(ANÁLISIS) Navidad en duelo. 2025 cierra como el año más letal para la Fuerza Pública en una década

La Navidad de 2025 encuentra a Colombia en un estado de duelo silencioso pero profundo. Mientras buena parte del país intenta cerrar el año entre celebraciones y balances personales, casi 190 familias de militares y policías lo hacen en medio del dolor por la pérdida de un ser querido asesinado en cumplimiento del deber. La cifra, la más alta de la última década, no es solo un número frío, es un síntoma contundente del deterioro de la seguridad nacional y de una Fuerza Pública que llega al final del año golpeada, expuesta y, en muchos casos, desmoralizada.

El balance no surge de un episodio aislado ni de una escalada repentina, sino de una tendencia sostenida que se fue consolidando a lo largo del año. La violencia contra uniformados se intensificó en varias regiones, con ataques cada vez más audaces y prolongados, ejecutados por grupos armados ilegales que demostraron capacidad de planificación, movilidad y control territorial. La Navidad llega, así, como una pausa amarga en un conflicto que lejos está de cerrarse.

Una Navidad bajo fuego en regiones estratégicas

Los hechos registrados en la última semana del año condensan con crudeza el momento que atraviesa la seguridad del país. En Buenos Aires, Cauca, un grupo de apenas 17 policías resistió durante cerca de siete horas un ataque armado atribuido a disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. La confrontación, ocurrida a escasos kilómetros de Cali, dejó al descubierto no solo la vulnerabilidad de las estaciones rurales, sino la capacidad de los grupos ilegales para sostener acciones prolongadas sin una respuesta oportuna que lograra neutralizarlos de manera decisiva.

Casi de forma simultánea, en Aguachica, Cesar, un ataque atribuido al ELN cobró la vida de siete militares. El hecho se produjo en el contexto de un nuevo paro armado, una táctica conocida que combina violencia selectiva, intimidación a la población civil y desafíos directos a la autoridad del Estado. La coincidencia temporal de ambos ataques reforzó la percepción de que distintas estructuras armadas ilegales están actuando de manera coordinada o, al menos, aprovechando un mismo escenario de debilidad institucional.

Estos episodios no solo incrementaron el número de víctimas en uniforme. También enviaron un mensaje político y estratégico que revela que los grupos armados conservan la iniciativa en amplias zonas del territorio y se sienten en capacidad de desafiar abiertamente a la Fuerza Pública, incluso en momentos simbólicamente sensibles como las festividades de fin de año.

La cifra que resume un año crítico

Cerca de 190 militares y policías asesinados en un solo año constituye un umbral alarmante. No se trata únicamente de la magnitud del número, sino de su significado histórico. En la última década, Colombia había logrado reducir de manera sostenida las muertes de uniformados en combate o en ataques directos. El repunte registrado en 2025 rompe esa tendencia y obliga a revisar con seriedad las decisiones, omisiones y cambios estructurales que han impactado la política de seguridad.

Las víctimas se distribuyen en distintas regiones del país, con especial concentración en zonas donde convergen economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilícita y las rutas estratégicas de movilidad armada. Cauca, Antioquia, Cesar, Arauca y el sur de Bolívar aparecen de manera recurrente en los reportes, confirmando que el control territorial sigue siendo uno de los grandes pendientes del Estado colombiano.

Detrás de cada caso hay patrullajes rutinarios convertidos en emboscadas, retenes atacados, convoyes interceptados y estaciones sitiadas durante horas. El denominador común es la exposición de la Fuerza Pública en escenarios donde la inteligencia preventiva y la capacidad de reacción resultaron insuficientes.

Una Fuerza Pública debilitada y desmoralizada

Analistas en seguridad coinciden en que el escenario actual es el resultado de una acumulación de factores que se vienen gestando desde cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro, quien en desarrollo del fracasado plan de “Paz Total”, dio oxígeno a los grupos armados, los sentó en mesas de negociación que no dieron resultados y nombró a los delincuentes como “Gestores de Paz”, una figura que impidió a la fuerza pública capturar y atacar a los delincuente y narcoterroristas, mientras ellos se fortalecían.

Han sido años, en los que se profundizaron los ataques a la Fuerza Pública y la impunidad a los ilegales para un crítico 2025 con la alarmante cifra que hoy lamenta el país. Entre ellos se señalan el debilitamiento de las capacidades de inteligencia, la reducción del pie de fuerza en zonas rurales, las limitaciones logísticas y la incertidumbre operativa generada por cambios constantes en la orientación de la política de seguridad.

La desmoralización aparece como un elemento transversal. Muchos uniformados sienten que operan con restricciones crecientes, con escaso respaldo político y bajo una permanente presión administrativa y judicial. En este contexto, la iniciativa pasa con frecuencia a manos de los grupos ilegales, que aprovechan la cautela estatal para expandirse o consolidarse.

El caso de Buenos Aires, Cauca, se convirtió en un símbolo de esa fragilidad. La prolongada resistencia de un pequeño grupo de policías, sin refuerzos inmediatos y en medio de un ataque sostenido, fue interpretada por expertos como una señal de alerta sobre la capacidad real del Estado para proteger a sus propias fuerzas en territorios disputados.

Pero también queda en este 2025 el triste recuento de soldados y policías secuestrados en zonas de conflicto, donde también varios fueron asesinados ante la mirada impotente de todo un país. todo esto, según los analistas, forma parte del proceso de desmoralización y debilitamiento de la fuerza pública, como consecuencia de las políticas del presidente Gustavo Petro.

El cierre de año y el inicio de un ciclo electoral

El cierre de 2025 coincide, además, con el inicio de un año electoral, un factor que históricamente incide en la dinámica de la seguridad. Los grupos armados ilegales suelen intensificar sus acciones en estos periodos para ganar visibilidad, presionar agendas políticas y consolidar control territorial antes de eventuales cambios de gobierno o de políticas públicas.

La situación es particularmente delicada porque la seguridad del proceso electoral depende, en buena medida, de una Fuerza Pública fuerte, motivada y con capacidad de despliegue. El asesinato sistemático de uniformados no solo afecta la moral interna, sino que limita la posibilidad de garantizar condiciones mínimas de orden público en zonas donde la presencia armada ilegal es dominante.

En este contexto, la cifra de casi 190 uniformados asesinados se convierte en un indicador de riesgo para la democracia misma. Un Estado que no logra proteger a quienes portan el uniforme enfrenta enormes dificultades para proteger a los ciudadanos y asegurar el libre ejercicio de los derechos políticos.

Impacto en la seguridad nacional

Desde una perspectiva estratégica, el balance de 2025 plantea serios interrogantes sobre la seguridad nacional. La persistencia y expansión de grupos armados ilegales con capacidad de infligir pérdidas significativas a la Fuerza Pública debilita la disuasión estatal y afecta la percepción de autoridad. Cuando los ataques se producen cerca de centros urbanos o en corredores clave, el impacto trasciende lo local y se proyecta a nivel nacional.

Además, la violencia contra uniformados tiene un efecto multiplicador. Cada ataque exitoso refuerza la narrativa de fortaleza de los grupos ilegales, facilita su reclutamiento y erosiona la confianza de la población en la capacidad del Estado para garantizar seguridad. Este círculo vicioso resulta especialmente peligroso en regiones donde la institucionalidad ya es frágil.

El reto que deja la Navidad de 2025

La Navidad marcada por el duelo no es solo una imagen simbólica. Es el reflejo de un país que cierra el año con una deuda profunda hacia quienes arriesgan su vida por la seguridad colectiva. El desafío que deja 2025 no se limita a reforzar operativos o aumentar cifras presupuestales. Exige una revisión integral de la política de seguridad, del papel de la inteligencia, de la moral de la tropa y de la coherencia entre discurso político y acción estatal.

El inicio del nuevo año encontrará a Colombia en una encrucijada. Persistir en una tendencia de debilitamiento institucional puede traducirse en un escenario aún más complejo en 2026. Revertirla requerirá decisiones claras, respaldo efectivo a la Fuerza Pública y una estrategia que recupere la iniciativa del Estado en los territorios.

Mientras tanto, para las familias de los casi 190 uniformados asesinados, la Navidad de 2025 quedará grabada como un recordatorio doloroso de un sacrificio que el país no puede permitirse normalizar.

Paz en sus tumbas.