(ANÁLISIS) Judicialización de la política y campañas electorales. El debate sobre el uso estratégico de los tribunales en Colombia en la camapaña de Iván Cepeda

Las campañas presidenciales modernas ya no se libran exclusivamente en los debates, las propuestas programáticas o las giras regionales. En Colombia, al igual que en otras democracias, los procesos judiciales se han convertido en un elemento recurrente de la competencia política.

Durante las últimas semanas, la campaña de Iván Cepeda y sectores afines han promovido diversas acciones jurídicas relacionadas con sus contradictores políticos, entre ellos el candidato Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Paralelamente, desde la campaña de De la Espriella y desde sectores de oposición se han formulado cuestionamientos sobre la oportunidad, el alcance y los objetivos de esas actuaciones, subrayando el uso no ético de la justicia con fines electorales y de venganza personal para borrar del mapa político a los opositores.

El fenómeno ha reabierto una discusión que trasciende los nombres propios: ¿hasta qué punto los recursos judiciales forman parte legítima del control democrático y cuándo comienzan a percibirse como herramientas de confrontación política?

La pregunta no es menor, especialmente en una campaña marcada por una fuerte polarización ideológica y por una disputa que muchos consideran definitoria para el rumbo político del país.

El concepto de “lawfare” y su uso en el debate político

El término lawfare se ha convertido en una de las expresiones más utilizadas en la discusión política contemporánea. El concepto suele emplearse para describir situaciones en las cuales los instrumentos jurídicos son utilizados con efectos de activismos políticos que van más allá de la simple búsqueda de justicia. La expresión ha sido utilizada por dirigentes de izquierda y centro principalmente, en distintas regiones del mundo cuando consideran que existe una utilización estratégica de los tribunales para afectar adversarios políticos.

En América Latina el término ha aparecido en debates relacionados con Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia. Sin embargo, una de las principales dificultades del concepto es que suele convertirse en una acusación política en sí misma. Lo que para unos constituye una acción legítima dentro del Estado de Derecho, para otros representa una forma de instrumentalización de la justicia.

Precisamente por ello, cada caso debe analizarse a partir de hechos verificables y decisiones concretas de las autoridades judiciales.

La ofensiva jurídica en medio de la campaña

La campaña presidencial colombiana ha mostrado una creciente tendencia hacia la judicialización de las controversias políticas.

Diversas acciones han sido promovidas alrededor de temas relacionados con propaganda electoral, requisitos de candidaturas, expresiones públicas, uso de símbolos de campaña y controversias derivadas del debate político.

Algunas de esas actuaciones han sido impulsadas por sectores cercanos a Iván Cepeda. Otras han sido promovidas por sectores cercanos a sus opositores y otras directamente por él. En todo caso, el denominador común es Iván Cepeda.

Lo que llama la atención de diversos observadores es la intensidad y frecuencia con que los litigios han comenzado a reemplazar los escenarios tradicionales de confrontación política. Cepeda en vez de argumentos o de participar en el debate abierto en medios, se manifiesta a través de acciones de tutela, demandas, denuncias y otras acciones jurídicas, no para abrir el debate, sino para tratar de borrar al enemigo político y buscar sacarlo de la contienda por vía judicial.

En lugar de concentrarse exclusivamente en programas de gobierno, economía, seguridad o políticas sociales, buena parte de la discusión pública ha terminado desplazándose hacia expedientes, tutelas, recursos administrativos y procesos judiciales.

Esa tendencia genera preguntas sobre el impacto que puede tener en la percepción ciudadana de la democracia y de las instituciones.

El caso Uribe y el debate sobre la oportunidad política

Uno de los episodios que más controversia ha generado corresponde a las actuaciones judiciales relacionadas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez a quien Cepeda persigue de manera inclemente.

Uribe sigue siendo una de las figuras más influyentes de la política colombiana y un actor relevante dentro del respaldo político a Abelardo de la Espriella.

Por esa razón, cualquier actuación judicial que lo involucre adquiere inevitablemente una dimensión política. Los críticos de estas actuaciones consideran que algunos anuncios y decisiones terminan generando impactos mediáticos significativos en momentos electorales particularmente sensibles.

Por otro lado, quienes defienden la actuación de las autoridades sostienen que los procesos judiciales deben seguir su curso independientemente del calendario electoral.

La discusión refleja una tensión permanente en las democracias contemporáneas: cómo garantizar la independencia judicial sin que las decisiones de los órganos de justicia terminen siendo interpretadas como intervenciones indirectas en la competencia política.

El caso Abelardo de la Espriella y el ejercicio profesional del derecho

Otro frente de controversia ha estado relacionado con cuestionamientos dirigidos contra Abelardo de la Espriella por actuaciones derivadas de su trayectoria como abogado penalista.

La campaña de Cepeda, de manera desesperada, ha planteado debates sobre clientes defendidos durante su ejercicio profesional y sobre determinadas actuaciones jurídicas desarrolladas a lo largo de su carrera.

Sin embargo, desde la propia campaña de De la Espriella se ha insistido en que el ejercicio profesional de la defensa constituye una actividad protegida dentro del sistema jurídico y que representar clientes no implica compartir sus conductas o responsabilidades.

Ese principio forma parte de una garantía fundamental de cualquier Estado de Derecho: toda persona tiene derecho a una defensa técnica adecuada y los abogados no responden penalmente por las conductas atribuidas a quienes representan profesionalmente.

La controversia demuestra cómo, en contextos electorales altamente polarizados, incluso actividades propias del ejercicio profesional terminan convirtiéndose en objeto de confrontación política.

Cuando la estrategia judicial produce efectos inversos

Uno de los fenómenos más interesantes de la coyuntura actual es que algunas actuaciones jurídicas parecen haber generado efectos políticos distintos a los inicialmente esperados.

En lugar de debilitar la campaña de Abelardo de la Espriella, los analistas señalan que importantes sectores de la opinión pública interpretan la acumulación de demandas, denuncias y recursos como señales de confrontación excesiva y desesperación en la camapaña de Cepeda, mostrando debilidad restándole credibilidad.

La percepción ciudadana suele ser particularmente sensible frente a cualquier impresión de abuso institucional, explican. Cuando una campaña aparece excesivamente concentrada en la eliminación jurídica de sus adversarios, corre el riesgo de desplazar la atención desde sus propuestas hacia sus métodos de confrontación.

En términos políticos, eso puede generar costos reputacionales importantes, pues la ciudadanía suele esperar que los candidatos dediquen la mayor parte de sus esfuerzos a explicar cómo gobernarán el país y no exclusivamente a litigar contra sus competidores.

El impacto sobre la confianza en la justicia

Más allá de los efectos electorales inmediatos, el aspecto más delicado es el impacto que estas controversias producen sobre la credibilidad institucional.

La justicia depende de un activo fundamental: la confianza pública y cuando amplios sectores perciben que los tribunales son utilizados como instrumentos de confrontación política, la legitimidad del sistema puede verse afectada.

Ese riesgo existe independientemente de la orientación ideológica de quienes formulan las denuncias o de quienes resultan investigados. Por ello, los organismos judiciales enfrentan el desafío de actuar con absoluta transparencia, rigor técnico y autonomía frente a cualquier presión política.

La confianza ciudadana no se construye únicamente mediante decisiones correctas. También depende de que dichas decisiones sean percibidas como imparciales.

Una campaña que refleja la polarización nacional

Lo que está ocurriendo en la actual campaña presidencial es, en buena medida, una expresión de la profunda polarización que atraviesa Colombia. Los sectores afines a Iván Cepeda consideran que determinadas actuaciones judiciales constituyen mecanismos legítimos para exigir responsabilidades y hacer valer el orden jurídico.

Los sectores afines a Abelardo de la Espriella consideran que existe una utilización estratégica de procesos judiciales para afectar adversarios políticos en momentos electorales decisivos.

La diferencia entre ambas interpretaciones refleja una fractura política que va mucho más allá de una elección presidencial.

La necesidad de que las urnas prevalezcan sobre los tribunales

Las democracias modernas funcionan mejor cuando las grandes disputas políticas se resuelven principalmente mediante el debate, los argumentos, convencer a los electores y manifestar las preferencias a través del voto ciudadano.

Los tribunales cumplen una función esencial para garantizar el cumplimiento de la ley, proteger derechos y sancionar conductas ilícitas. Sin embargo, cuando la confrontación política se traslada masivamente al ámbito judicial, aparece el riesgo de que los jueces terminen ocupando espacios que corresponden al debate democrático.

La campaña presidencial colombiana ha mostrado hasta qué punto la judicialización se ha convertido en un componente central de la lucha política contemporánea. El desafío para las instituciones será preservar la independencia de la justicia y, al mismo tiempo, evitar que los procesos judiciales sean percibidos como instrumentos de ventaja electoral.

Al final, la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la capacidad de sus tribunales para investigar y sancionar, sino también por la capacidad de sus ciudadanos para decidir en las urnas el rumbo político del país.