(ANÁLISIS) Negociaciones inciertas con el EGC – Clan del Golfo: Retos y dilemas del proceso de diálogo con el Gobierno Petro

El Gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a uno de los desafíos más complejos en el marco de su política de «Paz Total«: iniciar un proceso de negociación con el Clan del Golfo, el grupo armado más numeroso y con mayor presencia territorial en Colombia. A pesar de las múltiples dificultades, el anuncio hecho por el Gobierno en julio sobre la instalación de una mesa de diálogo con esta organización fue recibido con expectativa, ya que representa una oportunidad para reducir la violencia y contener el crimen organizado en diversas regiones del país. Sin embargo, según el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las complejidades internas del EGC – Clan del Golfo y su poderío actual representan obstáculos significativos para lograr un acuerdo duradero.

El informe, titulado “Una mesa con el Clan”, ofrece un detallado análisis sobre el momento de fortaleza del grupo, destacando que el EGC-Clan del Golfo se encuentra en su punto más alto en términos de capacidad militar, financiera y política. Según la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa, el EGC-Clan ha duplicado su número de integrantes desde 2018 y ha ampliado su influencia a 238 municipios en 16 departamentos, consolidando su control territorial en zonas clave para el narcotráfico y otras economías ilegales como la minería y el tráfico de migrantes.

Un Clan en expansión y con poder político

A pesar de los duros golpes recibidos durante la operación Agamenón entre 2015 y 2022, incluyendo la captura y extradición de su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el ECG-Clan del Golfo ha sabido adaptarse y reorganizarse. Según la FIP, el grupo ha adoptado un nuevo esquema de liderazgo con un Estado Mayor Conjunto integrado por seis antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este cambio ha permitido al EGC-Clan expandir su control territorial, fortalecer su estructura interna y diversificar sus actividades criminales.

Uno de los elementos más preocupantes que resalta el informe es la incursión del EGC-Clan en la cooptación de organizaciones sociales y comunitarias, lo que le ha permitido establecer una gobernanza criminal en muchas zonas rurales. Este fenómeno, que incluye la creación de figuras como el “comandante político”, le ha otorgado un mayor control sobre las comunidades locales, a las cuales también ofrece algunos servicios básicos como infraestructura y protección en ausencia del Estado.

Retos para el Gobierno Petro: Justicia transicional vs. sometimiento a la justicia

Uno de los principales desafíos para el Gobierno en las negociaciones con el EGC-Clan es la distancia entre las expectativas de ambas partes. Mientras el Gobierno propone un sometimiento a la justicia, el EGC-Clan ha dejado claro que su objetivo es lograr un acuerdo bajo los términos de la justicia transicional, lo que implicaría garantías de no extradición y la posibilidad de amnistías para algunos de sus integrantes. Esta discrepancia será difícil de resolver, pero la fase exploratoria de las negociaciones, en la que actualmente se encuentra el proceso, ofrece un margen para ajustar expectativas y definir los términos del diálogo.

El informe de la FIP advierte que uno de los riesgos es la limitación de tiempo del Gobierno actual, lo que podría apresurar decisiones sin lograr los consensos necesarios. Además, existen presiones internas e internacionales, particularmente de Estados Unidos, que jugarán un papel crucial en el desarrollo del proceso. La extradición sigue siendo una línea roja para Washington, lo que complica aún más la posición negociadora del EGC-Clan.

Una agenda compleja y actores múltiples

El proceso de diálogo con el Clan del Golfo no será ni rápido ni sencillo. A diferencia de otros grupos armados con los que el Gobierno ha iniciado conversaciones, el EGC-Clan cuenta con una estructura criminal híbrida que combina actividades de narcotráfico, minería ilegal, extorsión, y control de rutas migratorias, entre otras. Además, su capacidad para corromper autoridades locales y su infiltración en la contratación pública lo convierten en un actor multifacético que va más allá de un grupo armado tradicional.

La influencia geográfica del EGC-Clan del Golfo también añade un nivel adicional de complejidad. Sus áreas de mayor expansión, como Chocó, el Magdalena Medio y la costa Atlántica, son territorios donde la gobernanza estatal es limitada y donde el EGC-Clan ha logrado consolidarse como una autoridad de facto. En estas regiones, su control sobre la economía ilegal, junto con su capacidad de ejercer violencia, representa un desafío directo para las instituciones del Estado.

El informe de la FIP enfatiza la necesidad de que el Gobierno defina una hoja de ruta clara, con hitos específicos y mecanismos de seguimiento para evitar que el proceso de diálogo se vea socavado por la falta de transparencia o la influencia de actores externos, incluidos aquellos que podrían intentar sabotear las negociaciones.

La influencia política y la narrativa del Clan

En términos políticos, el EGC-Clan del Golfo ha buscado construir una plataforma de legitimidad bajo la narrativa de ser una “resistencia civil en armas” a favor de las comunidades, similar a las estructuras paramilitares de antaño. Este cambio de discurso ha llevado al grupo a cambiar su nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), presentándose como defensores de las comunidades rurales y buscando ampliar su base social. Para lograrlo, han cooptado Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones locales, e incluso han llevado a cabo obras de infraestructura en zonas alejadas, como la construcción de viviendas y puestos de salud en Córdoba y Chocó.

Esta narrativa es parte de una estrategia más amplia para ganar legitimidad local y reforzar su influencia en los territorios donde opera. Sin embargo, el informe de la FIP advierte que no se debe caer en la trampa de tratar al EGC-Clan como un grupo paramilitar convencional, ya que sus métodos y objetivos son más amplios y diversificados.

El proceso de negociación con el EGC-Clan del Golfo representa una de las pruebas más difíciles para el Gobierno de Gustavo Petro en su ambiciosa agenda de Paz Total. Aunque existen ventajas iniciales, como la flexibilidad de la fase exploratoria y el interés de algunos actores internacionales en acompañar el proceso, los obstáculos son significativos. La fuerza militar y financiera del EGC-Clan, su estructura criminal diversificada y sus demandas de justicia transicional son factores que complicarán las negociaciones.

A medida que avanzan las conversaciones, el Gobierno deberá equilibrar sus compromisos con la comunidad internacional y sus estrategias de seguridad territorial, mientras enfrenta los desafíos de un grupo que ha demostrado ser resiliente y adaptable. En este delicado contexto, la posibilidad de contener el crimen organizado y reducir la violencia dependerá de si las partes logran encontrar un suelo común para avanzar hacia la desmovilización y el sometimiento del EGC-Clan del Golfo, sin comprometer la justicia ni la seguridad del país.

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