¡De no creer! Verónica Estrada habría sido bachiller solo en los documentos, también hay inconsistencias con este título
La representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada, enfrenta graves denuncias por presuntas inconsistencias en sus títulos de bachiller y de ingeniera, lo que ha llevado el caso ante la Corte Suprema y la Fiscalía.
Un nuevo escándalo sacude los cimientos del Pacto Histórico en el departamento de Antioquia, tras revelarse graves inconsistencias en la trayectoria académica de la representante a la Cámara, Luz Verónica Estrada Holguín. La denuncia que ha escalado a instancias judiciales y disciplinarias y se originó a partir de una investigación periodística de Caracol Radio que puso en duda también la obtención de su título de bachiller, un requisito básico para cualquier trámite de educación superior o contratación estatal.
Inconsistencias en el título de bachiller
De acuerdo con la investigación revelada, existen contradicciones insalvables en los registros escolares de la congresista. El medio de comunicación consultó directamente a una institución educativa ubicada en el municipio de Caramanta, Antioquia, y tuvo acceso a los registros oficiales del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Los datos encontrados revelaron que para el año 2017, Estrada Holguín figuraba en el sistema cursando apenas el octavo grado de educación básica secundaria.
El problema surgió tras contrastar esta información con un diploma de bachiller que aparece a su nombre, que esta fechado precisamente en ese mismo año 2017. Con todo esto, resulta físicamente imposible, bajo la normativa educativa colombiana, que una estudiante curse el octavo grado y obtenga el título de bachiller (grado undécimo) de manera simultánea en el mismo periodo lectivo.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeLo que ha sembrado dudas sobre la autenticidad del documento que la certifica como bachiller, sugiriendo que el título podría haber sido obtenido de manera irregular o que los documentos presentados no corresponden a la realidad de su formación académica.
El cuestionado título de la Universidad Nacional
A la sombra de las dudas sobre su bachillerato, se suman cuestionamientos aún más graves respecto a su formación profesional. Luz Verónica Estrada Holguín ha asegurado ser egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, no obstante, hace poco la propia institución educativa ha desmentido esta información de manera oficial.
En respuesta a una solicitud de información radicada en octubre de 2025, la Universidad Nacional de Colombia fue enfática al asegurar que, tras realizar una revisión exhaustiva de sus archivos académicos y bases de datos de egresados, el nombre de Luz Verónica Estrada Holguín no figura como graduada ni egresada del mencionado programa de ingeniería. Esta respuesta institucional contradice directamente la hoja de vida y las declaraciones de la representante, quien habría utilizado dicha titulación para acreditar su idoneidad profesional.
Sumado a lo anterior, las indagaciones se extendieron al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), entidad encargada de vigilar el ejercicio de la ingeniería en Colombia y de expedir las tarjetas profesionales. Según los reportes, el nombre de la congresista no aparece en el sistema de autenticación de certificados de dicha entidad.
Además, se han señalado posibles inconsistencias en el acta de grado que ha circulado públicamente, donde se advierte que una de las firmas presuntamente no corresponde a la persona que ejercía como decana de la Facultad de Minas en la época señalada en el documento.
Denuncias ante organismos de control
Ante la contundencia de los hallazgos y la ola de cuestionamientos, la senadora Jennifer Pedraza, perteneciente al partido Dignidad y Compromiso, decidió llevar el caso ante las máximas autoridades judiciales y administrativas del país. Pedraza radicó denuncias formales ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
El eje central de la denuncia fue el presunto uso de estos documentos académicos para acceder a la contratación pública. Específicamente, se señala que Estrada habría acreditado esta formación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para obtener el contrato n.° 00-050-2025. Dicho contrato alcanzó un valor de 78 millones de pesos, recursos públicos que habrían sido asignados bajo el supuesto de que la contratista cumplía con los requisitos de formación profesional exigidos.
La senadora Pedraza ha solicitado que se investigue la posible comisión de delitos de alto impacto, tales como falsedad material en documento público, obtención de documento público falso, uso de documento falso, fraude procesal y falsedad personal. Asimismo, se busca determinar si se incurrió en la celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y si existe un detrimento patrimonial, dado que el pago de los honorarios se habría sustentado en una idoneidad profesional aparentemente inexistente.
Dentro del paquete de pruebas solicitado por Pedraza, se incluye la recopilación de testimonios y documentos de la Universidad Nacional de Colombia, el COPNIA, la DIAN, el Ministerio de Educación, el ICFES y la institución educativa de Caramanta. El objetivo es trazar la línea de tiempo real de la formación de la representante y verificar la autenticidad de cada uno de los soportes presentados en su trayectoria pública y contractual.
Reacciones políticas y futuro de la curul
El impacto político de estas revelaciones no se ha hecho esperar. Desde el Pacto Histórico, colectividad a la que pertenece la representante, se emitió un pronunciamiento rechazando cualquier conducta que atente contra la ética pública o que involucre la falsedad documental. El partido manifestó su compromiso con la transparencia y anunció que el Comité de Ética activará los mecanismos disciplinarios internos para evaluar la situación de Estrada.
A pesar de que el partido ha pedido respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, el malestar interno es evidente. Por otro lado, la senadora Jennifer Pedraza ha sido tajante al solicitar la renuncia inmediata de Estrada a su curul en la Cámara de Representantes. Según Pedraza, los cuestionamientos sobre su formación académica son de tal gravedad que resultan incompatibles con la dignidad del cargo y la responsabilidad de representar a los ciudadanos en el Congreso de la República.
Por ahora, el caso queda en manos de las autoridades competentes, quienes deberán determinar si la representante antioqueña engañó al Estado y a sus electores. Mientras las investigaciones avanzan, Luz Verónica Estrada Holguín mantiene su derecho a la defensa y deberá presentar las explicaciones y pruebas que aclaren por qué sus registros en el SIMAT, los archivos de la Universidad Nacional y los datos del COPNIA contradicen los títulos que ella asegura poseer.
Preguntas y respuestas de contexto
¿De qué se le acusa a la representante Verónica Estrada?
La congresista del Pacto Histórico enfrenta denuncias por presuntas inconsistencias en sus títulos de bachiller y de ingeniera de minas, los cuales habrían sido falsificados para acceder a cargos y contratos públicos.
¿Qué irregularidades se encontraron en sus títulos académicos?
Los registros muestran que en 2017 cursaba octavo grado pese a tener un diploma de bachiller de ese mismo año, mientras que la Universidad Nacional de Colombia confirmó que ella no figura como graduada de su programa de ingeniería.
¿Qué acciones legales se han tomado frente a este caso?
La senadora Jennifer Pedraza radicó denuncias ante la Corte Suprema, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por delitos como falsedad en documento público, fraude procesal y celebración de contrato sin requisitos legales.
¿Cómo habría utilizado Estrada estos documentos cuestionados?
Se investiga si la representante utilizó la titulación falsa para acreditar idoneidad profesional ante la DIAN y obtener un contrato por 78 millones de pesos.
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