(ANÁLISIS) Auditoría forense. Cuando la crítica parte de un error conceptual

Una discusión que revela la importancia del rigor

El debate surgido alrededor del anuncio de una auditoría forense dejó al descubierto un problema que trasciende la discusión política: la importancia del rigor en el uso del lenguaje técnico por parte de quienes tienen la responsabilidad de informar. Durante una intervención en un espacio mañanero de una de las más destacadas e influyentes radios del país, una comentarista sostuvo que era irrespetuoso hablar de una auditoría forense por parte del gobierno entrante, porque, según su interpretación, el término solo podía utilizarse cuando existía un cadáver. Bajo esa lógica, afirmó que el Estado colombiano no estaba muerto y, por consiguiente, la expresión utilizada por el nuevo gobierno era impropia.

La afirmación sorprendió a los oyentes por la ligereza con la que se simplificó un concepto ampliamente desarrollado durante décadas en los ámbitos jurídico, contable, financiero y científico. No se trata de una discusión semántica menor. El periodismo tiene la responsabilidad de explicar correctamente los conceptos especializados, especialmente cuando estos hacen parte del debate público. Una interpretación equivocada por desconocimiento termina trasladando a la opinión una idea igualmente errónea y genera confusión sobre instituciones y procedimientos perfectamente reconocidos por la legislación y la práctica profesional.

En este caso, la crítica no se dirigió a la conveniencia o inconveniencia de realizar una auditoría durante el empalme gubernamental, sino que cuestionó el propio uso de la expresión “forense”, desconociendo su verdadero significado y su evolución histórica.

El verdadero origen de la palabra “forense”

La palabra “forense” tiene un origen muy distinto al que suele asociarse popularmente. Proviene del latín forensis, expresión que significa “relativo al foro”. En la antigua Roma, el foro era el lugar donde se desarrollaban los procesos judiciales, se debatían controversias y se administraba justicia ante la comunidad. Todo aquello relacionado con la obtención de pruebas, la investigación de los hechos y el apoyo a los jueces recibía el calificativo de forense.

Por esa razón, el concepto nunca estuvo restringido exclusivamente al estudio de los cadáveres. Lo que ocurre es que la medicina forense se convirtió, con el paso del tiempo, en la disciplina más conocida para el público debido a las autopsias, las investigaciones criminales y la enorme difusión que este tipo de procedimientos ha tenido en el cine, la televisión y la literatura.

Sin embargo, reducir el término “forense” únicamente a los médicos legistas equivale a desconocer siglos de evolución jurídica y científica. Lo forense hace referencia a cualquier conocimiento técnico o científico aplicado a la obtención de evidencia que pueda servir dentro de un proceso judicial, administrativo o disciplinario.

Lo forense no es sinónimo de medicina legal

La medicina legal constituye apenas una de las múltiples ramas que integran las ciencias forenses. Hoy el concepto se extiende a numerosos campos del conocimiento que nada tienen que ver con cadáveres o autopsias.

Existe la informática forense, dedicada a recuperar y analizar información contenida en computadores, teléfonos móviles o servidores para investigar delitos tecnológicos o fraudes empresariales. También existe la psicología forense, encargada de evaluar capacidades mentales, estados psicológicos o credibilidad de personas involucradas en procesos judiciales. La odontología forense permite identificar personas mediante el estudio de la dentadura, mientras la antropología forense reconstruye información a partir del análisis de restos óseos.

Del mismo modo funcionan la balística forense, la toxicología forense, la genética forense, la documentología forense y muchas otras disciplinas que prestan apoyo técnico a la administración de justicia.

En ninguna de ellas resulta indispensable la existencia de una persona fallecida. Lo que las une no es el estudio de la muerte, sino la aplicación de métodos científicos para encontrar evidencia objetiva susceptible de ser utilizada en un proceso legal.

¿Qué es realmente una auditoría forense?

La auditoría forense constituye precisamente una de esas especialidades. Su finalidad consiste en investigar operaciones financieras, administrativas o contables cuando existen indicios de fraude, corrupción, lavado de activos, apropiación indebida de recursos, manipulación documental o cualquier conducta que pueda tener consecuencias jurídicas.

A diferencia de una auditoría financiera convencional, cuyo objetivo principal consiste en verificar el cumplimiento de normas contables o presupuestales, la auditoría forense tiene un propósito investigativo. Reconstruye operaciones económicas, analiza la trazabilidad del dinero, examina contratos, identifica beneficiarios reales, revisa sistemas informáticos, cruza bases de datos y documenta hallazgos mediante metodologías técnicas que posteriormente pueden servir como prueba dentro de investigaciones judiciales o disciplinarias.

Ese carácter probatorio explica precisamente por qué recibe la denominación de “forense”. El término no alude a la existencia de un cadáver sino a la naturaleza investigativa del procedimiento y a su eventual utilidad para la administración de justicia.

Una herramienta utilizada en todo el mundo

La auditoría forense hace parte del funcionamiento ordinario de gobiernos, organismos internacionales, empresas privadas y entidades de control alrededor del mundo. Fiscalías, contralorías, procuradurías, bancos, multinacionales y firmas internacionales de auditoría recurren de manera permanente a este tipo de investigaciones cuando requieren esclarecer operaciones complejas o detectar posibles irregularidades.

Las grandes firmas especializadas en auditoría y consultoría desarrollan unidades exclusivas de auditoría forense que trabajan precisamente en investigaciones relacionadas con corrupción empresarial, delitos financieros, lavado de activos, sobornos internacionales y fraudes corporativos.

Cuando una empresa sospecha que recursos fueron desviados ilegalmente, cuando un banco detecta operaciones sospechosas o cuando un organismo internacional necesita verificar el destino de recursos públicos, la herramienta utilizada suele ser precisamente una auditoría forense. En ninguno de esos escenarios existe un cadáver. Lo que existe es la necesidad de producir evidencia técnica con valor jurídico.

¿Por qué un gobierno puede ordenar una auditoría forense?

En el contexto de un proceso de empalme entre administraciones, la realización de una auditoría forense constituye una herramienta perfectamente compatible con el ordenamiento jurídico y con las prácticas internacionales de control.

Un cambio de gobierno implica revisar miles de contratos, obligaciones financieras, sistemas tecnológicos, inventarios, procesos administrativos y decisiones presupuestales adoptadas durante la administración saliente. Cuando el nuevo gobierno considera necesario verificar técnicamente la legalidad o consistencia de determinadas actuaciones, la auditoría forense permite realizar ese trabajo mediante procedimientos científicos de análisis documental y financiero.

Su finalidad no consiste en condenar anticipadamente a ningún funcionario ni sustituir la labor de los jueces. Su función es establecer hechos, reconstruir operaciones, identificar evidencia y entregar información técnica que, si las autoridades competentes lo consideran necesario, podrá incorporarse posteriormente a investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.

El riesgo de desinformar desde los medios

El episodio deja una reflexión importante sobre el papel del periodismo en el debate democrático. Los comunicadores tienen plena libertad para cuestionar decisiones gubernamentales, criticar políticas públicas o discrepar de los anuncios de cualquier administración. Esa función crítica constituye uno de los pilares de una sociedad democrática.

Sin embargo, esa crítica adquiere verdadero valor únicamente cuando se construye sobre información correcta y conceptos técnicamente sólidos. Cuando una opinión parte de una definición equivocada, deja de enriquecer el debate y termina contribuyendo a la desinformación.

En este caso, la discusión no giró alrededor de la utilidad o conveniencia de practicar una auditoría durante el proceso de empalme. El cuestionamiento se dirigió contra una expresión cuyo significado jurídico está ampliamente desarrollado y reconocido desde hace décadas. La crítica terminó sustentándose sobre una premisa incorrecta: que todo lo forense se refiere exclusivamente a cadáveres.

El lenguaje técnico exige precisión

El lenguaje especializado exige el mismo rigor que cualquier otra disciplina profesional. Interpretar un término únicamente desde el significado popular puede conducir a errores importantes cuando ese concepto posee una definición técnica consolidada.

Sería equivalente a afirmar que toda cirugía corresponde al corazón porque la cirugía cardiovascular es la más conocida, o sostener que toda investigación criminal implica un homicidio porque esa es la imagen más difundida en la televisión.

Las ciencias evolucionan y con ellas también evolucionan los conceptos. Hoy el término “forense” identifica cualquier procedimiento científico orientado a obtener evidencia susceptible de servir en la administración de justicia, independientemente de que exista o no una víctima fatal.

Precisamente por ello existen laboratorios de informática forense, análisis financieros forenses, auditorías forenses y peritajes documentales forenses que funcionan diariamente en tribunales, organismos de control y empresas alrededor del mundo.

Una discusión que va más allá de la política

La controversia surgida alrededor de la auditoría anunciada por el gobierno entrante termina dejando una enseñanza que supera el escenario político. Puede discutirse si esa auditoría es necesaria, si su alcance debe ser mayor o menor, o si constituye la mejor herramienta para revisar la administración saliente. Ese debate resulta perfectamente legítimo.

Lo que difícilmente resiste un análisis académico es sostener que la expresión “auditoría forense” sea incorrecta porque el Estado no está muerto. Esa interpretación desconoce tanto el origen etimológico del término como su utilización universal dentro de las ciencias jurídicas, financieras y administrativas.

En momentos en los que la precisión informativa resulta más necesaria que nunca, el rigor conceptual constituye una obligación ética para quienes participan en la formación de la opinión pública. Las palabras importan. Pero importa aún más comprender su verdadero significado antes de convertirlas en objeto de controversia nacional.