ACOPI alertó sobre riesgos del Decreto 234 de 2026 para la sostenibilidad de las MiPymes

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI, expresó su preocupación frente a los efectos que podría generar el Decreto 234 de 2026 sobre el sector empresarial del país, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según el gremio, la nueva regulación introduce un modelo de negociación colectiva por niveles que podría trasladar cargas laborales, económicas y administrativas desproporcionadas a estas unidades productivas.

De acuerdo con ACOPI, el decreto habilita la negociación colectiva en ámbitos superiores al de cada empresa, permitiendo que se realicen acuerdos en niveles como grupos empresariales, ramas o sectores completos de actividad económica. Además, la norma establece que cuando existan varios actores dentro de un mismo ámbito de negociación, el proceso deberá adelantarse en una única mesa y con un solo pliego de peticiones.

Uno de los puntos que más inquietud genera entre las MiPymes es que las convenciones colectivas que se negocien a nivel sectorial serían obligatorias para todos los empleadores y trabajadores del sector correspondiente. Esto implicaría que miles de pequeñas empresas tendrían que cumplir compromisos laborales acordados bajo realidades económicas distintas a las de su operación cotidiana.

El decreto también contempla que estas convenciones sectoriales establezcan un piso mínimo de protección laboral que no podría ser reducido mediante acuerdos individuales a nivel empresarial. Para ACOPI, esta disposición limita la capacidad de las MiPymes de adaptar sus relaciones laborales a sus condiciones financieras, niveles de productividad y tamaño organizacional.

Aunque la norma menciona algunos mecanismos para considerar las particularidades de las pequeñas empresas, como la participación en las negociaciones, la gradualidad en la implementación y la inclusión de capítulos diferenciales, el gremio considera que estas salvaguardas no son suficientes. A su juicio, conceptos como “incidencia económica razonable” o “medidas para proteger la sostenibilidad financiera” quedan abiertos a interpretación y dependerán de las condiciones específicas en que se desarrollen las negociaciones sectoriales.

Otro aspecto que preocupa a la organización empresarial es el incremento de las cargas administrativas que implicaría la nueva regulación. El decreto exige a las empresas cumplir con procesos formales adicionales, entre ellos el intercambio de información económica, la atención de cronogramas de negociación, la participación en comisiones de seguimiento y la entrega de respuestas dentro de plazos establecidos. Mientras que estas exigencias pueden ser manejables para grandes compañías, ACOPI advierte que para muchas MiPymes representan costos adicionales difíciles de asumir.

El gremio reiteró su respaldo al diálogo social, a la libertad sindical y a la negociación colectiva como derechos constitucionales fundamentales. No obstante, insistió en que cualquier regulación laboral debe reconocer la estructura empresarial del país y diferenciar entre las capacidades de las grandes compañías y las de las micro y pequeñas empresas.

En Colombia, las MiPymes representan la base del tejido productivo, generan una parte significativa del empleo y sostienen economías locales en diferentes regiones. En ese sentido, ACOPI hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar el alcance del Decreto 234 de 2026 y evaluar posibles ajustes que eviten impactos desproporcionados sobre este segmento empresarial.

Según el gremio, una regulación laboral que no contemple diferencias reales entre tipos de empresa podría afectar la sostenibilidad de miles de negocios, reducir su competitividad y limitar su capacidad de generar empleo formal en el país.