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¿Apareció la plata para las elecciones regionales? Petro declaró desastre nacional

La decisión del presidente de declarar Situación de Desastre Nacional tiene encendidas las alarmas en diversos sectores de la sociedad colombiana. Es una realidad que la temporada de lluvias que se ha presentado en las últimas semanas es la más fuerte en 40 años, ni siquiera comparable con el efecto

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IFM Noticias
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¿Apareció la plata para las elecciones regionales? Petro declaró desastre nacional

La decisión del presidente de declarar Situación de Desastre Nacional tiene encendidas las alarmas en diversos sectores de la sociedad colombiana.

Es una realidad que la temporada de lluvias que se ha presentado en las últimas semanas es la más fuerte en 40 años, ni siquiera comparable con el efecto devastador del fenómeno de La Niña de 2010-2011. Este periodo ha dejado un saldo de 203 muertos, 281 heridos, 37 desaparecidos y 453 292 personas afectadas en 754 de los 1 100 municipios que tiene el país.

Con el pretexto de la emergencia ocasionada por las lluvias, el Gobierno promulgó el decreto 2113 de 2022, que tendrá una vigencia de doce meses, periodo que coincide con las campañas regionales y las elecciones de 2023.

Con la decisión, el Gobierno no exigirá licencias urbanísticas para la reconstrucción de viviendas, equipamiento y establecimientos de comercio. Hasta ahí, lógico y coherente el decreto.

Sin embargo, la medida le otorga al Gobierno «alternativas en materia de contratación, uso de los recursos, donaciones, entre otras», lo que según expertos consultados por IFMNOTICIAS.COM, podría ser toda una piñata para nutrir las campañas de los gobiernistas durante el próximo año.

Básicamente, como ocurre en la Venezuela chavista, el Gobierno de las «buenas intenciones» saca recursos de donde puede y los irriga a las regiones, en donde los gamonales amigos del petrismo, podrán hacer campaña con lo que llegará desde Bogotá.

De esta manera, al estilo venezolano, los simpatizantes, seguidores y enchufados del petrismo, recibirán los subsidios y las ayudas, con la obvia condición de votar por determinados candidatos en 2023.

Según el decreto, el Gobierno otorgará un subsidio a 1 200 000 madres cabeza de familia, por un valor de $500 000 por persona. Además, cambia la forma de contratación, pues el Gobierno podrá «contratar directamente con organizaciones populares, como las Juntas de Acción Comunal (JAC)»

En este sentido, el Gobierno diseñó un mecanismo para que esos contratos sean retribuidos con dineros que les permitirán, a esas entidades, organizar comités del hambre, «compuestos por mujeres para dar, a través de ollas comunitarias, alimentación en los barrios y veredas».

¿Cómo se manejarán estos recursos? ¿Quién verificará la ejecución de los contratos? ¿Se multiplicará Francia Márquez por miles, para recibir subsidios sin necesitarlos? ¿Quiénes recibirán la comida de las ollas comunitarias? ¡Es la corrupción del asistencialismo en todo su esplendor!

Otras atribuciones que autoriza el decreto 2113

El decreto permite la ampliación del Programa de Alimentación Escolar para que abarque parte de las vacaciones, hasta el 31 de diciembre de 2022.

No obstante, el manejo de los PAE ha sido ampliamente cuestionado en diferentes partes del país, por lo cual, ampliar la cobertura, sin contar con la transparencia necesaria, puede interpretarse, según los expertos, como una «donación» para los políticos que manejan los hilos del PAE en todo el país, distribuyendo contratos miserables y sin miramientos nutricionales, para engrosar sus arcas sin pudor.

Asimismo, autoriza la transformación de INDUMIL para que emprenda una reconversión industrial con el propósito de construir puentes metálicos para instalarlos en los lugares en los que se han caído.

Esta medida, según los analistas consultados por IFMNOTICIAS.COM, buscaría darle una zanahoria al Ejército, al que el Gobierno incorpora al plan de asistencia, con el poder y la capacidad de manipulación que tales acciones generarían en todo el país.

Adicionalmente, el decreto establece un subsidio del 100 % a los fertilizantes que se destinan a la producción de alimentos, incluido el café.

Así, la gran beneficiada es Monómeros, pues es esta empresa la mayor comercializadora de fertilizantes en el país, lo que le garantiza que, pese a la tormenta económica que ya comienza a sentirse, siga contando con un buen flujo de caja, sin los contratiempos de la recesión o de la devaluación.

De hecho, un analista consultado por IFMNOTICIAS.COM aseguró que es la forma que encontró Gustavo Petro, para transferirle recursos al régimen venezolano, escudados en la angustia de los agricultores nacionales.

¿De dónde saldrán los recursos?

Petro aseguró que va a sumar una serie de partidas no ejecutadas en el presupuesto nacional, para invertirla en «atender los problemas de hambre y de la emergencia propiamente dicha».

Críticas al decreto de Petro

Hay una pregunta que está rondando en las redes sociales: ¿se cumplen las causales de la Ley 1523 para que el presidente haya decretado «situación de desastre nacional» por un año?

Para algunos ciudadanos, como el periodista Melquisedec Torres, Petro quedó con chequera abierta, justo cuando se avecinan las elecciones regionales 2023. De igual forma, algunos sostienen que tendría que ocurrir un sunami para decretar ese periodo de tiempo. Además, aseguran, «claramente quieren intervenir las elecciones locales con recursos de la emergencia».

De otro lado, estudiosos de la legislación colombiana  señalan que la Corte Constitucional estableció «que los estados de emergencia económica, social y ecológica o por razón de grave calamidad pública, deben representar el mínimo sacrificio posible de los principios del orden constitucional y deben garantizar el rápido retorno a la normalidad».

Evidentemente, aseguran, el decreto 2113 no garantiza el rápido retorno a la normalidad, con el agravante de las campañas y de las elecciones enredadas en medio de la Situación de Desastre Nacional.

Adicionalmente, el decreto de Petro se apoya en la Ley 1523 de 2012, siendo que la Constitución, en el artículo 215, establece el protocolo y las condiciones para una declaratoria de tal magnitud. 

Sobre el particular, los analistas han señalado que tal «error» busca desconocer lo establecido en la Constitución, lo que es un abuso y una extralimitación del régimen presidencialista colombiano.

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