(ANÁLISIS) «Las Cuchas No Tenían Razón». Hallazgos en la Escombrera desmontan la narrativa sobre la Operación Orión

Un hallazgo que cambia el relato ideológico promovido desde Medellín por el Quinterismo y recogido a nivel nacional por el presidente Gustavo Petro y sus bodegas. Y es que las recientes identificaciones de restos óseos encontrados hace unas semanas en la Escombrera, han sacudido el discurso predominante sobre la violencia en la Comuna 13 de la capital de Antioquia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó luego del trabajo de Medicina Legal, que la identidad de dos víctimas corresponden a asesinatos que ocurrieron meses antes de la Operación Orión en uno de los casos y días antes de la misma en el otro; lo que desmonta la teoría de que todas las desapariciones en la zona fueron consecuencia exclusiva de dicha intervención militar, como lo vienen tratando de imponer en las narrativas de los murales de «Las cuchas tienen razón» atribuyendo las desapariciones al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Estos hallazgos representan un giro en la interpretación de los hechos, pues demuestran que la violencia en la Comuna 13 no inició con Orión ni los desaparecidos son de ese episodio, sino que era parte de una estrategia sistemáticatica de terror impuesta por grupos armados ilegales antes, durante y después de la operación militar. «La verdad histórica no puede ser manipulada con fines políticos ideológicos» lo afirmaba hace unos días el concejal de Medellín Andrés Rodríguez, y los nuevos datos refuerzan la necesidad de analizar los acontecimientos con mayor profundidad y sin sesgos.

Las ví­ctimas son una líder social y un trabajador informal

Los dos primeros restos identificados corresponden a una mujer que al momento de ser asesinada tenía 20 años y a un hombre con discapacidad, según detalló en un informe oficial la JEP.

La primera víctima era una joven líder social que coordinaba un grupo juvenil deportivo en San Cristóbal. El 30 de julio de 2002, en pleno gobierno de Andrés Pastrana, y fue citada a una reunión con paramilitares del Bloque Cacique Nutibara que hacían presencia en San Cristóbal. Desde allí­, la trasladaron viva hasta la Comuna 13, donde se le permitió comunicarse con su familia un día después de ser citada y al parecer, justo antes de ser asesinada y enterrada en la Escombrera. Este crimen ocurrió tres meses antes de que Álvaro Uribe Vélez asumiera la Presidencia de la República y por supuesto, de la Operación Orión.

El segundo caso es el de un hombre con discapacidad que trabajaba como vendedor ambulante para contribuir al sustento de su hogar. Fue asesinado el 13 de octubre de 2002, unos cuantos dí­as antes de que se llevara a cabo la Operación Orión. Su cuerpo fue trasladado desde el barrio Belencito hasta la Escombrera, donde permaneció oculto hasta ahora. No se han revelado más detalles sobre las circunstancias exactas de su muerte, pero las autoridades presumen que su muerte se debió a las advertencias de limpieza a quienes distribuían droga sin permiso de los combos que apoyaban el paramilitarismo en la zona para la época de los hechos..

Estos casos confirman que las desapariciones forzadas en la Comuna 13 no pueden atribuirse exclusivamente a la Operación Orión y al expresidente Álvaro Uribe, como lo tratan de manejar políticamente desde la retórica, los grupos quinteristas-petristas en la ciudad. Por el contrario, hasta el momento, las evidencias, según la JEP señala que los grupos paramilitares ya ejercían un control violento en la zona antes de la intervención estatal.

La Escombrera ¿la fosa más grande de América Latina?

Ubicada en la Comuna 13 de Medellín, la Escombrera desde un inicio fue considerada desde la retórica, como una de las fosas comunes más grandes de América Latina. Así se titulaba en los medios de comunicación cuando hace ya 15 años, se daba la noticia de que allí reposarían mas de 300 víctimas de desaparición forzosas. La retórica de atribuir a la Operación Orión y al gobierno de Uribe en la presidencia y Luis Pérez en la Alcaldía de Medellín, habría sido una maniobra que intentaba desviar y ocultar las verdaderas razones de lo que allí ocurría, como lo fue el conflicto armado mas letal que haya vivido la ciudad, posterior a Pablo Escobar y cuyos protagonistas fueron los grupos urbanos del ELN, las FARC y los Paramilitares que a través de combos, se disputaban la Comuna 13 como un corredor para el ingreso de dinero y armas y de tránsito para las drogas ilícitas.

Las primeras denuncias sobre esta fosa clandestina surgieron a mediados de la década del 2000, cuando familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos señalaron que paramilitares y otros actores armados usaban la zona para ocultar cuerpos. Los familiares de las víctimas, crearon ONGs para buscar a sus seres queridos y encontrar no solo los cuerpos sino la verdad. Estas organizaciones han sido instrumentalizadlas políticamente por sectores afines a la izquierda que buscan confundir y ocultar la verdad.

Posteriormente, tras la firma de los acuerdos de Paz del gobierno de Juan Manuel Santos, y la creación de la Jurisdicción Especial para La Paz, los mismos protagonistas del conflicto de la comuna 13, es decir las FARC ya desmovilizadas, solicitaron que los casos de la Escombrera llegara a esta Jurisdicción. Fue así como La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) han liderado esfuerzos recientes para recuperar e identificar restos, pues ya en los últimos 15 años se habían emprendido excavaciones que solo habían encontrado restos de animales y ningún cuerpo. Aunque la labor reciente ha sido lenta y difícil debido a la acumulación de toneladas de escombros y residuos de construcción que por décadas se han depositado en este lugar.

Desde 2015, se han realizado varias excavaciones sin éxito en la búsqueda de desaparecidos, por eso los restos óseos encontrados hace unas semanas fueron motivo de sorpresa y suspicacias de quienes inclusive, tejieron la teoría de que los restos habían sido depositados allí recientemente para poder argumentar el hallazgo. Ante esto, rápidamente se hicieron las claridades y se explicó que por primera vez se había excavado a más de 15 metros dando con el resultado de estos dos restos, que también se ha señalado, no es la totalidad de los restos de los cuerpos. Sin embargo, la identificación de estos dos primeros cuerpos representa un avance significativo en la confirmación de que la Escombrera sí fue utilizada para enterrar víctimas del conflicto, como también para desmentir la retórica ideológica de que los mismos fueron producto de la Operación Orión por órdenes de Álvaro Uribe Vélez

Desmontando la narrativa sobre la Operación Orión

Desde hace años, ciertos sectores políticos y organizaciones ideológicamente comprometidas con sectores izquierda, han utilizado la Operación Orión como símbolo de lo que denominan «Crímenes de Estado», responsabilizando al gobierno de Álvaro Uribe Vélez de las desapariciones forzadas en la Comuna 13. Sin embargo, la evidencia reciente contradice esa versión al demostrar que los asesinatos y desapariciones ocurrieron antes de la llegada de Uribe al poder y antes de la intervención militar en la zona.

La Operación Orión, realizada entre el 16 y el 17 de octubre de 2002, fue un operativo conjunto entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el CTI; con el objetivo de recuperar la Comuna 13 del control de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, y los paramilitares que accionaban delincuencialmente en Medellín. Si bien su ejecución ha sido objeto de críticas por denuncias de violaciones a los derechos humanos, no se puede ignorar que la violencia en la zona existía mucho antes y era ejercida por distintos actores armados, entre ellos los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, que habían convertido a este sector del centro-occidente de la ciudad en un verdadero campo de guerra.

Los hallazgos recientes obligan a replantear la historia contada hasta ahora. La presencia paramilitar en la Comuna 13 no fue consecuencia de Orión, sino que ya estaba consolidada años antes de la operación. La estrategia de terror impuesta por los grupos ilegales incluyó asesinatos selectivos, desapariciones y el uso de la Escombrera como sitio de entierro clandestino.

La verdad sin sesgos

El reconocimiento de la violencia en la Comuna 13 no puede ser selectivo ni manipulado con fines políticos, al menos así ha sido el reclamo el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez de múltiples habitantes de la zona que se concentran en las víctimas no el la ideología política, precisamente por respeto a las propias víctimas y sus familias. La búsqueda de la verdad debe ser integral, incluyendo la responsabilidad de todos los actores involucrados: guerrillas, paramilitares y agentes estatales.

Si bien es legítimo investigar posibles violaciones de derechos humanos durante la Operación Orión, lo que podría en algún momento corroborar posibles excesos denunciados, también es fundamental reconocer que las desapariciones forzadas en la Escombrera ocurrieron antes y después de ese operativo. El testimonio de familiares y sobrevivientes, junto con las pruebas forenses, demuestra que la barbarie en la zona no fue exclusiva de un solo bando y que no se trata de «Crímenes de Estado» ni la responsabilidad es de Álvaro Uribe Vélez como los afirman los ideólogos quintero-petristas en sus murales de «Las Cuchas tienen razón», paralizando la verdad.

Estos primeros hallazgos son solo el comienzo de una investigación que podría cambiar la comprensión de lo sucedido en la Comuna 13. A medida que avancen las excavaciones, se espera que más cuerpos sean encontrados e identificados, lo que permitirá esclarecer la magnitud real de la violencia en la zona y desmontar mitos que han sido utilizados con fines políticos.

Algunos críticos de la JEP insisten en enfatizar que si bien el informe reciente de la JEP con la identificación de estos primeros restos óseos de la Escombrera muestran que las narrativas han sido manipuladas desde la izquierda, ven también que la propia JEP pareciera estar paralizada al momento de dar a conocer sus informes, pues señalan que en este caso de las identificaciones, el informe insiste en la teoría de que los asesinatos durante el conflicto, tuvieron participación de miembros de la Fuerza Pública de manera generalizada, sin particularizar los casos ni mucho menos, habiendo llegado a conclusión de las investigaciones, por lo que aseveraciones de este tipo en los informes de la JEP, son vistos como de insistencia ideológica y manipulación.

La justicia y la verdad no pueden estar al servicio de narrativas sesgadas. La historia de la Comuna 13 es compleja, y solo a través de una mirada objetiva se podrá hacer justicia a todas las víctimas, sin distinción de quiénes fueron sus victimarios.

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