(ANÁLISIS) ¿Persecución política contra Andrés Julián Rendón? Las dudas que deja el proceso de la Fiscal contra el Gobernador de Antioquia

El proceso judicial que enfrenta el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, ha desatado un intenso debate nacional: ¿se trata de un legítimo ejercicio de la justicia o de un mecanismo para perseguir políticamente a un opositor incómodo para el Gobierno Nacional? Las actuaciones de la Fiscalía, el contexto de confrontación política y los tiempos judiciales dejan abiertos serios interrogantes sobre lo que realmente está ocurriendo.

Desde su posesión, el 1 de enero de 2024, Rendón marcó un tono que lo ha distanciado del presidente Gustavo Petro: “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”. Y desde entonces, los pulsos entre ambos han sido constantes: la polémica “vaca” para terminar las vías al mar tras el incumplimiento del Gobierno Nacional; el reclamo por la cesión del Túnel del Toyo; la denuncia de la caravana de la UNP con alias Calarcá; los cuestionamientos del Gobernador por no recibir ayuda por parte del Gobierno por la ola invernal; la insistencia del mandatario antioqueño para que se entreguen los dineros para la seguridad energética del departamento; los insistentes llamados de Rendón para que se fortalezca la fuerza pública y la seguridad en Antioquia; el rechazo al día cívico decretado por Petro; la necesidad de los pagos que se adeudan de la salud; la exposición de las ambulancias “nuevas” que resultaron ser vehículos adquiridos en 2023; Puerto Antioquia, y el referendo de Autonomía Fiscal, aún en curso, mientras la consulta popular de Petro se cayó.

A esto se suma la postura firme de Rendón frente a la Paz Total, que ha calificado como un engaño que solo ha fortalecido al crimen organizado en Antioquia.

La línea de tiempo: un proceso con celeridad sospechosa

El desarrollo del caso judicial alimenta la percepción de lo que analistas y líderes de opinión han asegurado que «no encaja»:

• 2023: La Fiscalía seccional intentó una imputación contra Rendón un mes antes de elecciones, lo que la defensa calificó como un intento de daño electoral.
• Noviembre 2023 – abril 2025: El proceso avanzó con lentitud, pasando por cuatro fiscales y permaneciendo en indagación preliminar. Rendón rindió interrogatorio en marzo de 2024, justificando la necesidad y legalidad de los CAI construidos en Rionegro.
• Abril-mayo 2025: Tras la llegada de la fiscal Diana Yolima Niño Avendaño, se adelantaron 27 actividades investigativas en un mes, un ritmo inédito en el caso.
• 24 de junio 2025: La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, declaró públicamente que ya se formuló imputación contra Rendón. Esto fue desmentido por la defensa, que insistió en que no existe tal imputación ni citación a audiencia.

Ante las declaraciones de la Fiscal General, el abogado defensor de Rendón, Luis Gabriel Chaves Ortiz, presentó una recusación formal. Según el escrito, la afirmación de Camargo envía un mensaje directo a sus subalternos y distorsiona el proceso, afectando el mismo y la presunción de inocencia.

Tal y como lo anunciaron, la recusación invoca la causal 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004: la Fiscal habría manifestado su opinión sobre el proceso, desbordando su rol institucional y afectando la imparcialidad de la investigación.

¿Persecución política? Lo que opinan los expertos

Como se mencionó en líneas anteriores, varios analistas y líderes de opinión han comenzado a alertar sobre lo que consideran una posible persecución política en curso. Las coincidencias entre la aceleración de las investigaciones y los pulsos de Rendón contra el Gobierno Petro no pasan desapercibidas.

En el mismo sentido, se señala que lo que hoy vive el gobernador de Antioquia parece replicarse en Medellín, donde el alcalde Federico Gutiérrez, otro férreo opositor, también ha denunciado presiones judiciales y ataques institucionales. Ambos mandatarios han sido claros en sus posturas, poniendo el dedo en la llaga frente a decisiones del Gobierno Nacional y defendiendo los intereses de sus territorios, lo que los ha convertido en blancos incómodos para el poder central.

De fondo, se advierte que la Fiscal General, cercana al presidente según distintas voces, estaría actuando para callar a quienes han levantado su voz contra las políticas del Gobierno, en un escenario que recuerda, según algunos expertos, los patrones de persecución de regímenes autoritarios.

La causa: los CAI que existen y los delitos que no

El proceso contra Rendón se centra en la construcción de los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, obras contempladas en su plan de gobierno como alcalde de Rionegro. Las edificaciones están en pie, fueron recibidas en comodato por la Policía, y según el propio Rendón, “ni un solo peso público se ha perdido”. Lo que se cuestiona, insiste la defensa, carece de sustento delictivo.

Además, IFMNOTICIAS conversó con algunos habitantes del sector y dejaron claro que los CAI cumplen su función en beneficio de la comunidad.

El caso contra Andrés Julián Rendón plantea preguntas incómodas: ¿hasta dónde está la justicia actuando de forma independiente? ¿Se está utilizando el aparato judicial para neutralizar la oposición política? ¿evidenciaría lo anterior lo que líderes como la precandidata Vicky Dávila han señalado constantemente sobre la «Fiscal de bolsillo? En el fondo, lo que está en juego no es solo la libertad de un gobernador, sino el equilibrio de poderes y la salud de la democracia colombiana.

Gobernador de Antioquia recusó a la Fiscal General de la Nación y cuestionó su imparcialidad