Audiencia clave define si Nicolás Petro enfrentará prisión preventiva por caso de contratación en Atlántico

Este viernes se instaló en Barranquilla la audiencia en la que un juez tendrá que resolver si impone o no medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exdiputado Nicolás Petro, investigado por presuntas irregularidades en procesos de contratación adelantados con recursos públicos del departamento del Atlántico. La diligencia es dirigida por el juez Jorge Alberto Ortiz y hace parte de las audiencias preliminares dentro de un proceso penal que avanza hacia una eventual etapa de juicio.

La Fiscalía sostiene que Nicolás Petro habría participado en la estructuración y celebración de contratos irregulares entre la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico durante la administración de Elsa Noguera. Según la imputación presentada por la fiscal Lucy Laborde, los hechos se remontan al año 2021 y comprometerían al exdiputado en la suscripción de al menos dos contratos por un valor aproximado de 111 millones de pesos.

De acuerdo con el ente acusador, en estas actuaciones también habrían intervenido la entonces pareja de Petro, Day Vásquez; el empresario Pedro Name; Gustavo de La Ossa, y Raúl Lacouture, quien para la época se desempeñaba como secretario general de la Gobernación. La Fiscalía considera que la participación de estos actores permitió direccionar los contratos y facilitar el manejo irregular de los recursos.

Nicolás Petro fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Durante la audiencia de imputación, el exdiputado se declaró inocente de todos los cargos formulados en su contra y manifestó su disposición a enfrentar el proceso dentro de los cauces judiciales.

En el desarrollo de la diligencia en la tarde de este viernes, la Procuraduría General de la Nación intervino para oponerse a la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida privativa de la libertad. El delegado del Ministerio Público señaló que, a su juicio, no existen elementos suficientes para concluir que Nicolás Petro represente un riesgo de reiteración delictiva o de obstrucción a la justicia que justifique su envío a un centro penitenciario.

“La sola imputación de conductas punibles no permite inferir de manera razonable que el procesado continuará cometiendo delitos en el futuro”, sostuvo el representante de la Procuraduría ante el despacho judicial, al argumentar su postura contraria a la detención preventiva.

Por su parte, el abogado defensor Alejandro Carranza solicitó al juez negar la medida de aseguramiento, al considerar que la Fiscalía ha incurrido en irregularidades durante el desarrollo del proceso. El penalista afirmó que no se cumplen los requisitos legales para restringir la libertad de su defendido y pidió que el trámite continúe sin la imposición de una medida carcelaria.

El juez Jorge Alberto Ortiz deberá evaluar los argumentos de la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público para definir si Nicolás Petro enfrentará el proceso en libertad o si será enviado de manera preventiva a la cárcel mientras avanza la investigación.