(ANÁLISIS) Petro y el peligro en la Declaratoria de los Estados de Excepción: ¿Una Estrategia de Poder o Necesidad Nacional?

La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de decretar dos estados de excepción —Conmoción Interior y Emergencia Económica— ha generado un intenso debate en Colombia. Estas medidas, que en teoría están diseñadas para responder a situaciones extraordinarias de amenaza contra el orden público y la economía, plantean serias preguntas sobre sus verdaderas intenciones. Detrás de la grave crisis que afecta a la región del Catatumbo, se perfila una narrativa que evidencia el fracaso de las políticas de “paz total” y el oportunismo político de un Presidente que alguna vez criticó duramente este tipo de decretos.

El contexto de la crisis en el Catatumbo

El Catatumbo, una región históricamente golpeada por la violencia y el narcotráfico, ha vuelto a ser escenario de una guerra cruenta y sangrienta entre las disidencias de las FARC y el ELN. El saldo de esta confrontación es devastador: más de 100 muertos, 300 heridos y más de 11,000 desplazados. La población civil, como de costumbre, es la principal víctima de un conflicto que parece transportarnos dos décadas atrás, a los días más oscuros del conflicto armado en Colombia.

Sin embargo, lo que hoy desangra al Catatumbo no es un simple resurgimiento de la violencia. Es el resultado directo de las políticas complacientes del gobierno de Petro hacia los grupos armados. Desde el inicio de su mandato, Petro priorizó las negociaciones con guerrillas y grupos al margen de la ley bajo la bandera de la “paz total”. Esto incluyó diálogos polémicos, liberaciones de presos, nombramientos como gestores de paz y acuerdos en cárceles desde su campaña conocidos como el “Pacto de la Picota”que, lejos de desarmar a estas organizaciones, les dieron tiempo y espacio para rearmarse y fortalecer su presencia territorial.

El Presidente prometió una paz estructural en solo días, decía; pero lo que ha conseguido es el opuesto: un recrudecimiento de la guerra y un Estado incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, mientras las fuerzas armadas se ven debilitadas y expuestas, como quedó en evidencia tras la filtración de mapas estratégicos “secretos” del Ejército en el Catatumbo desde el Ministerio de Defensa. Con este supuesto “accidente” o “error” que quieren hacer creer de involuntario, los grupos armados que disputan el control territorial en la zona, se ven aún más fortalecidos con información estratégica que se suma a una fuerza guerrillera renovada.

¿Qué busca Petro con los estados de excepción?

Las medidas decretadas por Petro no pueden entenderse sin analizar el trasfondo político y económico que atraviesa su gobierno, que ha desfinanciado al Estado tras la alta corrupción y dilapidación de los recursos públicos con gastos exorbitantes en viajes, contratos a amigos, burocracia, nuevas embajadas, donaciones a Cuba nómina paralela.

La Conmoción Interior, que permite al Presidente tomar decisiones con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, y la Emergencia Económica, que le da acceso discrecional a los recursos presupuestales, ofrecen a Petro un amplio margen de maniobra para imponer su agenda tantas veces archivada, rechazada o hundida en el Congreso. Esta es la primera vez que los dos estados de excepción se declaran al mismo tiempo.

En el pasado, Petro criticó ferozmente este tipo de medidas excepcionales cuando fueron utilizadas por Álvaro Uribe Vélez, calificándolas como intentos de dictadura. Sin embargo, hoy es él quien recurre a estas herramientas con argumentos que parecen calcados de aquellos que solía denunciar. ¿Qué ha cambiado? Según analistas, más que una respuesta a la crisis del Catatumbo, estas declaratorias son una estrategia para sortear la creciente oposición que enfrenta su gobierno en el Congreso y en la opinión pública así:

1. Impulsar reformas fallidas

Uno de los objetivos de Petro con el Estado de Conmoción Interior sería avanzar con las reformas que han encontrado rechazo o trabas en el Congreso, como la tributaria, la de salud y la laboral. Bajo el pretexto de la urgencia que requiere la pacificación del Catatumbo, el presidente podría decretar impuestos “temporales” para financiar operaciones militares o programas de ayuda a las víctimas, algo que en el papel suena razonable, pero que en la práctica podría convertirse en una herramienta para consolidar su agenda económica y buscar los más de 25 billones que pretendía con la Ley de Financiamiento.

Resulta contradictorio que el mismo gobierno que redujo el presupuesto de las fuerzas armadas en cerca de un billón de pesos hace un año, ahora busque justificarse en la necesidad de fortalecerlas o buscar recursos como lo afirma el ministro de defensa, Iván Velásquez. Además, es probable que utilice estos recursos no solo para atender la crisis en el Catatumbo, sino también para financiar proyectos que han sido duramente cuestionados por su falta de viabilidad.

2. Control discrecional de los recursos

El estado de Emergencia Económica le permite al presidente redistribuir los recursos públicos sin necesidad de someterse a controles legislativos o cumplir con los protocolos y mandatos de ley, pudiera hacer uso discrecional de los dineros de los impuestos de los colombianos. Esto incluye mover fondos de sectores presuntamente estratégicos hacia áreas que el gobierno considere prioritarias. Aunque Petro ha argumentado que esta medida busca atender la grave situación humanitaria del Catatumbo, los críticos temen que termine siendo un mecanismo para fortalecer su aparato político y consolidar el poder propio o de su proyecto progresista de cara a las próximas elecciones además de buscar “reacomodar“ las finanzas del Estado que él mismo ha desfinanciado, destinando los recursos a otros menesteres no precisamente en el Catatumbo

En el pasado, medidas similares han sido utilizadas por gobiernos de distintos países para ejercer control discrecional sobre el presupuesto, debilitando la transparencia y los contrapesos democráticos y consolidar regímenes autoritarios. En el caso de Petro, el riesgo es aún mayor, dado su historial de confrontación con los órganos de control y su inclinación a gobernar por decreto.

3. Consolidar poder y debilitar a sus adversarios

Más allá de las medidas económicas y legislativas, los estados de excepción pueden convertirse en un arma para centralizar el poder y debilitar a los opositores políticos. Bajo la figura de la Conmoción Interior, Petro podría justificar acciones que limiten la actuación de sectores críticos de su gobierno, incluyendo a medios de comunicación, partidos políticos y actores sociales que han cuestionado su gestión a través de la represión, la censura y la coacción.

El peligro radica en que estas medidas se prolonguen más allá del tiempo necesario para atender la crisis en el Catatumbo, generando un precedente de abuso del poder que podría erosionar las instituciones democráticas del país. Petro tiene en sus manos una herramienta poderosa, pero su historial de confrontación con la oposición y sus críticas al modelo democrático y sus insistentes alusiones a necesitar más tiempo en el poder, generan serias dudas sobre su compromiso con el equilibrio de poderes y el respeto institucional.

La contradicción de Petro. De crítico a ejecutor

La decisión de Petro de recurrir a los estados de excepción es especialmente irónica si se tiene en cuenta su historial como Senador y opositor. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque, Petro calificó las declaratorias de Conmoción Interior como “un intento de dictadura” y denunció los riesgos que representaban para la democracia. Hoy, como presidente, recurre a estas mismas medidas con argumentos que no distan mucho de los que criticaba en el pasado.

Esta contradicción pone en evidencia una falta de coherencia que no solo afecta su credibilidad, sino que también refuerza la percepción de que utiliza la crisis del Catatumbo como una excusa para avanzar con su agenda política.

El fracaso de la “paz total”

La situación actual del Catatumbo es, en gran medida, el resultado del fracaso de las políticas de “paz total”. Al privilegiar las negociaciones con los grupos armados y adoptar una actitud permisiva, Petro permitió que estos se reorganizaran y fortalecieran. Las disidencias de las FARC y el ELN, que en su momento carecían de la capacidad para librar una guerra frontal, hoy se enfrentan en una lucha sangrienta por el control territorial, mientras las fuerzas armadas permanecen debilitadas y limitadas en su accionar.

El gobierno Petro no solo ha fracasado en garantizar la paz, sino que ha retrocedido dos décadas en términos de seguridad. La “paz total” prometida se ha convertido en un espejismo, y la violencia que azota al país es una prueba irrefutable de su incapacidad para manejar el conflicto armado que no solo afecta al Catatumbo en Norte de Santander, sino también al Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Arauca, Meta, Córdoba, Valle del Cauca, Antioquía; entre otros departamentos afectados por el creciente te accionar narcoguerrillero. En algunas de estas zonas, la guerra del ELN es contra el Ejército Gaitanista-Clan del Golfo.

La declaratoria de los estados de excepción representa un punto de inflexión para el gobierno de Petro y para Colombia en general. Si bien la crisis del Catatumbo exige medidas urgentes, las intenciones detrás de estas decisiones generan preocupación. Petro parece estar utilizando la tragedia humanitaria como una plataforma para consolidar su poder y avanzar con una agenda que ha sido rechazada por amplios sectores de la sociedad.

En este contexto, es fundamental que los colombianos permanezcan vigilantes y que las instituciones democráticas cumplan con su rol de contrapeso. La historia ha demostrado que los estados de excepción, si no se manejan con responsabilidad, pueden convertirse en herramientas de abuso y consolidación del poder autoritario. Colombia no puede permitirse repetir los errores del pasado.

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Atención: El presidente Petro anunció que se declarará el estado de conmoción interior debido a los ataques del ELN en el Catatumbo