la prestación de ese servicio y que hoy tienen una inflación, también hace que el precio suba. Solo un pequeño porcentaje de operadores basan sus precios finales al consumidor en si el embalse está lleno o no mientras que un alto porcentaje de los operadores dependen de otros factores, como los antes mencionados. Otro aspecto importante a tener en cuenta aquí es que los altos precios actuales se deben a la coyuntura de los precios del carbón y el gas», puntualizaron los expertos del sector en diálogo con este medio.
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