Gobernación de Antioquia había advertido en junio al Ministerio de Defensa sobre crisis de orden público en Amalfi

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia había advertido desde el pasado 4 de junio al Ministerio de Defensa sobre la crítica situación de orden público en el municipio de Amalfi, en el nordeste del departamento. En un documento oficial, firmado por el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, se solicitaba de manera urgente la presencia del Ejército Nacional y un refuerzo del pie de fuerza en la zona.

La comunicación fue dirigida al ministro de Defensa, brigadier general (r) Pedro Sánchez Suárez, y hacía referencia al enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las FARC en la vereda Los Toros. Allí se advertía del deterioro progresivo del orden público, las amenazas a la población civil, desplazamientos forzados y el riesgo para líderes sociales, incluido el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Toros, desaparecido desde el 2 de junio.

El documento señalaba que la capacidad operativa de la Policía y el Ejército en la jurisdicción estaba desbordada y pedía el despliegue inmediato de tropas para establecer control territorial y prevenir nuevas acciones violentas. “Las comunidades reclaman la acción decidida del Estado. El silencio o la respuesta insuficiente frente a esta situación compromete seriamente la legitimidad institucional y deja en estado de vulnerabilidad a líderes sociales, campesinos, comerciantes, estudiantes, y a toda la ciudadanía en general”, advertía la carta enviada al Ministerio de Defensa.

Con base a lo anterior, analistas y líderes políticos dijeron que, pese a la advertencia, no se tomaron medidas. Lo ocurrido ayer, 21 de agosto, en zona rural de Amalfi —el ataque terrorista que dejó ocho policías muertos y ocho más heridos tras el derribamiento de un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional— pudo haber sido advertido o mitigado con una acción preventiva del Gobierno Nacional.

La Gobernación de Antioquia había insistido en la necesidad de un plan operativo sostenido basado en inteligencia, con puestos de control estratégicos y vigilancia permanente. Hoy, dos meses y medio después de ese llamado, la advertencia se convirtió en una realidad con consecuencias fatales.