(Análisis) Sentencias de la JEP. Indignación de las víctimas y dudas sobre la equidad en la justicia transicional

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, volvió a estar en el centro de la controversia con la decisión de imponer penas alternativas de ocho años a siete exjefes de las FARC responsables de más de 21.000 secuestros. Las sanciones no contemplan prisión, sino trabajos de carácter comunitario y repa

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, volvió a estar en el centro de la controversia con la decisión de imponer penas alternativas de ocho años a siete exjefes de las FARC responsables de más de 21.000 secuestros. Las sanciones no contemplan prisión, sino trabajos de carácter comunitario y reparador bajo vigilancia estatal.

La medida ha desatado una oleada de indignación en Colombia. Para amplios sectores de la ciudadanía, la decisión revela una asimetría dolorosa. Mientras los jefes de la antigua guerrilla, algunos hoy con estatus de congresistas, no han pasado un solo día en prisión por estos hechos; varios militares, involucrados en casos de “falsos positivos”, ya cumplieron condenas en cárceles ordinarias y perdieron sus derechos políticos. Sin embargo, ambos grupos reciben ahora sanciones idénticas en duración y naturaleza.

Las voces de las víctimas

El mayor rechazo proviene de las organizaciones de víctimas. Denuncian que, tras siete años de trámite, la JEP les otorgó apenas siete días para presentar recursos de apelación, un plazo considerado irrisorio frente a un expediente que recopila miles de hechos y centenares de desaparecidos cuyo paradero aún no se conoce.

“¿Cómo es posible que después de siete años de investigación nos den una semana para responder?”, se preguntan representantes de asociaciones de víctimas. La inconformidad no es técnica únicamente, sino que refleja la sensación de que sus derechos han sido minimizados en beneficio de quienes cometieron delitos atroces.

El modelo restaurativo defendido por la jep

Desde el tribunal de paz se insiste en que estas decisiones cumplen con lo pactado en el Acuerdo de La Habana. Según el secretario general de la JEP, Harvey Suárez, las sanciones restaurativas buscan priorizar la verdad plena y la reparación sobre la prisión. Los exjefes de las FARC estarán monitoreados electrónicamente y deberán cumplir sus penas en territorios específicos, como Valledupar, donde realizarán trabajos comunitarios bajo supervisión estatal en jornadas diurnas; acciones estas que, por demás, serán financiadas por el Estado, no por ellos.

La apuesta por la restauración, sin embargo, despierta fuertes cuestionamientos. Para las víctimas, el hecho de que los responsables de secuestros prolongados, asesinatos y desapariciones forzadas reciban medidas similares a la de militares ya sancionados constituye una señal de impunidad. La percepción pública es que la justicia se inclinó hacia la negociación política más que hacia la proporcionalidad penal.

Percepción de impunidad y falta de proporcionalidad

Los mecanismos de vigilancia, brazaletes electrónicos y georreferenciación, de los que se habla; no parecen suficientes para garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones. Tampoco los trabajos comunitarios se equiparan, en la opinión de las víctimas, con el sufrimiento vivido durante años.

Además, la posibilidad de que los exjefes de las FARC residan en espacios habilitados con recursos estatales genera un sentimiento de indignación. En la práctica, se teme que estas medidas sean vistas como un privilegio, reforzando la narrativa de impunidad; en vez de lo que debería ser, un castigo y la exigencia de reparación a las víctimas.

El contraste con los militares

La indignación se acentúa cuando se comparan los recorridos judiciales. Mientras los exguerrilleros no han pisado una celda y mantienen presencia política en el Congreso, militares procesados por violaciones a los derechos humanos ya cumplieron años de cárcel y quedaron vetados de participar en política. Ahora, ambos reciben la misma sanción de ocho años de trabajos comunitarios. Así quedó claro con la decisión de ayer de la JEP con los militares del Batallón de la Popa.

Esa aparente equivalencia ha sido denunciada por congresistas como Paloma Valencia, quien ha preguntado públicamente en “¿Dónde está la equidad?”. La duda es si la justicia transicional puede permitirse tratar como equivalentes trayectorias judiciales tan distintas sin perder legitimidad frente a la sociedad y si lo que ha pasado es que, contrario a la promesa hecha por Juan Manuel Santos quien aseguraba que las FARC pagarían y no habría impunidad, terminó en la JEP parcializando y desconociendo lo que señalaba el exmandatario; o si fue que Santos simpre mintió y hoy se cumple lo que abiertamente le ocultó al país; quen en realidad sí se programó la impunidad, en un abierto engaño a los colombianos.

Procedimientos cuestionados

La limitación de tiempo para apelaciones es otro de los puntos críticos. Si la JEP necesitó siete años para elaborar un fallo, ¿cómo se justifica otorgar solo una semana a las víctimas para responder? Esta desproporción refuerza la sensación de una justicia vertical y poco sensible al dolor de quienes sufrieron los secuestros.

Además, no se ha explicado de manera suficiente por qué los criterios de proporcionalidad llevan a sanciones idénticas para casos tan diferentes. Sin una argumentación pública robusta, el fallo se presta a lecturas políticas y mina la confianza en la institución.

Para algunos críticos y analistas, llegar a estas sentencias iguales para todos los casos, no habría necesitado de investigaciones, expedientes, ni mucho menos el alto gasto económico y de funcionamiento que ha demandado la JEP en estos años, en los que se ha desajustad el presupuesto de la nación con una gran partida en sueldos a magistrados, investigadores, comisiones, mantenimiento y sostenimiento de la Justicia Especial para las FARC en el marco del acuerdo de paz.

Las reacciones internacionales

El debate sobre la JEP no se limita a Colombia. Organismos internacionales siguen de cerca el proceso. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha valorado los esfuerzos de la JEP en materia de verdad y participación de víctimas, pero también ha advertido sobre la necesidad de garantizar proporcionalidad en las sanciones.

La Corte Penal Internacional (CPI), en sus evaluaciones periódicas, ha recordado que las sanciones deben ser efectivas y representar una forma real de justicia, no un simple trámite simbólico. Para la CPI, la clave está en que las medidas sean creíbles a los ojos de las víctimas y de la comunidad internacional, evitando cualquier impresión de impunidad.

Incluso la Unión Europea, que ha financiado buena parte del funcionamiento de la JEP, ha señalado en varios comunicados la importancia de que las decisiones judiciales equilibren justicia, reparación y garantías de no repetición. La credibilidad internacional del modelo depende de que las víctimas perciban que se hace justicia y no solo un arreglo político.

Comparaciones internacionales

La experiencia comparada aporta lecciones útiles. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y Reconciliación otorgó amnistías a cambio de confesiones completas, pero fue criticada porque muchas víctimas sintieron que nunca obtuvieron justicia real.

En Sierra Leona, el modelo combinó una comisión de verdad con un tribunal especial para crímenes graves, lo que permitió un balance entre sanción y reconciliación. En Ruanda, tras el genocidio, las Cortes Comunitarias Gacaca, sancionaron a miles de responsables, pero también fueron cuestionadas por desigualdades en la aplicación de penas.

Colombia parece repetir algunos de los errores de estas experiencia al priorizar la dimensión simbólica sin un compromiso suficiente con la proporcionalidad y la verdad plena. Las víctimas dicen, que están cansadas de símbolos insulsos a modo de reparación, pues su dolor y padecimiento fue real y lo sigue siendo cuando, situaciones como esta, las revictimizan.

Propuestas para recuperar legitimidad

Varios expertos coinciden en que la JEP necesita ajustes urgentes para no perder legitimidad social debe ampliar los plazos procesales para que las víctimas puedan participar efectivamente. Explicar de manera detallada los criterios de proporcionalidad aplicados a las sanciones. Incorporar observadores internacionales y de víctimas en la verificación de las medidas; y Avanzar en investigaciones conexas que permitan sancionar penalmente cuando haya pruebas adicionales.

La justicia transicional no se mide solo por sus sentencias, sino por la confianza que genera en la sociedad. Si las víctimas perciben que los victimarios gozan de privilegios y que su dolor se minimiza con sanciones simbólicas, el proceso se debilita.

Hoy, la JEP enfrenta una encrucijada histórica. Puede optar por corregir, ampliar espacios de participación y reforzar la transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un tribunal que, en lugar de sanar heridas, las profundiza.

La paz necesita justicia real

Colombia necesita paz, pero no a cualquier costo. La verdad plena sobre los desaparecidos, sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos y un compromiso real con la reparación material son exigencias mínimas de las víctimas.

El rechazo ha sido tan amplio que hasta la familia del asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, emitió un comunicado sobre el caso 01, en el que rechaza las sentencia y hace un llamado a la JEP para que corrija el rumbo. Así como el caso de Gaviria, son miles los casos de víctimas que no ven justicia real y planean desde ya, llevar los casos a tribunales internacionales. Entre tanto, los miembros del secretariado, siguen pisando el recinto del Congreso como si no hubieran hecho nada en contra de la población civil del país.

La reciente decisión de la JEP ha dejado más preguntas que respuestas. La indignación ciudadana y las observaciones internacionales muestran que el reto es mayor, pues sin justicia real y proporcional, la paz seguirá siendo un proyecto incompleto.

Sentencias de la JEP. Militares vs Exjefes de las FARC

2017 – Creación de la JEP

Se establece la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del Acuerdo de La Habana.
Se definen sanciones alternativas para quienes reconozcan verdad y responsabilidad.

2018 – Primeras comparecencias

Militares vinculados a casos de “falsos positivos” comparecen.
Exjefes de las FARC empiezan a entregar informes sobre secuestros y otras violaciones.

2019 – Militares en prisión preventiva

Varios militares cumplen condenas en cárceles ordinarias.
Empiezan a solicitar beneficios en la JEP tras años de reclusión.

2020 – Reconocimientos iniciales de las FARC

El secretariado reconoce responsabilidad por secuestros.
No hay días de cárcel cumplidos por los exjefes.

2021 – Víctimas presentan informes

Asociaciones de víctimas entregan expedientes con casos de desaparecidos y secuestros.
Denuncian falta de proporcionalidad en las medidas de la JEP.

2023 – Debates en el Congreso y la opinión pública

Se cuestiona la equidad en el trato entre militares y exFARC.
La JEP reafirma enfoque restaurativo.

2025 – Sentencias a exjefes de las FARC

Siete exmiembros del secretariado reciben sanciones de 8 años sin cárcel, con trabajos comunitarios y medidas de reparación simbólica.
Gozan de estatus político en el Congreso.

2025 – Sentencias a militares

Militares que ya cumplieron cárcel reciben sanciones de 8 años en libertad restringida. Mantienen limitaciones políticas y sociales.
Los militares del Batallón de la Popa fueron sancionados con 8 años sin carcel, contrabajos comunitarios y medidas de reparación simbólica; sentencia que se suma a los años que ya han pagado en cárcel.

Al final, ambas, FARC y militares confluyen en la misma pena de 8 años, resaltando la aparente equivalencia que genera indignación.