(Análisis) Petro y los TLC. Anuncios sin sustento que agitan la política exterior y económica de Colombia

La más reciente declaración del presidente Gustavo Petro, realizada tras un Consejo de Ministros, vuelve a poner al país en el centro de una tormenta política y diplomática. El mandatario aseguró que su gobierno modificará el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y cancelará el acuerdo vigente con Israel. Más allá del impacto inmediato de sus palabras, la afirmación encierra un problema de fondo: el presidente no tiene la facultad legal para modificar ni derogar unilateralmente un tratado internacional que ha sido aprobado por el Congreso y blindado por la Corte Constitucional.

El ordenamiento colombiano establece con claridad que los tratados internacionales, una vez negociados y firmados por el Ejecutivo, deben ser ratificados por el Congreso y posteriormente revisados por la Corte Constitucional. Esa cadena de validación les otorga fuerza de ley, lo que implica que solo mediante la acción legislativa es posible modificarlos o derogarlos.

Así las cosas, ni el presidente Petro ni ningún otro jefe de Estado en Colombia puede decidir por sí mismo alterar las condiciones de un TLC. El anuncio, entonces, no pasa de ser un gesto político sin efectos jurídicos inmediatos, pero con repercusiones importantes en la confianza internacional hacia Colombia.

El TLC con Estados Unidos, pilar estratégico

Desde su entrada en vigor en 2012, el TLC con Estados Unidos ha sido uno de los instrumentos más relevantes para la economía colombiana. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial del país, tanto en exportaciones como en importaciones. El acuerdo ha permitido que productos agrícolas, textiles y manufacturas colombianas accedan a ese mercado con ventajas arancelarias, mientras ha consolidado la llegada de inversión extranjera en sectores estratégicos.

Modificar sus condiciones de manera unilateral no solo es inviable legalmente, sino que generaría un choque diplomático con el mayor aliado político, militar y económico de Colombia. Un anuncio como el de Petro se percibe en Washington como un signo de inestabilidad y desconfianza, justo en momentos en que la relación bilateral atraviesa tensiones tras la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas.

La relación con Israel, un giro riesgoso

Más complejo aún resulta el anuncio de “cancelar” el TLC con Israel. Firmado en 2013 y en vigor desde 2020, este tratado abrió la puerta al fortalecimiento de la cooperación tecnológica y agrícola, además de estrechar la relación con un país que ha sido proveedor clave de equipos de defensa y seguridad para Colombia.

En medio del actual conflicto en Medio Oriente y la posición crítica que Petro ha mantenido frente a la actuación del gobierno israelí, la cancelación del acuerdo se interpreta más como un gesto ideológico que como una decisión sustentada en un análisis económico. El riesgo es que este tipo de posturas deterioren no solo los vínculos comerciales, sino también los canales de cooperación estratégica en áreas como la defensa, donde Israel ha tenido un papel de primer orden.

Consecuencias políticas y económicas

Aunque los anuncios no tengan efecto inmediato en términos jurídicos, sí generan un ruido considerable en distintos frentes como en la política exterior, donde se refuerza la imagen de Colombia como un socio poco confiable, sujeto a vaivenes políticos internos más que a compromisos de Estado. Esto puede limitar la capacidad de negociación en escenarios multilaterales y restar peso a la voz del país en organismos internacionales. También en la economía, donde se proyecta incertidumbre hacia inversionistas y empresarios que dependen de la estabilidad de los marcos comerciales. La sola mención de cambios unilaterales afecta la confianza y puede traducirse en la postergación de proyectos o en la reducción de inversiones. Igualmente en el plano interno, donde alimenta la polarización. Los sectores afines al gobierno ven en estas posturas un acto de soberanía, mientras la oposición las interpreta como improvisaciones que ponen en riesgo la estabilidad económica y diplomática del país.

La fragilidad de los anuncios presidenciales

El estilo de Petro ha estado marcado por declaraciones intempestivas que luego deben ser matizadas o corregidas por sus ministros y asesores. En este caso, el problema no es solo el tono, sino la falta de claridad sobre los procedimientos legales que rigen los tratados internacionales.

El presidente parece ignorar o subestimar que la política exterior y comercial de un país no puede manejarse como una tribuna política electoral. Cada anuncio tiene repercusiones que trascienden lo inmediato y afectan la credibilidad del Estado en su conjunto.

Las víctimas colaterales, los sectores productivos

Los empresarios colombianos que exportan a Estados Unidos o Israel ven con preocupación cómo declaraciones de este tipo pueden enturbiar relaciones que han tardado décadas en consolidarse. En el caso del TLC con Estados Unidos, productos como flores, café, textiles y banano han encontrado un canal de expansión en ese mercado. Perder esas ventajas arancelarias sería un golpe durísimo para regiones enteras que dependen de esas exportaciones.

Respecto a Israel, los intercambios han sido menores en volumen, pero estratégicos en áreas de innovación agrícola y tecnológica, desde Colombia el Carbón y desde Israel, asesoramiento y defensa. Y es que el país ha sido un socio clave en cooperación militar. Romper ese vínculo de manera unilateral enviaría un mensaje de ingratitud y desprecio por la cooperación que, durante años, ha fortalecido las capacidades del Estado colombiano.

Un llamado a la responsabilidad

La política exterior de Colombia no puede convertirse en escenario de discursos improvisados ni en bandera de confrontaciones ideológicas. Los tratados de libre comercio son compromisos de Estado que trascienden gobiernos y que deben gestionarse con visión de largo plazo, pensando en los beneficios y costos para la nación, no en la coyuntura política del momento.

Petro tiene el derecho de cuestionar los efectos de los TLC, de abrir debates sobre su impacto social o de plantear renegociaciones dentro de los marcos jurídicos previstos. Lo que no puede hacer es anunciar modificaciones o cancelaciones como si se tratara de decretos presidenciales, porque eso desconoce el Estado de derecho y debilita la confianza internacional.

Los anuncios sobre los tratados con Estados Unidos e Israel reflejan, una vez más, el estilo confrontacional y poco institucional del presidente Petro. En el corto plazo, no alteran los compromisos legales, pero en el mediano y largo plazo sí pueden deteriorar las relaciones diplomáticas, la confianza económica y la reputación internacional de Colombia.

La verdadera soberanía no se ejerce con discursos altisonantes, sino con decisiones responsables, sustentadas y respetuosas de la ley. En un mundo interconectado, la seriedad en el manejo de los tratados internacionales es una de las cartas más valiosas que puede jugar un país. Y hoy, Colombia corre el riesgo de perderla.