Alcalde de Medellín y gobernador Andrés Julián Rendón, cuestionaron supuesto vínculo entre jefes de las disidencias con general del Ejército

Luego de que Noticias Caracol difundiera un reportaje donde se pone en evidencia un supuesto vínculo entre altos mandos del Estado colombiano y las disidencias de las Farc, en cabeza de alias “Iván Mordisco”, y alías “Calarcá”, los mandatarios antioqueños se refirieron al tema. 

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escribió en su cuenta de X : “¿Si las Farc son un grupo terrorista dedicado al Narcotráfico, que viene siendo un gobierno que los apoya? ¿Qué viene siendo quien lidera ese gobierno apoyado por los terroristas en campaña?”. 

Mientras que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, reiteró que ya desde hace 16 meses, la Gobernación de Antioquia denunció las acciones ilegales que viene cometiendo alias Calarcá en contra de los antioqueños y los colombianos. 

Por otra parte, lamentó que el operativo realizado en julio de 2024 entre Barbosa y Porcesito en el que fueron capturados alias Calarcá y otros integrantes de las disidencias de las Farc “terminara echado al traste por cuenta de las decisiones del presidente Gustavo Petro y de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo”, quienes, según afirmó, ordenaron la libertad de los detenidos.

En el reportaje emitido por Caracol Televisión se hizo referencia a este operativo y se presentó material que incluye chats, correos electrónicos, cartas, fotografías y otros documentos que apuntarían a una presunta relación entre las disidencias y actores estatales.

Entre los señalados se encuentran el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército Nacional, y Wílmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De acuerdo con la información expuesta en el reportaje, cuya duración supera los 30 minutos, Huertas y Mejía habrían colaborado con las disidencias en la creación de empresas de seguridad legal, estructuras que combinarían personal armado de los grupos ilegales con permisos oficiales para la operación de armas.

Asimismo, y dando mayor gravedad a las revelaciones, se indicó que estos funcionarios habrían filtrado información sobre militares que adelantaban actividades contra las disidencias, con el fin de evitar capturas y facilitar el movimiento de los grupos ilegales en regiones como Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar.

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Los documentos también indican que, tras las capturas e incautaciones de dispositivos electrónicos realizadas en 2024, las acciones contra las disidencias se habrían detenido, lo que permitió su expansión territorial y operativa.

Por otra parte, en uno de los intercambios de mensajes atribuidos a “Iván Mordisco” y un miembro de las disidencias, se lee lo siguiente: “Yo tengo ganas de tumbar a Petro… con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado Mayimbú lo tumbamos, esas pruebas están…”, señala el cabecilla.

Luego agrega que “ese hp remetió con toda y dictó orden de capturarme; no se imagina que si tenemos las pruebas, todo se hizo a través de Francia Márquez”, según el contenido del chat divulgado.

Frente a estas revelaciones, el gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que quedaba en evidencia que, a su juicio, el presidente Gustavo Petro habría correspondido a los intereses de criminales de las Farc, no solo con información de inteligencia del Estado, sino también con la lealtad de un sector de las Fuerzas Militares.

“Hoy, más que nunca, también queda en evidencia una triste y lamentable cooptación por parte de los criminales de distintos órganos del Poder Público en Colombia. Queda en evidencia un concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo y los criminales de las Farc”, sostuvo el mandatario departamental.

De igual forma, hizo un llamado al Gobierno de los Estados Unidos al considerar que “la fiscal no tiene quién la ronde”, e instó a que se examine su actuar, dado que según aseguró la información habría permanecido archivada durante más de 16 meses sin ser investigada ni llevada a juicio.

Además, en relación con Wílmar Mejía, alto directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia que integra el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y otras instituciones públicas del departamento en representación del Gobierno Nacional, Rendón pidió a la comunidad académica y estudiantil exigir su renuncia.

“No tiene nada que hacer un director de inteligencia representando al presidente de la República en el Consejo Superior del Alma Máter”, manifestó. Hasta el momento, los funcionarios mencionados y la Presidencia no han emitido pronunciamientos oficiales sobre la investigación.

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