(EXCLUSIVO) Impuesto de seguridad: ¿existe una “Guerra Fría” entre Gobernación y Alcaldía?

El reciente acuerdo aprobado por la Asamblea Departamental para la creación de un impuesto de seguridad, que pretende ser recaudado a través de las facturas de servicios públicos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), ha encendido una polémica en Antioquia. La controversia ha dado pie a rumores sobre una supuesta “Guerra Fría” entre el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alimentados por reacciones políticas, gremiales y la respuesta negativa de la Alcaldía frente al mecanismo de cobro propuesto.

Sin embargo, fuentes oficiales de ambas administraciones aseguran que no hay conflicto político entre los dos mandatarios, quienes afirman trabajar de manera conjunta por el desarrollo del departamento.

El impuesto de la discordia

La medida, defendida por la Gobernación como una estrategia para fortalecer la seguridad en Antioquia, se implementará exclusivamente para los estratos 4, 5 y 6, así como para empresas comerciales e industriales, concentrándose geográficamente en el Área Metropolitana. Esto ha generado inconformidad en Medellín, cuyos habitantes y empresarios asumen la mayor carga del gravamen, mientras que otros municipios del departamento quedan prácticamente exentos.

Por su parte Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresó su desacuerdo con el impuesto y la propuesta de recaudo a través de EPM, argumentando que “ni las empresas ni los ciudadanos aguantan más impuestos”. La negativa de EPM para asumir este rol ha sido contundente, advirtiendo que su participación no está dentro de su misión ni es viable frente al panorama financiero actual.

Entre tanto los gremios productivos de Antioquia, como ACOPI, han rechazado abiertamente la medida. En un comunicado, ACOPI señaló: “Rechazamos la forma como fue aprobado el proyecto de ordenanza. Este impuesto no fue un acuerdo. No fue un consenso. Es una imposición”. Estas declaraciones, sumadas a la postura de otros sectores, han llevado a una percepción de polarización en la región.

El ruido político y gremial

La decisión de la Gobernación, representada por el secretario de Hacienda, Santiago Valencia, de socializar el proyecto con los gremios antes de su aprobación, no logró aplacar las críticas. Aunque se realizaron reuniones para explicar la motivación del impuesto y escuchar propuestas, algunas voces consideran que el proceso no fue inclusivo ni suficientemente consensuado.

Uno de los puntos más controvertidos es que, aunque la Gobernación propuso topes para evitar afectaciones desproporcionadas, la distribución del gravamen sigue siendo vista como inequitativa. Esto se debe a que la responsabilidad recae mayoritariamente sobre Medellín y el area metropolitana, mientras que otros municipios, que también enfrentan retos de seguridad, quedan excluidos del pago.

Declaraciones que avivan la controversia

Un trino del expresidente Álvaro Uribe, conocido por su cercanía con ambos líderes, alimentó aún más la percepción de tensiones políticas. En su mensaje, Uribe expresó: “Decidieron sin mayores esfuerzos para buscar consensos. Es posible que lo que necesitan no lo consigan, pero es seguro que afectan la relación con aliados y también el interior de la colectividad”.

A esta situación se suman rumores sobre posibles acciones legales por parte de la Gobernación para obligar a EPM a recaudar el impuesto, lo que ha intensificado las especulaciones sobre un distanciamiento entre Rendón y Gutiérrez.

Desde la Alcaldía: una “Guerra Fría” inexistente

Pese a la polémica, tanto la Gobernación como la Alcaldía de Medellín desmienten categóricamente cualquier tipo de ruptura o enfrentamiento político. Según las fuentes consultadas por IFMNOTICIAS, lo que existe es un desacuerdo puntual sobre el tema del impuesto y el mecanismo de recaudo, pero este no trasciende a otros aspectos de la relación entre los dos mandatarios.

De hecho, se destacó que la agenda conjunta entre Rendón y Gutiérrez sigue avanzando con proyectos estratégicos para la región. Entre estos se incluyen la compra de nuevos trenes para el Metro de Medellín, el impulso al Túnel del Toyo, la búsqueda de soluciones para las universidades públicas, la autonomía fiscal y el avance en Hidroituango.

Señalan que una muestra del trabajo conjunto es el esfuerzo por modificar los estatutos del Metro de Medellín, en un intento por blindar el sistema frente a posibles intervenciones del Gobierno Nacional. Ambos líderes han reiterado su compromiso con estos proyectos y su intención de trabajar en unidad por el desarrollo de Antioquia.

Desde la Alcaldía, se explica que la expresión del Alcalde en su tirno es genuina, pues ve el impuesto inconveniente, pero que eso no significa que haya distanciamiento, molestia y menos una guerra fría, que lo que en cambio sí hay, es respeto, admiración y cariño por el Gobernador y su trabajo, sentimientos que se mantienen no solo en el plano institucional, sino personal desde el mandatario de los medellinenses.

Invitan a evitar hacerle juego a quienes en realidad intentan buscar divisiones en una Antioquia que hoy mas que nunca debe permanecer unida, ante las amenazas y ataques que viene sufriendo desde diferentes sectores del Gobierno Nacional y que se continuará por la senda del trabajo conjunto y la unión para sacar esta región adelante.

Desde la Gobernación: claridad y alternativas

Desde la Gobernación una dosis igual o mayor. Consideración y respeto al Alcalde, fue lo único que IFMNOTICIAS encontró en las respuestas de las fuentes de alto nivel consultadas y las referencias al mandatario de los medellinenses por parte del Gobernador, señalan, que solo son de repeto y cariño y mucho entusiasmo para seguir trabajando unidos.

Ante el ruido generado, la Gobernación de Antioquia ha reiterado que no existe intención de presionar a EPM mediante acciones legales. Fuentes confidenciales indicaron a IFMNOTICIAS que, aunque el mecanismo ideal para el cobro sería a través de las facturas de EPM, se respetará la decisión de la empresa de no participar. Además, se contemplan alternativas como el uso de otros agentes de recaudo o herramientas existentes como la plataforma Valor+ que ya opera para otros impuestos departamentales o la utilización de facturadores externos o replicar el sistema de recuado de vehículos; total, indican, todavía falta la reglamentación y la reforma al Estatuto Tributario de Antioquia.

En ese mismo sentido, el Gobernador Andrés Julián Rendón, en su cuenta de X señaló la nula intención de emprender medidas contra EPM o meterse en alguna disputa, y por el contrario, respetar la autonomía y decisión libre de EPM y del Alcalde de Medellín.

La Gobernación también enfatizó que este impuesto es vital para fortalecer la seguridad en todo el departamento y que su implementación se hará de manera gradual, contemplando descuentos, plazos flexibles y posibles opciones de obras por impuestos para mitigar el impacto.

Las fuentes señalan que hoy más que nunca, el dicho popular de que “la seguridad no tiene precio” tiene asiento real en las actuales necesidades del departamento, que se ve desbordado en acciones delincuenciales sin tener recursos, pues la.regiòn como se sabe, está desfinanciada y la seguridad, es prioridad para que no se salga de las manos.

Gremios y ajustes pendientes

A pesar de las aclaraciones, los gremios productivos mantienen su posición crítica. En particular, ACOPI y FENALCO con algunos empresarios del comercio, quienes han manifestado su preocupación por el impacto del impuesto en la competitividad regional. No obstante, desde la Gobernación aseguran que se realizarán nuevas reuniones con sectores productivos para ajustar detalles en la reglamentación del gravamen.

En este sentido, se buscarán mecanismos que reduzcan las cargas tributarias, ofrezcan incentivos y fortalezcan la colaboración con las empresas para que el impuesto sea percibido como una contribución justa y necesaria.

IFMNOTICIAS conoció fotografías que desmienten la versión de que el impuesto no se socializó y no escuchó a los gremios. Es más, se aclaró que en un primer momento, ACOPI no fue convocado porque el primer borrador no consideraba los consumos de las mipymes, pero que tras el avance del proyecto y escuchando a los demás gremios, terminó siendo incluido, por lo que se realizaron conversaciones telefónicas, explicando y escuchando las inquietudes.

Es claro también que en el caso de FENALCO Antioquia, la posición fue siempre orientada al hundimiento de la propuesta y que las propuestas realizadas verbalmente, nunca fueron llevadas de manera formal por escrito a la mesa. IFMNOTICIAS conoció que el único gremio que sí aportó una propuesta formal, fue la ANDI seccional Antioquia, cuya propuesta de poner topes para las empresas, fue acogido, incluido en el proyecto de acuerdo y aprobado en el articulado de la Ordenanza en la Asamblea.

Ruido mediático, pero sin fracturas

La narrativa de una “Guerra Fría” entre Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez ha sido desmentida por ambas partes. Aunque el debate en torno al impuesto de seguridad ha generado divisiones en la opinión pública, los líderes han dejado claro que no existe un distanciamiento político ni institucional.

También quedó claro que todos reclaman seguridad, pero muchos se resisten a pagar por ella y, aunque muchos de los argumentos son válidos, es cierto que el marco de gestión de la Gobernación se ve reducido en la normatividad, que tiene a los departamentos al borde de ahogarse en la desfinanciación, por lo que se ha insistido en la recolección de firmas para buscar una Autonomía Fiscal, que le entregue al departamento, recursos para poder financiar sus proyectos.

Más allá de las diferencias puntuales sobre el impuesto entre el Alcalde y el Gobernador, el trabajo conjunto entre entre los dos como líderes y entre las dos administraciones de manera institucional continúa sin lesiones, siendo la prioridad para ambos mandatarios, quienes se han comprometido a unir esfuerzos en temas estratégicos para Antioquia y Medellín.

Por ahora, la discusión sobre el impuesto de seguridad sigue abierta, y su implementación dependerá de una reglamentación que logre equilibrar las cargas y minimizar las molestias de los sectores afectados. La fecha en la que la ordenaza entra a regir es el 1 de enero de 2025, pero el impuesto no se comenzará a cobrar hasta tanto no se haya reglamentado la ordenanza y se haya realizado la reforma el Estatuto Tributario, lo que se espera esté listo durante el primer trimestre del próximo año.

Lo que queda claro es que, pese a las diferencias, no hay lugar para una ruptura entre las dos principales administraciones del departamento y mucho menos una «guerra fría» ni política, ni personal, ni administrativa entre los dos mandatarios y administraciones.