(Análisis) La trama revelada por los dispositivos de alias Calarcá es un golpe a la credibilidad del Estado y un desafío para el gobierno Petro

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol divulgó los resultados de un año de análisis técnico sobre los casi cien dispositivos electrónicos incautados al disidente alias Calarcá en julio de 2024. Este trabajo, sustentado en chats, correos, documentos internos y testimonios revisados por el canal, describe un entramado donde aparecen mencionados jefes de las disidencias de las FARC, altos mandos militares, funcionarios de inteligencia y conversaciones de alto impacto político.

El origen de esta trama parte del 23 de julio de 2024, cuando un retén del Ejército en Anorí, Antioquia, detuvo a Calarcá y a seis disidentes más. Aunque llevaban armas y dinero, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó su liberación inmediata alegando su condición de Gestores de Paz. Lo único que quedó bajo custodia estatal fueron los dispositivos electrónicos, que según la investigación contienen un volumen de información de extrema gravedad.

La investigación periodística que destapó una red de contactos sensibles

Para sorpresa de analistas y observadores del proceso, según revela la investigación periodística desarrollada a lo largo del un año, muestra que la Fiscalía no ha producido avances judiciales significativos pese a la naturaleza del material.

Los hallazgos divulgados por Noticias Caracol indican que los dispositivos incluyen evidencia de contactos entre las disidencias y dos figuras que, según el canal, aparecen recurrentemente en los documentos el general Juan Miguel Huertas, un cuestionado militar que fue destituido y retirado de la institución por no ser confiable, tras importantes informes hechos en su momento por agencias de los Estados Unidos y quien se anexó a la campaña presidencial de Petro Presidente, siendo reincorporado al Ejército donde, al parecer, sería uno de los infiltrados al servicio de la cadena Petro-Disidencias de las Farc

Por otro lado, en los documentos, también de manera reiterada, aparece un funcionario de inteligencia, Wilmer Mejía; un hombre cuya profesión es licenciado en Educación Física y del que los analistas se preguntan ¿Cómo pudo llegar a ser el poder detrás de la inteligencia policial y militar en el país. Se trata de un hombre sin mayor trayectoria en el sector de inteligencia, no ha sido policía ni militar y no obstante viene ocupando un alto cargo dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. En este cargo, Mejía, según señala el informe revelado, habría sido pieza fundamental para la purga de generales, coroneles y otros miembros de la Fuerza Pública, que han sido destituidos en el gobierno Petro. Este hombre, también sería otro de los infiltrados que cerrarían el círculo Petro-Disidencias a la luz de la Paz Total.

De acuerdo con la investigación, en febrero de 2024, el general Huertas, en su momento por fuera del Ejército, habría propuesto a emisarios de las disidencias la creación de una empresa de seguridad fachada destinada a servir de plataforma para la movilidad armada y legalizada de los guerrilleros, con vehículos blindados y permisos de porte facilitados por contactos institucionales. Según los archivos, Huertas ofrecía acompañar traslados para evitar requisas y aprovecharía sus altas conexiones con el presidente Petro.

Mejía, por su parte, es descrito por fuentes consultadas por el canal como un funcionario con incidencia real en ascensos y traslados dentro de la Fuerza Pública, y supuestamente habría servido como enlace entre estructuras ilegales y oficiales del Ejército. El informe sostiene que ambos habrían participado en reuniones en Venezuela para estructurar la empresa fachada, un modelo que recuerda, en palabras de las fuentes, antiguos esquemas de las Convivir, pero en un nivel más clandestino y sin validación institucional.

Los investigadores también documentan encuentros en Bogotá donde, además de Huertas y Mejía, habría participado el entonces director de Indumil, coronel en retiro Juan Carlos Mazo. En esos encuentros, según el análisis del canal, se discutieron presupuestos, adquisición de armamento y la tramitación de licencias para consolidar la estructura. El material recuperado menciona incluso reuniones donde se habría planteado un “pacto de no agresión” entre unidades militares y grupos disidentes en zonas estratégicas como Catatumbo y Antioquia. De acuerdo con el testigo citado por Noticias Caracol, oficiales del Ejército habrían entregado códigos de frecuencias radiales y canales de comunicación privados.

En el informe aparece igualmente, un ciudadano chino quien al parecer jugó un papel importante en el establecimiento de talleres de ensamblaje de armamento pesado con tecnología y quien se paseaba con total confianza y tranquilidad por el Catatumbo en Colombia y por Venezuela. La revisión técnica también encontró evidencia de filtraciones de información reservada provenientes de entidades como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y organismos de inteligencia, lo que habría permitido a las disidencias anticipar operativos y conocer decisiones institucionales, haciendo entrega a la disidencias, de canales de comunicación del Ejército y la Policía.

La investigación demostraría que en el marco de la Paz Total, los procesos de negociación y paz, se estarían articulando a través de estos dos hombres que se mueven dentro de las altas esferas del gobierno, manejando una agenda paralela. Los analistas consultados por IFMNOTICIAS no salen de la sorpresa al revisar una y otra vez el informe periodístico, del que señalan, es riguroso en la información que expone y contundente en las pruebas que muestra, dejando entender que la Fiscalía, que posee la totalidad, no ha cumplido con el deber constitucional. En ese sentido se preguntan a qué juega la fiscal Luz Adriana Camargo y si es que aquella frase presidencial de que él es el jefe de la Fiscal, ha hecho que Camargo no cumpla con su deber y se convierta en cómplice de la delincuencia del país por un aparente mandato presidencial.

Tras analizar el informe, se halla razón en la preocupación que tiene el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha venido expondiendo desde hace dos años, en el sentido de que «Petro les pagó a los peores criminales el apoyo y financiación de su campaña entregándoles la inteligencia del Estado y la lealtad de algunos altos oficiales de las FF.MM. Hoy queda claro que la “paz total” es un concierto para delinquir entre el gobierno Petro, la Fiscal General y los bandidos de FARC.». Al tiempo Redón señaló que «aparecieron las llaves del entramado criminal entre el gobierno de Petro, su fiscal general y alias Calarcá. Con razón la baja operatividad contra FARC en Antioquia. En lugar de combatirlos, han estado protegidos por unos desleales oficiales, facilitándoles su crecimiento y accionar criminal. Autoridades, la justicia de Colombia y el gobierno de Estados Unidos deben poner sus ojos en los responsables».

Las tensiones con el gobierno Petro, mensajes, amenazas y un clima político erosionado

Uno de los capítulos más delicados del material señalado por Noticias Caracol es la disputa entre alias Iván Mordisco y el presidente Gustavo Petro. Los chats encontrados en los dispositivos de Calarcá muestran a un Mordisco indignado con la ofensiva militar ordenada por el Gobierno desde marzo de 2024. Sus mensajes afirman tener pruebas de supuestos acuerdos con la campaña presidencial de Petro, mencionando que esos documentos habrían sido gestionados “a través de Francia Márquez”, según el contenido textual citado por el canal. El medio aclara que estos son mensajes hallados en los aparatos incautados, sin validación judicial.

La tensión escaló en medio de operaciones militares. Entre marzo de 2024 y noviembre de 2025 se habrían realizado trece bombardeos, once de ellos contra estructuras asociadas a Mordisco. El más reciente, el 18 de noviembre de 2025, dejó varios muertos, incluidos menores de edad según cifras reportadas por el propio medio. En respuesta, Mordisco amenazó con revelar información que, según él, “tumbaría” al mandatario. Petro respondió insistiendo en que la ofensiva continuará y que el objetivo es capturarlo vivo.

Este aparte de la investigación, refuerza las múltiples denuncias, señalamientos e indicios, sobre cómo fue que Gustavo Petro se hizo Presidente; es decir, la manera como con pactos en las cárceles como el «Pacto de la Picota», financiación ilegal proveniente de grupos narcoterroristas que allegaron dineros ilícitos a la campaña, la misma que viene siendo investigada por exceder los topes. Nuevamente, en este escenario, está la inoperancia aparentemente cómplice de la Fiscal Luz Adriana Camargo, quien con toda esta información no ha promovido investigación alguna y por el contrario, habría frenado cualquier iniciativa interna.

Las acusaciones divulgadas por Noticias Caracol condujeron al medio a contactar a los aludidos. La vicepresidente Francia Márquez negó cualquier vínculo con criminales y defendió la transparencia de la campaña presidencial. El general Huertas rechazó las acusaciones y calificó la investigación como un montaje. Mejía también negó haber tenido contacto con disidentes y rechazó cualquier participación en la estructura mencionada. Hasta el cierre del informe, la Presidencia no entregó declaración y la fiscal tampoco se había referido al tema.

La ausencia de respuestas oficiales amplía las dudas sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar este episodio. Políticamente, el informe llega en un momento en el que el Gobierno ya enfrenta tensiones internas y externas, y se suma a cuestionamientos crecientes sobre la estrategia de paz total, la gobernabilidad y la capacidad del Estado para controlar estructuras armadas.

El hecho que salgan a la luz las consideraciones de Iván Mordisco en el que señala que Petro hoy los señala de traquetos, pero que no eran traquetos cuando apoyaron su campaña; ha tenido interpretación clara en el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dijo que «Si las Farc son un grupo terrorista dedicado al Narcotráfico, que viene siendo un gobierno que los apoya? Qué viene siendo quien lidera ese gobierno apoyado por los terroristas en campaña?» mientras que señala que «A Colombia la gobierna una estructura criminal. Yo fui candidato a la Presidencia enfrentando a Petro. Fui testigo directo de las amenazas de las Farc a nuestra campaña y a quienes nos apoyaban. Asesinaron al lider indígena Jesús Montano en el Cauca por apoyarme. Obligaban a la gente a apoyar y votar por Petro y por Francia. Que se haga justicia. La Farc-Política sí exige. Debe ser desmantelada».

Para los analistas, de confirmarse lo dicho por Iván Mordisco en contra del Presidente Gustavo Petro, le daría un argumento adicional al gobierno de los Estados Unidos en cabeza del presidente Donald Trump, para mantener en la lista de la OFAC a Gustavo Petro, pues el hecho de recibir dinero para la campaña de parte de un grupo dedicado al narcotráfico, lo hace beneficiario y cómplice.

Si bien el contenido del material incautado aún no ha sido objeto de una investigación formal, el mero hecho de que existan comunicaciones atribuidas a jefes disidentes mencionando supuestos apoyos electorales o reclamando compromisos políticos crea un entorno de enorme complejidad para el Gobierno Petro. Esto no implica que tales afirmaciones sean ciertas, pero su existencia en los dispositivos analizados sí exige verificaciones independientes y respuestas institucionales rápidas. Lo que agrava aun mas la situación, es que en el informe hay testimonios de disidentes que reafirman lo descubierto por los investigadores del canal.

Implicaciones jurídicas y el impacto en la gobernabilidad, las fuerzas armadas y la confianza pública

El material revelado plantea desafíos jurídicos de primer orden. De confirmarse como auténticos los documentos y comunicaciones citados, el país enfrentaría posibles delitos como concierto para delinquir, favorecimiento, colaboración con grupos armados ilegales, traición a la Patria, filtración de información reservada, abuso de autoridad y presunta corrupción en entidades estratégicas. Cada uno de estos posibles delitos requeriría investigación por parte de la Fiscalía, que actualmente custodia la evidencia pero no ha anunciado actuaciones concretas.

La situación compromete directamente la credibilidad de la inteligencia estatal. Si realmente se entregaron códigos de comunicación, documentos internos y detalles operativos a grupos armados ilegales, esto representaría un deterioro grave de la contrainteligencia nacional. Para el Ejército, la mención de altos oficiales genera un daño institucional que requiere respuestas inmediatas, auditorías internas y una revisión profunda de los protocolos de seguridad. Para algunos analistas, por prevención, el general Huertas, debería ser suspendido de su cargo hasta que se puedan adelantar las investigaciones sin que pueda intervenir en el desarrollo de las mismas. En el mismo sentido, se habla de Mejía, quien debería no tener acceso, temporal, a la inteligencia del país, mientras se verifica su participación en los hechos narrados y se contrasta con los documentos encontrados en los dispositivos de Calarcá.

En términos de gobernabilidad, la investigación periodística expone un flanco crítico para el Gobierno Petro. La sola posibilidad de que estructuras criminales afirmen haber tenido contacto con miembros de la campaña presidencial debilita la narrativa de autoridad moral y de lucha contra la corrupción que el Ejecutivo ha intentado consolidar. Aunque dichas afirmaciones no están verificadas judicialmente, su existencia obliga al Gobierno a demostrar transparencia absoluta y a activar mecanismos de control interno. Por la misma línea, queda la duda sobre si estos encuentros y las estrategias planteadas, contaban con la autorización presidencial, si el Presidente sabía o si él mismo lo ordenó; como lo ha afirmado la fiscal Camargo cuando expidió la orden de no capturar a los disidentes y dejarlos en libertad aun cuando estén en flagrancia.

A propósito de la Fiscalía, cuya actuación ha sido cuestionada por sectores políticos y de opinión, está bajo presión para demostrar independencia y rigor. La falta de avance en la judicialización del material incautado puede interpretarse como negligencia o como señal de tensiones políticas internas que afectan la administración de justicia. En este sentido, le queda a la Fiscal Camargo, demostrar si es o no la «fiscal de bolsillo» del mandatario, como bien lo ha afirmado en repetidas ocasiones, la precandidata presidencial y periodista, Vicky Dávila.

El componente internacional también es relevante. La percepción externa sobre la infiltración criminal en instituciones de seguridad puede afectar acuerdos de cooperación, asistencia técnica y credibilidad en escenarios multilaterales. Países socios pueden reevaluar niveles de ayuda militar o de inteligencia si no existe claridad institucional. Al tiempo, lo revelado puede conllevar a que la línea fuerte, emprendida por Trump y un amplio sector del gobierno norteamericano, en contra del narcotráfico; termine reafirmando los señalamientos contra Gustavo Petro y su gobierno, al realcionarlo con grupos narcotrafifantes, en este caso, las disidencias de Farc, con las que negocia y al no atacarlas, las fortalece; y por ende, fortalece el narcotráfico.

La amenaza de Mordisco respecto a supuestos documentos relacionados con la campaña presidencial, aun no verificada, agrega un componente de inestabilidad política. La gobernabilidad se ve afectada por un clima de sospecha y por la necesidad de que el Gobierno articule respuestas rápidas, institucionales y verificables.

La democracia, la seguridad y la institucionalidad enfrentan un examen profundo

La investigación de Noticias Caracol deja en evidencia una trama que, de confirmarse, tendría efectos devastadores para la seguridad nacional, la integridad de las instituciones y la estabilidad política. La existencia de contactos entre disidencias y figuras del Estado, la posibilidad de un “pacto de no agresión”, las amenazas políticas de un jefe guerrillero y la ausencia de avances judiciales ubican al país en un punto de inflexión.

El país exige claridad. La Fiscalía debe esclarecer la autenticidad del material, el Gobierno debe responder públicamente a las dudas, las fuerzas militares deben revisar sus procesos internos y la inteligencia debe recuperar la confianza perdida. La estabilidad democrática depende de respuestas institucionales firmes, verificables y alejadas de cualquier cálculo político.