La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 39 exintegrantes de la fuerza pública involucrados en hechos conocidos como falsas bajas en combate ocurridos en Antioquia.

Los comparecientes pertenecieron a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), unidad que tenía operaciones en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, luego de analizar los aportes entregados por los comparecientes dentro del proceso restaurativo y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el régimen de condicionalidad.

Los hechos evaluados correspondieron a 10 casos ocurridos entre 2004 y 2008, en los que 18 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas falsamente como integrantes de grupos ilegales muertos en combate.

Las víctimas identificadas fueron: Adrián Mauricio Sierra Torres, Ferney Alonso Múnera, Gilmer Darío Pino Álvarez, Robinson Carvajal Herrera, Diego Alfonso Ortiz Muñoz, Robinson Úsuga Manco, José Joaquín Idárraga Naranjo, Norberto de Jesús Pérez Restrepo, Josué Quinto Brand, Héctor Arley Peláez Chalarca, Carlos Andrés Herrera Mejía, Jhon Andrés Gómez, Jeison Andrés Torres Blandón, Víctor León Betancur Peña, Hawin Parra Rentería, Juan Andrés Quejada Palomeque, Deyson Alfonso Acosta Gutiérrez y Julián Darío Villa Rúa.

Se mencionó que tras la revisión de los expedientes, los magistrados determinaron que los comparecientes cumplieron con las obligaciones exigidas por la JEP, entre ellas aportar verdad plena, detallada y exhaustiva sobre los hechos, reconocer responsabilidad por su participación, contribuir a medidas de reparación y presentar compromisos de no repetición.

La jurisdicción indicó también que los comparecientes realizaron acciones orientadas a dignificar a las víctimas, entre ellas expresiones de restablecimiento del buen nombre, ofrecimientos de perdón y actos relacionados con la memoria.

Del grupo de 39 comparecientes, 29 no habían sido investigados, procesados o condenados por estos hechos en la justicia ordinaria. Sin embargo, según la JEP, reconocieron por primera vez su participación y asumieron responsabilidad dentro del escenario judicial transicional.

La decisión se generó dentro de la denominada Ruta No Sancionatoria de la JEP, un mecanismo mediante el cual se resuelve la situación jurídica de quienes no fueron determinados como máximos responsables de crímenes no amnistiables, pero participan en un proceso restaurativo que busca garantizar los derechos de las víctimas.

La JEP explicó también que un compareciente no es considerado máximo responsable cuando, aunque haya tenido participación en los hechos, no desempeñó un papel determinante en el diseño o ejecución de los patrones criminales establecidos dentro de las investigaciones de la jurisdicción.

Con el beneficio de renuncia a la persecución penal, los comparecientes obtuvieron una resolución definitiva de su situación jurídica, que incluye la eliminación de antecedentes penales y órdenes de captura, además del archivo de investigaciones disciplinarias relacionadas con estos hechos.

A la fecha, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP había resuelto la situación jurídica de 911 comparecientes vinculados a crímenes no amnistiables mediante 32 decisiones. De estas, seis correspondieron a la Subsala Segunda, encargada de abordar hechos ocurridos en Antioquia y otras regiones del país, con 106 comparecientes.

Asimismo, la Sección de Apelación de la JEP había emitido en el pasado ya siete sentencias relacionadas con recursos presentados por víctimas y por la Procuraduría General de la Nación, confirmando las decisiones sobre las renuncias a la persecución penal otorgadas.

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