En un fallo histórico, un jurado federal del estado de Florida, Estados Unidos, condenó a la multinacional bananera Chiquita Brands International a pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a las víctimas de grupos paramilitares en Colombia.
Chiquita Brands fue hallada culpable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde 1997 hasta 2004. La empresa admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa, “bajo presión”.
El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita no demostró que “la asistencia que brindó” al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una “amenaza ilegal, inmediata e inminente” por parte de este grupo terrorista.
Tampoco logró Chiquita demostrar que “no tenía otra alternativa razonable” que la de “proporcionar asistencia a las AUC”.
El fallo determinó que los dineros que la empresa giró a los paramilitares fueron utilizados para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas, entre otros delitos asociados al conflicto armado.
La decisión señala que los acusados son los estadounidenses Dorn Robert Wenninger, John Paul Olivo y Charles Dennis Keiser, así como al costarricense José Luis Valverde Ramírez y al hondureño Fuad Alberto Giacoman Hasbún.
Según se detalla, las pruebas recogidas demuestran que la empresa financió al frente Arlex Hurtado de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a través de su filial Banadex y Banacol.
Por todo ello, la multinacional es condenada a pagar $38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo, especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).
Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial.
EarthRights International es uno de los grupos que presentaron, en 2007 en la Corte Federal de Nueva Jersey, una demanda contra Chiquita Brands, a la que acusaron de haber apoyado económicamente a ese grupo de paramilitares en Colombia.
Después de una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió.
En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.
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