Adjudicación de contrato electoral desata controversia entre la Registraduría y el Gobierno Nacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha desatado una nueva polémica al adjudicar un contrato por más de $41.017 millones de pesos para suplir soluciones logísticas, tecnológicas, informáticas y de servicios en procesos electorales de las Juntas Administradoras Locales (JAL) y consultas populares en el suroccidente de Colombia y el área metropolitana del Piedemonte Amazónico. La Unión Temporal Disproel 2024, de la cual una de las empresas participantes es Thomas Greg & Sons, resultó ganadora del proceso licitatorio, pese a las advertencias y presiones por parte del Gobierno Nacional.

A través de la Secretaría de Transparencia, la Presidencia de la República emitió una “alerta temprana” el pasado 7 de octubre, argumentando preocupaciones por falta de pluralidad en el proceso de contratación. El documento oficial señaló que existían presuntas limitaciones que habrían restringido la participación de otros oferentes en la convocatoria pública, lo que encendió una serie de acusaciones sobre la transparencia y el manejo del proceso. Todo parece indicar una posible persecución del Gobierno de Gustavo Petro contra la firma Thomas Greg.

Las inquietudes del Gobierno: plazos cortos y análisis económico opaco

La Secretaría de Transparencia, liderada por Andrés Idárraga, se mostró crítica con respecto a varios aspectos del proceso de adjudicación, citando, entre otras cosas, los cortos plazos establecidos para la ejecución de las actividades en relación con las fechas de las elecciones. Según el organismo, los tiempos no serían adecuados para garantizar la ejecución efectiva de las labores contratadas, lo que podría poner en riesgo el correcto desarrollo de los comicios.

Además de los plazos, se cuestionó la claridad del análisis económico presentado durante el proceso de contratación. En el documento enviado por la Secretaría, se subrayó la falta de transparencia en la evaluación de los antecedentes de las empresas participantes, especialmente en cuanto a sus experiencias previas en tareas similares, lo que podría haber desincentivado la entrada de otros competidores.

Idárraga, en declaraciones públicas, dejó claro que, de no estar conforme con la justificación presentada por el Registrador Nacional, Hernán Penagos, su despacho podría llevar el caso ante la Fiscalía General de la Nación. “Estamos esperando las respuestas del señor registrador. Dependiendo de ellas, procederemos a actuar o no. Esa actuación podrá ir desde una denuncia penal por incumplimiento de requisitos legales, hasta un interés indebido en la celebración de contratos”, expresó Idárraga.

El funcionario también hizo referencia a la histórica opacidad en la Registraduría Nacional, aludiendo a prácticas que datan desde 2007. “¿Está dispuesto a perpetuar estas actuaciones opacas?”, cuestionó.

La respuesta de la Registraduría y el respaldo de la Procuraduría

Ante las críticas, la Registraduría Nacional defendió el proceso, asegurando que todos los requisitos de transparencia fueron cumplidos y que la Procuraduría General de la Nación estuvo presente como garante del proceso. En su respuesta, la entidad afirmó que las observaciones presentadas por la Secretaría de Transparencia eran similares a las ya formuladas por otro participante en la licitación, sugiriendo que las preocupaciones ya habían sido revisadas y desestimadas durante el análisis técnico del proceso.

“La evaluación de las observaciones no solo se realizó en la fase de planificación, sino también durante la evaluación técnica de los argumentos presentados por los interesados en la convocatoria pública SA 006”, indicó la Registraduría en un comunicado.

Una de las partes interesadas que presentó observaciones fue el Grupo Cadena, quien, en un documento fechado el 2 de octubre, señaló la ausencia de grandes compañías internacionales que suelen participar en este tipo de procesos, como Smartmatic y Dominion Voting Systems. En particular, la referencia a Smartmatic generó suspicacias, dado que la empresa ha sido vinculada a procesos electorales en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, lo que plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad y transparencia en la contratación de servicios electorales. Llama la atención la similitud entre los reclamos del Gobierno a través del Idárraga y los reclamos de otros participantes, señaló una fuente interna en la registraduría.

La sombra de Smartmatic y el voto electrónico en Venezuela

Smartmatic, una empresa dedicada a proveer soluciones de voto electrónico, ha sido un actor controvertido en los procesos electorales de Venezuela. Su participación en elecciones de ese país ha sido fuertemente criticada por sectores que consideran que el voto electrónico bajo su supervisión ha facilitado fraudes a gran escala en favor del régimen chavista.

En el caso colombiano, la Secretaría de Transparencia y otros críticos del proceso de adjudicación han cuestionado la ausencia de empresas de gran renombre, como Dominion Voting Systems e Indra, en el proceso de contratación. Según el Grupo Cadena, la falta de estas grandes corporaciones en la licitación podría indicar que las condiciones impuestas para la participación no permitieron un acceso igualitario a los diferentes actores del mercado, lo que contraviene los principios de pluralidad y competitividad en la contratación pública.

El Grupo Cadena hizo hincapié en que la ausencia de estas grandes empresas podría deberse a las exigencias excesivas que, a su juicio, limitaron la participación y favorecieron a un número reducido de oferentes. Este argumento fue utilizado como base para las observaciones de la Secretaría de Transparencia, lo que refuerza la idea de que el proceso no fue suficientemente abierto a otros actores.

El impacto de las denuncias en el proceso electoral

La controversia alrededor de este contrato no es un tema menor, dado que se relaciona directamente con la organización de los procesos electorales en zonas clave del país. El suroccidente de Colombia y el área metropolitana del Piedemonte Amazónico enfrentan desafíos particulares en términos de logística electoral, especialmente en zonas rurales de difícil acceso. Por lo tanto, garantizar que los servicios contratados para estos comicios sean los más eficientes y transparentes es de vital importancia para el desarrollo democrático en estas regiones.

Las denuncias de irregularidades, en particular las relacionadas con la falta de pluralidad en el proceso de contratación, podrían derivar en retrasos o complicaciones en la organización de las elecciones locales. Si bien la Registraduría ha asegurado que todos los pasos se realizaron con la debida supervisión de la Procuraduría, las acusaciones del Gobierno Nacional y otros interesados mantienen en vilo la ejecución del contrato adjudicado.

Para algunos este proceso y el escándalo que le gobierno hace, tiene que ver con un primer round del Gobierno contra la Registraduría sobre quien será el encargado de llevar a cabo los procesos tecnológicos en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales del 2026, en donde el Gobierno Petro, quiere imponer condiciones y dejar por fuera a Thomas Greg, ante la intención que tendría de tener el control del proceso electoral.

Y es que ya se ha convertido en un patrón constante, que donde aparezca la empresa Thomas Greg, el Presidente Gustavo Petro hace lo imposible por oponerse. Ha pasado ya con el proceso de los pasaportes por ejemplo.

¿Qué sigue en este proceso?

El próximo paso en esta controversia depende de las respuestas que ofrezca el registrador Hernán Penagos a las observaciones del Gobierno Nacional. De no quedar satisfecho con dichas respuestas, la Secretaría de Transparencia tiene la opción de proceder legalmente, lo que podría llevar a una nueva fase judicial del caso. Una denuncia ante la Fiscalía por posibles delitos contra la administración pública podría extender aún más el proceso y entorpecer la ejecución de los servicios contratados.

Por ahora, el conflicto entre la Registraduría y el Gobierno Nacional continúa escalando, con la transparencia electoral en el centro del debate. La sociedad civil y los observadores electorales estarán atentos a cómo se resuelve este caso, pues el correcto manejo de los procesos electorales es esencial para la confianza en la democracia y en las instituciones del país.