(ANÁLISIS) La “Revolución” de Petro. Sus discursos: ¿Camino hacia el caos o estrategia política?

Desde su llegada a la Presidencia, Gustavo Petro ha mantenido un discurso repetitivo y constante en el que convoca a la “revolución” y a la “confrontación” en las calles, llamando a sus seguidores a tomarse las calles como una herramienta de presión para transformar el país. Este llamado no ha sido un gesto aislado ni producto del calor del momento, sino una estrategia sostenida que ha empleado en diversas ocasiones y contextos. Petro ha construido un relato que busca confrontar abiertamente a las élites, a los “ricos”, a la prensa y a cualquier actor que cuestione su proyecto político.

Petro no esconde su intención de extender la vigencia de su proyecto más allá del 2026, año en que finaliza su mandato constitucional. Si bien niega tener intenciones de reelegirse, sus acciones y discursos parecen indicar lo contrario. En varios de sus discursos ha dejado claro que el cambio que promueve es estructural y duradero.

En un evento realizado en Bogotá el 14 de noviembre de 2023, por ejemplo, Petro habló de la “necesidad de una revolución” para “acabar con las estructuras de poder que tienen secuestrado al país”. Asimismo, en repetidas ocasiones, ha pedido que el pueblo “tome las calles” para “defender las reformas” que impulsa, incluso cuando estas han sido rechazadas por el Congreso, como ha ocurrido con la reforma a la salud y la reforma laboral.

Esta retórica revolucionaria, sin embargo, está alimentada por una narrativa de confrontación constante. Petro ha presentado a las élites económicas y políticas como enemigos del pueblo, y no ha dudado en atacar a la prensa, acusándola de estar al servicio de esos poderes. Durante su discurso en Barranquilla el 7 de agosto de 2023, afirmó que “el problema de Colombia no es el pueblo, sino los que controlan los medios de comunicación y las instituciones, que son los mismos de siempre”, llamando directamente a enfrentar estos sectores en las calles.

La creación de comités regionales para una posible Asamblea Constituyente y su reunión en Bogotá son indicios claros de que Petro no planea dejar su proyecto a merced de los procesos institucionales convencionales. Si bien insiste en que no busca la reelección, la senadora Isabel Zuleta, figura cercana al Presidente, ya ha sido señalada como la encargada de tramitar una ley de reelección, lo que contradice las negativas de Petro en este tema.

A nivel de acciones, Petro ha debilitado sistemáticamente las instituciones que tradicionalmente han sido baluartes del orden democrático. Su relación con el Congreso es conflictiva, y ha atacado a la rama judicial, especialmente a la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, al considerarlas un obstáculo para sus reformas, así mismo desconoce las sentencias judiciales, no respeta a los magistrados, ataca al CNE y al Consejo de Estado y rompe el respeto a la independencia de poderes y la institucionalidad.

La Fuerza Pública también ha sido objeto de sus críticas y decisiones que, según sus detractores, buscan mermar su capacidad operativa. La reducción del papel de la Policía en el control del orden público y la permisividad con grupos al margen de la ley han sido vistas como señales de que Petro busca deslegitimar a estas instituciones para justificar su llamado a la confrontación.

Por otro lado, las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para las amenazas de violencia en nombre de la “revolución”. Petro ha alentado indirectamente la idea de que la lucha de clases está viva y que es necesaria una confrontación directa entre los “oprimidos” y los “opresores”. En ese sentido, el 15 de mayo de 2023, durante un evento en Medellín, Petro fue claro al señalar que “si el Congreso no aprueba las reformas del cambio, el pueblo tendrá que salir y tomar lo que le pertenece”. Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como un incentivo a la desobediencia civil, que se ha traducido en amenazas directas de grupos que hablan de “incendiar el país” y “destruir los símbolos de las élites”.

La senadora Paloma Valencia ya lo había advertido y a su opinión se han unido varios líderes de la oposición que ven que lo que busca Petro es una “guerra civil” y llevar al pueblo al escenario del que él proviene, que es el del combate, como cuando era guerrillero y empuñaba las armas en las montañas. En ese escenario, Petro le lleva ventaja a los colombianos de a pié y busca, debilitar a las fuerzas militares y de policía para no tener resistencia, cuando llegue el momento del enfrentamiento, o lo que él denomina, “la revolución popular” la “revolución del pueblo” o “la toma de las calles”

Petro ha revivido una retórica de lucha de clases que parecía agotada desde los años 60. Este discurso, anacrónico en su esencia, lo está utilizando para justificar sus reformas, muchas de las cuales han sido consideradas como viciadas o inconstitucionales. Al empujar estas iniciativas a sabiendas de que serán rechazadas, Petro parece estar buscando deliberadamente una ruptura institucional que le permita convocar a su “revolución” y forzar una confrontación.

De otro lado, Petro privilegia a los violentos, ha creado ceses de hostilidades, premia a los terroristas que tanto mal le han hecho al país, con carros blindados de la UNP, nombra a narcotraficantes y guerrilleros como voceros de paz para que cesen sus órdenes de captura y dejarlos libres, paga a los delincuentes y jóvenes de bandas y pandillas en las ciudades, anima al desorden estudiantil en las universidades y protege a los delincuentes que actúan con violencia y sevicia con la complacencia de la Fiscal General de la Nación, reconocida por su cercanía con Petro y quien parece haber hecho caso de que él es su jefe por ser el jefe del Estado.

Petro fortalece a las dudosas “guardias indígenas” y colectivos étnicos como arma de desestabilización, permitiendo que se tomen fincas, parques en las ciudades, protagonicen tomas a edificaciones estatales, sin que haya consecuencia alguna. En el mismo sentido, se apoya de sindicatos, tranza con los líderes de los maestros y de otros sectores para sembrar temor en las calles y mostrar un aparente “apoyo popular”, mientras encarece la gasolina para controlar el acceso al transporte, el ACPM para encarecer los alimentos, los peajes para evitar que los colombianos se puedan desplazar y se inventa todos los días impuestos y reformas tributarias, para avanzar en el control social y así financiar su revolución.

En resumen, Gustavo Petro está armando su propio ejército revolucionario que le ayude a mantenerse en el poder y no lo ha negado, por el contrario, insiste en sus discursos en la orientación precisa de lo que quiere y hay quienes se están organizando para actuar bajo las órdenes de quien, pareciera, ser hoy su comandante. Desde la campaña, fueron muchos los candidatos, movimientos cívicos, columnistas, influenciadores y periodistas; que advirtieron que Petro conduciría al país hacia una Venezuela. Muchos no creyeron, pero hoy reconocen que estos pasos se están dando y de manera apresurada. Total Petro, fue el maestro de Chávez y Maduro, lo decía el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando decía que le tenía más miedo a Petro que a Chávez, porque Petro era “más inteligente”.

“La pregunta es si los colombianos están entendiendo la magnitud de lo que está ocurriendo. Las marchas antipetristas, organizadas por sectores de la oposición, buscan alertar sobre lo que consideran una estrategia para desestabilizar el país y prolongar su permanencia en el poder, a través de la confrontación callejera y el caos. Es hora de reaccionar”, afirman muchos de los que se oponen a esta narrativa, argumentando que lo que Petro está haciendo no es un simple exabrupto político, sino una estrategia calculada para aferrarse al poder.

El tiempo dirá si este llamado a la revolución tendrá el impacto que Petro busca, pero lo cierto es que su discurso está polarizando al país y sembrando las semillas de una confrontación que podría tener graves consecuencias para la estabilidad democrática de Colombia. Los colombianos, como bien dicen quienes marchan en su contra, deben estar atentos y no subestimar el poder de las palabras y los actos del Presidente.

Ana María Mejía renuncia a la Secretaría Privada de la Gobernación de Antioquia; Lina Cuartas será su reemplazo